Cómo son las sospechosas maniobras fiscales en Guatemala para impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia

Uno es un estudiante universitario que tenía programado graduarse la próxima semana. Otro es un viejo profesor que durante toda su carrera ha defendido la autonomía de la única universidad pública del país. Otra es una joven ex candidata a diputada por el Movimiento Semilla, el ganador de las recientes elecciones presidenciales. Desde el 16 de noviembre todos están presos. El Ministerio Público de Guatemala los acusa de delitos contra el patrimonio supuestamente cometidos en la Universidad de San Carlos. Los fiscales también han vinculado al caso a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, y han pedido el retiro de las inmunidades de las que gozan como binomio ganador tras la segunda electoral de agosto pasado.

Este caso está relacionado con una larga protesta estudiantil por la elección fraudulenta de Walter Mazariegos, un aliado del oficialismo, como rector universitario. Miles de estudiantes protestaron durante meses y se tomaron varios recintos de la San Carlos tras la elección de Mazariegos en mayo de 2022, que ocurrió gracias a un fraude.

La lógica del caso que hoy abre el Ministerio Público (MP) es que 27 personas, entre ellas Arévalo y Herrera, apoyaron de alguna manera la toma universitaria y contribuyeron así al deterioro de los recintos. Por el momento, lo que algunos trolles y personas afines a la alianza política que gobierna el país han presentado como prueba son posteos en la red X en las que el presidente electo y otros muestran apoyo a las reivindicaciones de los estudiantes.

Este nuevo ataque del MP que dirige Consuelo Porras, una funcionaria calificada como antidemocrática y corrupta por los Estados Unidos, ocurre en el contexto político marcado por la transición de poder en el Ejecutivo guatemalteco, programada para el 14 de enero de 2024, cuando Arévalo tienen que jurar como presidente tras haber ganado la segunda vuelta electoral en agosto pasado. Desde aquel triunfo, la alianza oficialista, que incluye a Porras como una de sus principales ejecutoras, no ha parado en sus intentos de obstaculizar o detener el cambio de mando.

La comunidad internacional, liderada por el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha condenado las intentonas del MP en forma tajante. Tras conocerse los arrestos por el caso de la Universidad de San Carlos, Washington anunció que estudia el retiro de visados a 11 personas en Guatemala, cuyos nombres no especificó, las cuales se unirían a otras dos docenas de sancionados, entre ellos la misma Porras y los fiscales bajo su mando que han interferido con el proceso electoral.

La última oleada de sanciones estadounidenses ocurrió luego de que el MP de Porras, en alianza con un juez, presentara un caso exprés para abrir las urnas en todo el país alegando que el Movimiento Semilla había hecho fraude para ganar. En este caso, como en otros, las pruebas que los fiscales y sus aliados han hecho públicas u otras que se han filtrado parecen bastante débiles. Así ocurre con el caso de la apertura de urnas que llevó adelante la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, subalterna de Porras.

La fiscal tardó poco más de 13 minutos en hacer su petición al juez. Poco tiempo si se toma en cuenta la envergadura de lo pedido: revisar las bolsas en que los guatemaltecos depositaron sus votos en la primera ronda de la elección presidencial el 25 de junio pasado, y hacerlo en todo el país. No las actas electrónicas de conteo o los informes del tribunal electoral; no, abrir las urnas, una por una, como ocurría en tiempos de las dictaduras militares en Guatemala.

El argumento de la fiscal, de nombre Leonor Eugenia Morales Lazo, está basado en dos posibilidades, no en hechos o sospechas de algo que ya ocurrió, sino en algo que podría ocurrir en el futuro. Hay una posibilidad, argumenta la fiscal, de que el partido ganador de aquella jornada electoral, el opositor Movimiento Semilla, cometa un delito de apropiación indebida de fondos públicos si cobra el dinero que, por ley, el Estado debe darle por cada voto recibido.

Esa posibilidad se basa en otra posibilidad, según esta fiscal: que el Tribunal Supremo Electoral haya contado más votos para Semilla que los recibidos realmente por el partido ganador. Todo está basado en una escueta denuncia, no de un funcionario electoral, de un observador internacional, ni siquiera de algún empleado del oficialismo; todo parte del reclamo que hizo un columnista ultraconservador, quien dijo que su sospecha de que ocurran delitos en el futuro se basa, a su vez, en sospechas de fraude expresadas, entre otros, por quienes perdieron la elección ante Semilla y por personeros del mismo Ministerio Público (MP) para el que trabaja la fiscal Morales Lazo.

Un círculo perfecto: el MP habla de un posible fraude a favor de Semilla, un columnista afín pone una denuncia formal, una fiscal retoma esa denuncia para que se abran las urnas.

Más rápida fue la respuesta del juez a la petición de la fiscal. En un minuto y cuarenta segundos el juzgador dijo que sí, que lo dicho por la fiscal en menos de un cuarto de hora, y la denuncia del columnista -que no se leyó en la audiencia- le bastaban para ordenar abrir las urnas en toda Guatemala. El mismo juez que dio esta orden, de nombre Freddy Orellana, había ordenado, el 12 de julio pasado, suspender temporalmente a Semilla, que terminó ganando con amplitud en el balotaje que se realizó el 20 de agosto pasado.

El juez Orellana dio la orden de abrir las urnas minutos antes de las 11 de la mañana del 7 de septiembre de 2023. Su decisión de avalar lo pedido por la fiscal Morales Lazo incendió Guatemala. Poco menos de un mes después, el 2 de octubre, movimientos indígenas lideraron protestas masivas que llevaron a decenas de miles de personas a bloquear calles y cerrar ciudades, incluida la capital, para pedir respeto por los resultados electorales y permitir la transición pacífica de poder.

La fiscal Morales Lazo y su jefe, el abogado Rafael Curruchiche de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI), hicieron válida la orden del juez Orellana cinco días después, el 12 de septiembre, cuando dirigieron allanamientos en el recinto industrial utilizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para guardar las urnas en la Ciudad de Guatemala. Se llevaron todo, computadoras, memorias digitales, papelería y las urnas mismas. La imagen de los fiscales y policías cargando las urnas dio rápido la vuelta al mundo y generó una nueva ola de reclamos al Estado de Guatemala.

Desde Washington, el Departamento de Estado de Joe Biden envió un mensaje bastante claro. “Este comportamiento socava las instituciones democráticas guatemaltecas y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana… El pueblo de Guatemala ha hablado. Su voz debe ser respetada”, dijo el aparato diplomático estadounidense en referencia a los múltiples intentos del oficialismo guatemalteco y sus aliados, entre ellos el MP, por revertir los resultados electorales y dificultar la toma de posesión de Bernardo Arévalo, el presidente electo por el Movimiento Semilla, programada para el 14 de enero de 2024.

Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), también cuestionó a las autoridades guatemaltecas.

“Estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a los miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes”, dijo la OEA en un comunicado tras los allanamientos y el decomiso de urnas.

La ofensiva del MP contra el Movimiento Semilla y contra Bernardo Arévalo, el presidente electo, inició el mismo 25 de junio, cuando esta candidatura se coló, contra todos los pronósticos, en la segunda vuelta electoral. Desde entonces, la FECI que dirigen Rafael Curruchiche y su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, han abierto investigaciones penales al partido ganador, entre ellas una por supuestas falsificaciones de firmas durante la inscripción del movimiento político, la cual está basada en la denuncia de una sola persona. Curruchiche ha sido el rostro más visible de la persecución; hoy se añade el de la fiscal Leonor Morales Lazo, quien ya había sido denunciada en casos de persecución política.

Leonor Eugenia Morales Lazo fue asignada a la FECI tras la llegada de Rafael Curruchiche a esta fiscalía especial, en agosto de 2021. En su portafolio, Morales Lazo cuenta el caso abierto por FECI contra el exjefe fiscal Juan Francisco Sandoval, antecesor de Curruchiche y líder de varias investigaciones que pusieron en jaque a empresarios y políticos corruptos de Guatemala desde 2015. La fiscal Morales también tiene bajo su cargo casos abiertos contra Leily Indira Santizo Rodas, una abogada que trabajó como investigadora para la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ente supranacional que apoyó investigaciones de alta corrupción y crimen organizado hasta que fue expulsada del país en 2019.

FECI, bajo la dirección de Sandoval, se convirtió en un quebradero de cabeza para los últimos tres presidentes de Guatemala: llevó investigaciones por corrupción de Otto Pérez Molina (2012-2016), quien ahora está preso; investigó a Jimmy Morales (2016-2020) e inició investigaciones a Alejandro Giammattei, el actual mandatario, por sospechas de que recibió sobornos millonarios. Fue esta última investigación la que le costó que lo destituyeran, lo persiguieran y lo orillaran al exilio. En su lugar llegaron Curruchiche y sus subalternos, entre ellos Leonor Morales Lazo.

Desde que llegó, Curruchiche enterró las investigaciones al presidente Giammattei e inició decenas de procesos penales contra ex fiscales e investigadores como Sandoval y Leily Santizo.

En febrero de 2022, la FECI de Curruchiche solicitó una orden de captura contra Santizo. Después, el caso quedó a cargo de la fiscal Leonor Morales. En este caso, como en el reciente en que pidió abrir las urnas de toda Guatemala basada en la denuncia de un particular afín al oficialismo, la fiscal Morales también apeló a una querella particular para iniciar la persecución; en el caso contra Santizo era una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización de ultraderecha que ha acompañado la persecución penal contra ex operadores de justicia desde hace al menos tres años.

A Santizo la acusaron de obstrucción a la justicia y colusión por pedir que se unieran, en un solo tribunal, dos causas relacionadas con el capítulo guatemalteco del escándalo Odebrecht, que en el caso del país centroamericano implicó corrupción por 380 millones de quetzales (unos USD 48 millones) e involucraba a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, dos exfuncionarios y operadores políticos vinculados a la alianza política y empresarial que ha gobernado Guatemala desde hace dos décadas.

Todo ese proceso inició por una denuncia de la FCT, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, un hombre ligado a militares a quien la CICIG investigó por posible tráfico de metanfetaminas y cuya organización tiene vínculos con troles que maneja el Ministerio Público para acosar a periodistas, opositores políticos, ex jueces, ex fiscales e investigadores.

Leily Santizo fue arrestada en febrero de 2022 y su teléfono decomisado. La fiscal Morales Lazo fue una de las encargadas de procesar la información extraída de ese celular, la cual le sirvió para mantener activa la persecución penal a Santizo y para pedir, en octubre de aquel año, una nueva orden de arresto luego de que un juez le diera prisión domiciliar. Lo que Morales encontró en el celular de Santizo fueron, entre otras, comunicaciones con el ex fiscal Sandoval, a quien para entonces ella representaba como abogada particular.

Para justificar la nueva petición de arresto contra Santizo, Morales Lazo pidió, primero, que un juez diferente conociera el caso y, luego, una orden internacional de detención con fines de extradición a pesar de que los requisitos para ello no se cumplían.

Santizo y el ex fiscal Sandoval denunciaron a Morales Lazo en noviembre de 2022 por colusión, falsedad ideológica y revelación de secretos. Una de las mentiras que los perseguidos por Morales atribuyen a la agente de FECI es su alegato de que las comunicaciones entre ellos son ilegales porque han intercambiado información sobre procesos judiciales reservados, cuando en realidad se trata de intercambios entre un defendido y su apoderada.

Sandoval y Santizo, representados por la abogada Claudia González, también alegan que fue Morales Lazo quien rompió el secreto de sumario al revelar a partes ajenas a la causa las comunicaciones que extrajo del teléfono celular decomisado a Santizo.

En febrero de 2023, tras consultar a su secretaría general en Lyon, Francia, Interpol negó la petición de Morales Lazo de emitir una alerta roja internacional para los arrestos de Sandoval y Santizo. Para explicar su negativa, Interpol citó el artículo 3 de su norma, según la cual “está rigurosamente prohibida a la organización… toda actividad o intervención en asuntos de carácter político…”

La policía internacional también razonó que, a la hora de tomar su decisión en estos casos, había tenido a la vista una resolución en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) expresa “su preocupación por la falta de independencia de la justicia y el ejercicio de la abogacía, en particular, sobre el enjuiciamiento de jueces y fiscales que trabajan en expedientes políticos sobre corrupción y expedientes sobre economía o finanzas nacionales. Ese mismo comunicado describe circunstancias sobre posibles violaciones a los derechos humanos de la nombrada (Santizo), relativos al proceso penal que se le sigue”.

Al final, Sandoval ha tenido que permanecer exiliado. Las denuncias contra la fiscal Morales Lazo nunca prosperaron. Ella, de hecho, siguió creciendo en la FECI de Rafael Curruchiche, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, y llegó a ser la ejecutora de la intentona de este MP de cuestionar el triunfo del Movimiento Semilla y detener el ascenso de Bernardo Arévalo, el presidente electo el 20 de agosto pasado.

Tras obtener el segundo lugar en la primera vuelta electoral, el 25 de junio, Arévalo dijo a periodistas que procuraría el regreso a Guatemala de los operadores de justicia que debieron de salir por las persecuciones del MP que dirige Porras. A la fiscal general, el presidente electo le ha pedido que renuncie, como lo han hecho miles de guatemaltecos que salieron a las calles después de que el MP se llevó las urnas a solicitud de la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo.