Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), “en conocimiento de la persecución judicialización del presidente y la vicepresidente electos de Guatemala”, denunciaron que está en marcha un plan “reiterado y evidente” para “inhabilitar la manifestación soberana de los guatemaltecos ya expresada en elecciones libres”.
“Alertamos al respecto a los gobiernos democráticos de la región y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, obligada a actuar según los términos de la Carta Democrática Interamericana”; aseguran en el comunicado fechado este 18 de noviembre. Y agregan: “Se encuentra en evidente marcha “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático”.
“Renovamos nuestro respaldo a Bernardo Arévalo de León y a Karin Larisa Herrera A., mandatarios electos. Al Poder Judicial guatemalteco y a los demás poderes del Estado les hacemos presente que el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado democrático y constitucional de Derecho es un elemento esencial de la democracia y una garantía que no puede ser burlada a través de actos de fraude y manipulaciones de la ley”, concluyen.
El comunicado lleva la firma de Mario Abdo, de Paraguay; José María Aznar, de España; Nicolás Ardito Barletta, de Panamá; Felipe Calderón H., de México; Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla, de Costa Rica; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Iván Duque M, de Colombia; Federico Franco, de Paraguay; Vicente Fox, de México; Eduardo Frei, de Chile; Osvaldo Hurtado, de Ecuador, Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Mauricio Macri, de Argentina; Jamil Mahuad, de Ecuador; Carlos Mesa G., de Bolivia; Mireya Moscoso, de Panamá; Andrés Pastrana, de Colombia; Ernesto Pérez Balladares, de Panamá; Sebastián Piñera, de Chile; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Mariano Rajoy, de España; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Julio María Sanguinetti, de Uruguay; Luis Guillermo Solís, de Costa Rica; Álvaro Uribe V., de Colombia; Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay y el secretario general de IDEA, Asdrúbal Aguiar.
El pronunciamiento llega después de que el jueves pasado el Ministerio Público solicitara el retiro de inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, por un supuesto caso de daños al patrimonio.
De igual forma, las acusaciones de la Fiscalía también incluyen a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, quien también goza actualmente de inmunidad.
La Fiscalía indicó el jueves en rueda de prensa que el caso tiene como origen la toma a la fuerza en 2022 del campus de la universidad de San Carlos (la única estatal), por parte de docenas de estudiantes, en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores.
Según el Ministerio Público, el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
La Fiscalía mostró como supuestos indicios contra Arévalo de León capturas de pantalla de videos del ahora presidente electo en las instalaciones de la universidad, participando en eventos académicos, cuando el campus ya había sido liberado.
El Ministerio Público empezó el pasado 12 de julio una persecución en contra del partido de Arévalo de León, el Movimiento Semilla, después de que sorpresivamente obtuviera el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 25 de junio.
Desde entonces, el Ministerio Público ha allanado el Tribunal Supremo Electoral, ha decomisado cajas con votos y también ha buscado procesar a los magistrados de la entidad por un supuesto caso de fraude electoral.
En el mismo sentido, también ha intentado suspender jurídicamente al Movimiento Semilla y perseguido a algunos de sus miembros, incluida la excandidata a diputada Marcela Blanco, arrestada este jueves por el mismo caso de la universidad estatal, donde hay 27 órdenes de captura.
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