La “Dama del Narcotráfico” fue recibida por funcionarios del gobierno de Brasil: el escándalo que delata la infiltración del crimen en la política

Algunos graves acontecimientos ocurridos esta semana no sólo han levantado polémica, sino que han hecho saltar las alarmas sobre el riesgo de la creciente infiltración del crimen organizado en la política brasileña. El diario O Estado de São Paulo reveló en los últimos días que Luciane Barbosa Farias, más conocida como la “Dama del narcotráfico” y esposa de Clemilson dos Santos Farias, conocido como Tio Patinhas, el líder en el estado de Amazonas de una de las facciones criminales más poderosas del país, el Comando Vermelho (CV), asistió a dos reuniones en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil en marzo y mayo de este año.

La mujer es presidenta del “Instituto Libertad de Amazonas”, el ILA, fundado el año pasado y que afirma actuar como una ONG que defiende los derechos de los presos. Pero, según O Estado de São Paulo está financiada por el CV. Además de asistir a reuniones en el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Luciane Farias también intentó ampliar sus contactos con varios políticos del Congreso brasileño.

En concreto, se reunió con Rafael Velasco Brandani, titular de la Secretaría Nacional de Política Penitenciaria (Senappen), con Paula Cristina da Silva Godoy, Defensora Nacional de los Servicios Penitenciarios (Onasp) y con Sandro Abel Sousa Barradas, Director de Inteligencia de la Senappen. Pero, según CNN Brasil, también con la coordinadora del Pronasci, el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía, Tamires Sampaio, que es asesora especial del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Además “la Dama del narcotráfico” se fotografió con el precandidato a la alcaldía de San Pablo Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), apoyado por el PT, el Partido de los Trabajadores y con el diputado André Janones, del partido Avanti. Fue él que el año pasado supervisó la campaña presidencial de Lula en las redes sociales. Janones desestimó la polémica diciendo que “la Cámara de Diputados está abierta a las visitas, es la casa del pueblo”. Luciane Barbosa Farias había comentado la foto con Janones, escribiendo en sus redes sociales que “la fuerza de la ley debe vencer a la ley de la fuerza. La finalidad de la ley no es abolir ni restringir, sino preservar y ampliar la libertad”.

La “Dama del narcotráfico” fue condenada en segunda instancia a 10 años de prisión por los delitos de blanqueo de dinero, asociación para delinquir y organización criminal. Sin embargo, la mujer recurrió la sentencia y espera el juicio en libertad. Según la fiscalía, desempeñó un papel clave en la ocultación de las ganancias del narcotráfico de su marido. El hombre era considerado el “delincuente número uno” de la lista de personas buscadas por la policía de Amazonas hasta que fue detenido el pasado diciembre para cumplir una condena de 31 años por blanqueo de dinero, asociación para delinquir y organización criminal. Tio Patinhas es conocido por su “peligrosidad y crueldad”. En abril de 2019, un hombre fue encontrado muerto en Manaos con una inscripción en su cara: “Soy deudor de Tio Patinhas”. En la actualidad, el estado de Amazonas se ha convertido en la puerta de entrada de la cocaína procedente de Colombia y Perú, y se ha transformado en un centro de blanqueo de dinero a través de la minería de oro y el tráfico ilegal de madera.

Por eso ha despertado la indignación pública el hecho de que Luciane Barbosa Farias también fuera recibida por dos secretarios y dos directores del ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Entre ellos el Secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia Elias Vaz que, una vez que estalló el escándalo, asumió públicamente la responsabilidad de no haber verificado quién era la mujer antes de la reunión. Un intento, según el diario O Estado de São Paulo, de proteger al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino. Lula en un tuit expresó toda su solidaridad con el ministro Dino que, según el presidente de Brasil, “ha sido blanco de ataques absurdos y artificiosos. Él ya dijo y reiteró que nunca conoció a la esposa de un líder de una facción criminal. Ni siquiera hay una foto, pero llevan varios días insistiendo en esta absurda mentira”. Agregando también que “el Ministerio de Justicia ha coordinado acciones de enorme importancia para el país: la defensa de la democracia; la lucha contra los armamentos salvajes; combatir el crimen organizado, el narcotráfico y las milicias; y la protección del Amazonas. Estas acciones despiertan a muchos opositores, que no están satisfechos con la pérdida de dinero y espacio para sus actividades criminales. De aquí surgen las fake news, difundidas en una acción clara y coordinada”.

Sin embargo, según reveló O Estado de São Paulo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública acabó admitiendo haber dado curso a las peticiones de la ONG “Instituto Libertad de Amazonas” presidida por Luciane Barbosa Farias y que, según el diario brasileño, está financiada por el Comando Vermelho. Las peticiones de la ONG se referían a “informes de visitantes de la prisión embarazadas y que afirmaban haber tenido problemas físicos tras someterse al escáner para entrar en la cárcel”. Por precaución, el departamento técnico del Senappen solicitó “un parecer de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), que descartó el riesgo”, reza la nota oficial. “Sobre esta base, la solicitud fue rechazada”. El sitio de noticias O Antagonista también informó de que el Ministerio de Derechos Humanos admitió haber pagado los viajes de Luciane Barbosa Farias a Brasilia para asistir al IV Encuentro Nacional de Comités y Mecanismos para Prevenir y Combatir la Tortura, realizado el 6 y 7 de noviembre pasado.

La asociación de Luciane Barbosa Farias, “Instituto Libertad de Amazonas”, según O Estado de São Paulo, logró acceder al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública gracias a la abogada Janira Rocha, ex diputada estatal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Río de Janeiro. Se trata del mismo partido de Marielle Franco, asesinada en 2018 junto a su chófer a manos de milicianos que, según la prensa brasileña, también se habían infiltrado en el despacho de uno de los hijos del ex presidente Jair Bolsonaro. La abogada Janira Rocha, según O Estado de São Paulo, está vinculada al Comando Vermelho que supuestamente le pagó 23.654 reales, 4.850 dólares, pocos días antes de la reunión de la “Dama del narcotráfico” con el secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Elias Vaz. El diputado federal Amom Mandel, del partido Ciudadanía, anunció que está preparando una denuncia penal sobre el caso. “¿Qué tipo de inteligencia tiene el Ministerio? Si no están preparados dentro de su estructura, ¿cómo pueden combatir el crimen organizado en el resto del país?”, dijo en sus redes sociales.

En su editorial, O Estado de São Paulo escribió que “en este escenario, un hecho merece especial atención. Facciones criminales han actuado políticamente bajo el nombre de organizaciones civiles, supuestamente en defensa de causas sociales. Esto supone un grave riesgo para el régimen democrático. Las instituciones republicanas son atacadas por el poder de la criminalidad. No sólo con bombas y explosivos, sino con un arma aún más dañina: las facciones criminales utilizan engañosamente los instrumentos democráticos de representación y participación popular para imponer sus exigencias. No se puede tolerar una afrenta tan descarada a la paz y a la ciudadanía”.

El caso de Luciane Barbosa Farias llega en un momento muy crítico para la gestión de la seguridad en el gobierno de Lula, que se ha visto obligado a recurrir incluso al ejército para contrarrestar la emergencia en Río de Janeiro y Bahía. Sin embargo, no es el único. El 9 de noviembre, Fernanda, hija del dirigente de CV Fernandinho Beira Mar, recibió el “Premio Responsabilidad Social 2023″ en la Cámara Municipal de Dunque de Caxias, cerca de Río de Janeiro, donde es diputada por el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB). La mujer había sido condenada el pasado mes de abril, acusada de aprovechar las visitas a su padre para llevar sus mensajes a la facción. La condecoración fue concedida por la Asociación Grupo Para Todos (AGPT), que defiende la bandera de la diversidad sexual.

La infiltración del crimen organizado en la política no es nada nuevo. Ya el año pasado la revista brasileña Veja había revelado las declaraciones de un informante en una de las prisiones de San Pablo, según el cual el Primer Comando de la Capital, el PCC, había emitido una “salve” (orden) para que Fabiana Soler, del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, fuera elegida diputada federal por San Pablo. Según la revista, Fabiana, ex concejala municipal de Potim, una pequeña ciudad paulista, es la esposa de Evandro Andrade da Silva, condenado a 48 años de prisión por “robo, tenencia ilícita de armas, homicidio, receptación, tenencia privada y tráfico de drogas”. Además, el pasado mes de marzo, siempre la revista Veja reveló que un narcotraficante, Ramón Santiago Matos Nascimento, miembro de una red de tráfico de cocaína procedente de Bolivia, al que la policía incautó 30 millones de reales, unos 6,2 millones de dólares, había sido contratado en febrero como jefe de gabinete de un político de la Asamblea Legislativa del estado de Piauí. Preocupa mucho que esta connivencia entre el crimen organizado y el poder interfiera también en las elecciones municipales del próximo año, decisivas para la gestión política local y, por tanto, atractivas para un crimen organizado cada vez más “glocal”, es decir de dimensiones internacionales pero con un control territorial cada vez más estricto.

En este escenario, también ha creado alarma la noticia difundida en los últimos días de la existencia de un plan del PCC para secuestrar autoridades y matar guardias penitenciarios a cambio de la liberación de su líder Marco Herbas Camacho, más conocido como Marcola. Tanto es así que la Secretaría Nacional de Política Criminal emitió una alerta máxima para evitar lo peor, especialmente en Brasilia y en el estado de Mato Grosso do Sul. En abril pasado, la Operación Sequaz de la Policía Federal había revelado que el PCC planeaba el secuestro y asesinato de autoridades y funcionarios públicos, entre ellos el ex juez de la operación anticorrupción Lava Jato, ahora senador Sergio Moro, y el fiscal Lincoln Gakiya, que forma parte del Grupo de Acción Especial para la Represión del Crimen Organizado (Gaeco) en San Pablo.

La cuestión de la seguridad es muy sentida en estos momentos por la sociedad brasileña, que vive en primera persona los efectos de la expansión del crimen y su impunidad. El lunes, un vehículo blindado que transportaba dinero fue atacado, con armas y explosivos, a plena luz del día por un grupo de criminales en plena autopista Profesor Zeferino Vaz, en el estado de San Pablo. Los delincuentes dispararon y lanzaron explosivos a pesar de que había cientos de coches en la carretera. No es de extrañar, pues, que la seguridad pública sea el sector del gobierno peor valorado por la población. Una reciente encuesta del Instituto Atlas reveló que el 47% de los brasileños considera que su gestión es muy mala.

Sin embargo, a pesar de los últimos escándalos, el gobierno se niega a crear un Ministerio de Seguridad Pública separado del Ministerio de Justicia. Hoy están fusionados bajo la gestión de Flávio Dino. Según fuentes del PT, con un Ministerio de Seguridad Pública, Lula se vería obligado a asumir toda la responsabilidad de la crisis del sector y, por tanto, a rendir cuentas directamente durante los próximos tres años de su mandato.