Prisoners Defenders denunció que los juicios del 11J en Cuba fueron “una tragedia distópica con procesos penales falsos”

Prisoners Defenders dio a conocer este miércoles un extenso análisis en el que denunció las irregularidades jurídicas del 11J en Cuba. El informe se centró en la causa 9 del expediente 145/2021 de La Habana, que hace referencia a la condena de 17 personas, consideradas víctimas de conciencia por la ONG.

El 11 de julio de 2021 y los días posteriores se produjeron una serie de manifestaciones de carácter pacífico en todo Cuba, que comenzaron en el municipio de San Antonio de los Baños y se extendieron rápidamente a todo el país, recordó el escrito.

Y siguió: “Estas manifestaciones revistieron un marcado carácter prodemocrático, generando así un malestar en las autoridades del Gobierno de Cuba, por colisionar dichas pretensiones prodemocráticas con la forma de organización política unipartidista en dicho país. Así, la ilegítima, excesiva e ilegal reacción del Gobierno de Cuba a las manifestaciones se produjo ese mismo día, de mano del propio presidente Miguel Díaz-Canel. (...) Autobuses cargados de individuos convocados por el Gobierno reprimieron violentamente a los manifestantes prodemocráticos”.

A la disolución violenta e injustificada de las manifestaciones —recordó la organización—, se sucedieron el arresto y procesamiento de miles de manifestantes. Es aquí donde el estudio pone el foco en la causa 9 del Expediente de Fase Preparatoria 145 de 2021 del tribunal provincial de La Habana que juzgó, en primera fase, a 17 víctimas por su presunta participación en las manifestaciones del 12 de julio de 2021 en la Güinera, La Habana.

En diálogo con Infobae, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, subrayó que “el 11J en Cuba fue una tragedia distópica en la que miles de familias fueron reprimidas, y miles detenidas y procesadas con procesos penales falsarios”.

Y continuó: “Este hecho lo hemos demostrado sin lugar a la duda con el caso de la causa 9 del EFP 145 de 2021 de La Habana, un proceso en el que los abogados pidieron la condena y las penas. El juez y fiscal copiaron ambos los mismos textos. Los acusados fueron detenidos, interrogados, torturados y desaparecidos, permaneciendo en privación de libertad muchos meses sin tutela judicial alguna”.

Luego indicó que “todos los hechos narrados por la sentencia se basan en que gritaban consignas contrarrevolucionarias, cosa que sin recato el tribunal expone en la sentencia. Todos fueron sentenciados por sedición y condenados en primera instancia a penas entre los 26 y 16 años. Todos los peritos eran de parte del gobierno y todos los testigos eran cargos de la policía, el gobierno y el partido”.

Larrondo recordó que “se descalificó verbalmente a los acusados y su vida privada en la propia sentencia, al tiempo que reconocían que no tenían antecedentes penales”.

El presidente de la ONG puso el ejemplo de Luis Frómeta Compte, un ciudadano alemán que fue sentenciado sólo por filmar las protestas. “Fue condenado a 25 años de cárcel en primera instancia este ciudadano alemán que estaba de visita en Cuba, que vivía hacía 40 años en Alemania y que tiene a su familia allí, por tomar videos de las manifestaciones”, describió.

“Igualmente, un chico declarado por el gobierno como incapacitado, fue condenado a 23 años de prisión. Si hay un caso en Cuba que refleja el 11J y la barbarie, aparte de muchos otros, es la causa 9 del EFP 145 2021 de La Habana”, concluyó.

- Las autoridades fabricaron un relato y juzgaron con extrema virulencia penal la causa, imponiendo condenas en primera instancia que oscilaron entre los 26 y los 15 años de privación de libertad.

- A todos se les imputó el mismo delito de sedición, un delito que, tal y como está definido en la legislación cubana, es abstracto, insuficiente y violatorio de derecho.

- Todos los acusados sufren en cárceles de máxima seguridad mediante autos de privación de libertad dictados por la fiscalía sin tutela judicial alguna.

- Todos los testigos de la acusación eran miembros destacados del partido.

- El único perito de la causa fue un capitán de la Seguridad del Estado y no se permitieron peritos independientes en ninguno de los casos.

- Las “defensas”, abogados del estado, fueron parte de la acusación, solicitando prisión de numerosos años para sus “defendidos” antes de empezar la causa, actuando como fiscales.

- La mayoría de ellos y sus familias sufren torturas, malos tratos y persecución constante; y muchos se encuentran en situaciones de salud paupérrimas, sin atención médica, y en peligro de fallecer recluidos.

Tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y días posteriores, en todo el territorio de Cuba se produjeron una sucesión de miles de arrestos extremadamente violentos y procesamientos. Prisoners Defenders ha cifrado más de 5.000 arrestos, y entre 1.500 y 2.000 procesamientos penales.

“Tras las palabras del presidente del Gobierno de Cuba en las que textualmente se indicaba que ‘la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios’ frente los manifestantes, algunas personas afines al Gobierno y miles de militares armados pero vestidos de civil, así como numerosas fuerzas de la Seguridad del Estado, salieron a agredir violentamente a los manifestantes del 11J, sin que ninguna de estas personas haya sido procesada, lo cual señala una clara intencionalidad del Partido Comunista de Cuba y del Estado en la limitación de los derechos de manifestación y asociación sin causa legítima y justificada para ello”, remarcó el informe.

Por último, retrató que todos los arrestados en la presente causa “fueron detenidos en violación de la legislación internacional. A ninguno de ellos se les presentó una orden de detención, bien en el momento o instantes después, entendiendo por tal una orden por escrito que contuviera la razón por la que se procede contra su libertad”.