La OEA volvió a criticar los ataques contra el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo

(Washington, Estados Unidos) El Consejo Político de la Organización de Estados Americanos (OEA) suele aprobar la mayoría de sus resoluciones por consenso. Cuando un tema se lleva a votación es un claro indicio de polémica y la tensión se siente en el aire.

Eso fue lo que pasó este miércoles, cuando la OEA aprobó solo con el voto en contra de Guatemala una resolución que vuelve a pedir el respeto a la voluntad popular y a los resultados electorales en el país, ante las acciones del Ministerio Público y otros actores que a juicio de los países están poniendo en peligro la transición democrática.

Con la presencia en sala en Washington del canciller de Guatemala, Mario Búcaro, el gobierno saliente cuestionó la decisión y pidió la votación. El resultado fue contundente en contra de la postura del gobierno de Alejandro Giammattei: 20 votos a favor y uno en contra, el de Guatemala. Hubo ocho países que se abstuvieron y otros tres que estuvieron ausentes.

En un informe presentado previamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, volvió a cuestionar duramente las acciones del Ministerio Público, aunque elogió al gobierno de Giammattei por realizar un proceso de transición responsable con el gobierno electo de Bernardo Arévalo.

Almagro dijo que las acciones que lleva adelante el Ministerio Público han sido “inexplicablemente irresponsables” y señaló que la calidad democrática en Guatemala se deterioró fuertemente luego de que la Fiscalía resolviera incautar las urnas con los votos.

También realizó un informe el exministro de Defensa uruguayo, Luis Rosadilla, quien estuvo a cargo de la misión de mediación. Rosadilla reseñó las negociaciones que realizó durante los días de bloqueo y elogió la actitud del gobierno de Giammattei de estar abierto al diálogo.

Arriba de cada uno de los escritorios de los representantes permanentes de los países había una rosa roja, que fue dejada allí por la delegación de República Dominicana. “No solo decoran, sino que invitan a reflexionar sobre el precio de la democracia y el costo de la indiferencia. Los guatemaltecos no están solos”, dijo el embajador José Fiallo, responsable de esas rosas.

El canciller Búcaro se mostró molesto desde el inicio de su intervención. Señaló que es la séptima vez que el Consejo Permanente aborda el tema de su país y dijo que en todas las oportunidades su gobierno se expresó en defensa del estado de derecho, la separación de poderes y los principios de la carta democrática de la organización.

Las otras resoluciones que había adoptado la OEA habían salido por consenso, por más que Guatemala también había plantado reparos. La principal diferencia de este texto aprobado por la OEA es que ahora se hace un llamado a todas las instituciones, incluídas al Poder Ejecutivo, para que “detengan o eviten” los ataques al partido del presdente electo, Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla.

A Giammattei se lo ha criticado por no pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien lidera estos ataques a las autoridades electorales y el gobierno electo. También se lo critica por ni siquiera repudiar estas acciones.

En su discurso ante la OEA Búcaro fue a la carga contra el texto de la resolución que se discutía. Para el canciller, “el proyecto de resolución no es justo, objetivo ni balanceado”. Cuestionó sobre todo el título de la resolución: “Acontecimientos recientes que afectan el Estado de derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala”.

El gobierno asegura que la transición no está en riesgo y que Giammattei va a entregar el gobierno a Arévalo el 14 de enero. “El título no se encuentra en concordancia con la realidad”, dijo el canciller.

Búcaro dijo que todas las acciones que tuvo el gobierno al invitar a distintas misiones de la OEA, son una muestra de que este compromiso “no son solo palabras, sino hechos”.

Pero el canciller, sin hacerlo explícito, también hizo una defensa de las acciones del Ministerio Público, que al atender de la OEA está socavando la democracia del país. Búcaro dijo, sin nombrar a la Fiscalía, que las “instituciones” están cumpliendo los mandatos que tienen por la ley.

También cuestionó a la declaración de la OEA por no destacar que ante las protestas pacíficas, que duraron más de un mes y bloquearon rutas y caminos, el gobierno no haya reprimido. “Las voces del pueblo de Guatemala han sido escuchadas, no reprimidas a diferencia de otras naciones del mundo”, dijo Búcaro.

El canciller también señaló las pérdidas económicas por los cortes, que cuantificó en 357 millones de dólares. Ese comentario implicó una respuesta del embajador argentino Carlos Raimundi, quien le dijo que “es necesario hacer distinción entre las causas y los efectos” de las cosas. “Se señalaron consecuencias económicas, pero son precisamente resultados de causas que llevaron a la protesta. Nadie sale a protestar porque le hace gracia, sino por una necesidad de hacerlo”, dijo Raimundi.

La resolución aprobada por la OEA fue presentada por seis países (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, con el copatrocinio de Uruguay). Allí se expresó la “grave preocupación” por la judicialización excesiva del proceso electoral y se solicita detener los actos de intimidación contra autoridades electorales y representantes del partido ganador.

El texto habla de “disputas partidistas, excesiva judicialización del proceso electoral y litigios en curso que impactan negativamente la transición presidencial en Guatemala”. Agrega que también generan preocupación de la OEA “los continuos actos del Ministerio Público para intimidar a las autoridades electorales, incluso mediante allanamientos en oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e intentos de retirar la inmunidad a funcionarios del TSE; así como denuncias de intimidación contra miembros del Movimiento Semilla y sus familiares”.

El texto señala que estas acciones posteriores a las elecciones, que incluyen redadas a oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el intento de retirar inmunidad a sus funcionarios, “socavan el proceso democrático y los compromisos de Guatemala bajo la Carta Democrática Interamericana”.

La resolución hace un llamado a todas las instituciones guatemaltecas, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al Ministerio Público, a respetar la conclusión del proceso electoral tal como fue decretado por el TSE el 31 de octubre al oficializar los resultados, los cuales declaró “inalterables”.