La dictadura cubana tiene a 1.062 personas tras las rejas por razones políticas: “El régimen sigue encarcelando inocentes”

En su más reciente informe, correspondiente a octubre, Prisoners Defenders indicó que hay 16 nuevos presos políticos en Cuba, lo que hace un total de 1.062.

”El régimen, a pesar de estar en estos momentos pasando el Examen Periódico Universal, sigue encarcelando inocentes. Son 16 los nuevos prisioneros políticos en octubre para aumentar la cifra total a 1.062, entre los cuales hay 118 mujeres, dos mujeres trans, 34 menores de edad, 17 de ellos acusados de sedición; y un total de 224 procesados por sedición”, detalló a Infobae el presidente de la ONG, Javier Larrondo.

Luego hizo un pedido a los Estados miembros de la ONU para que sigan de cerca el caso cubano y se refirió a la inminente visita a la isla de Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos.

“Hacemos un llamado de atención a los representantes de las delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que reflejen la realidad de Cuba en sus apreciaciones, al igual que llamamos a Eamon Gilmore para que en su visita a Cuba se reúna públicamente con la sociedad civil y no a escondidas, lo cual provoca la represión del régimen y nula protección, como ha ocurrido en el caso de la intelectual socialista cubana Alina López”, completó.

Justamente, en su más reciente informe, Prisoners Defenders hizo hincapié en el caso de Alina Bárbara López Hernández, quien “será enjuiciada de forma sumaria y arbitraria”, denunció.

López Hernández —recoge el escrito— es una intelectual excepcional que hace gala de la misma asertividad y precisión en su defensa que de valentía. “Su juicio sumario estaba previsto para el 16 de noviembre. La mala coordinación de los jueces hizo que establecieran dicha fecha, pero el régimen ha llamado a consultas al tribunal, por esto de seguir escondiendo su verdadera personalidad ante las Naciones Unidas, como si de un caso se tratara; y ha pospuesto la vista oral y sumaria para el 28 de noviembre de 2023 a las 9:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Matanzas”, resaltó.

Luego recordó que el pasado 25 de mayo la doctora participó en La Habana en “un intercambio” privado con Josep Borrell, el Alto Representante para Política Exterior de la Unión Europea, quien, “siguiendo las órdenes, que así hay que denominar a las imposiciones ilegales del gobierno cubano, no se reunió de forma pública con ningún ciudadano crítico de la sociedad civil, y mantuvo reuniones a hurtadillas de la opinión pública”, narró la organización.

Y siguió: “El resultado fue el caso judicial de la doctora, pues esto provocó que la Seguridad del Estado tuviera, por un lado, constancia de la ‘peligrosidad política’ de la doctora al tener vía directa con el Alto Representante, pero por otro evidenció una tímida apuesta de éste para avalar de forma pública la situación de persecución que ella, o quienquiera, sufre en Cuba. De este modo, y por el carácter privado de aquella reunión, disminuyó la percepción de su protección por parte del régimen y comenzó una persecución feroz contra la doctora”.

“Tras la responsabilidad indirecta del señor Borrell, ineludible en este caso de represión, sería vital que la visita de Eamon Gilmore a Cuba en estas semanas no adolezca del mismo error, pues podría causar efectos contrarios a los deseados si, en vez de mantener audiencias públicas, se vuelven a realizar a escondidas denotando poco o nulo apoyo por las personas con las que se reúnen. La sociedad civil necesita reuniones y apoyo público para su protección, no permitir un comunicado diciendo que ‘hubo reuniones’”, añadió el escrito.

La ONG destacó que el caso de la doctora ha sido defendido por innumerables organizaciones de derechos humanos, y consignó: “Prisoners Defenders se unió a su defensa de la única manera que sabemos, con un dictamen jurídico y una denuncia penal formal, ya en curso y bien acogida, que pone de relieve el esperpento de un sistema procesal en el que se cumplen a rajatabla, y para todos los casos, y por Ley, al menos las siguientes violaciones estructurales al sistema procesal internacional”. Allí enumeró:

- Ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad: policías y fiscales imponen medidas cautelares de prisión durante tiempo indefinido sin presencia ni participación de tribunales.

- Inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba pues los abogados dependen orgánica, jerárquica y económicamente del Ministerio de Justicia y actúan como fiscales “blandos”.

- Dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político.

- Los “testigos” son siempre acusadores funcionarios del partido comunista y las pruebas periciales están permitidas sólo al Ministerio del Interior.

- Se criminalizan un abanico interminable de derechos fundamentales: libertad de expresión, manifestación o asociación, salida o entrada del país, la privacidad y otros muchos.

- Los tipos delictivos del Código Penal empleados, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la fabricación criminal sin límites: Desórdenes Públicos, Desobediencia, Desacato, Atentado, Resistencia, Sedición, Instigación a Delinquir o Propagación de Epidemia, entre otros.

- Se emplean procedimientos penales militares contra civiles (más de 100 el 11J) o procesos sumarios (cientos el 11J), pero también ordinarios, altamente violatorios de derechos con ausencia de defensa efectiva, derecho a la contradicción, igualdad de armas, privación de la documental a los acusados y, en los procesos sumarios, sentencias verbales de las que no queda constancia documental.

Con cierre de datos al 31 de octubre, “la lista de presos políticos en Cuba contiene un total de 1.062 (...) sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva. Sólo en los últimos seis meses hemos confirmado y añadido a nuestra lista 96 nuevos prisioneros políticos, 16 nuevos cada mes”, describió la ONG.

De los 1.062 prisioneros políticos:

- Los menores que siguen estando en la lista de prisioneros políticos son 30 niños y cuatro niñas, en total 34 menores, los que aún cumplen sentencia (28 de ellos) o están siendo procesados penalmente (seis de ellos). En un informe a Naciones Unidas, el régimen recientemente reconoció la veracidad de estas cifras. Hay que tener en cuenta que la elevada cifra actual, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas. Buena parte de los menores se encuentran en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, si no del Ministerio de Interior. En estos centros penitenciarios, con celdas, se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según ha podido confirmar la propia Naciones Unidas.

- 17 de los menores mencionados están siendo procesados o han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de cinco años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.

- De la lista actual, 224 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 209 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.

- La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 118 (incluyendo varias de género trans) las que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia.

- Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.