Crece la preocupación en Chile por la ola de secuestros: temen el efecto imitación

(Desde Santiago, Chile) Diez millones de pesos (casi 11 mil dólares). Eso pagó para lograr su liberación la familia de un chileno de 28 años, secuestrado la noche del viernes 10 de noviembre en Iquique (a 1750 kms al norte de Santiago Chile), a la salida de un club nocturno.

“Una vez efectuado el pago, la víctima fue liberada y llegó por sus medios, lesionada, a su casa”, declaró un día después el fiscal Milton Torres.

El persecutor dio cuenta que “gracias a las diligencias realizadas por Carabineros del OS-9, en un trabajo de toda la noche, se logró finalmente determinar el lugar donde estaba el vehículo en el que se trasladaban estos individuos, logrando la entrada, registro y detención en los inmuebles donde se ubicaban los imputados, siendo finalmente detenidos los cuatro”.

Los delincuentes, de nacionalidad venezolana, quedaron en prisión preventiva, pero grande sería la sorpresa de los efectivos policiales al comprobar que la víctima, quién había sido llevado al hospital regional para constatar lesiones, mantenía una orden de arresto vigente por lesiones graves.

Por supuesto, el “joven” también quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Alto Hospicio.

Solo 24 horas después y también en la ciudad de Iquique, tres chilenos y una ciudadana paraguaya secuestraron a un chico boliviano de 18 años. En este caso, la víctima fue rescatada por detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI en el sector de caleta Los Verdes, al sur de Iquique.

Ambos hechos se sumaron al más mediático de todos, el secuestro en Rancagua del empresario metalúrgico Rudy Basualdo, el miércoles 8 de noviembre. Luego de casi dos días desaparecido y tras intensas negociaciones y el pago de un rescate de 40 millones de pesos (poco más de 43 mil dólares), lograron su liberación sano y salvo.

Poco después, y gracias al GPS del celular de la víctima, agentes de la policía atraparon a los tres criminales - dos venezolanos y un colombiano -, en una cinematográfica persecución automovilística grabada en video y ampliamente difundida en todos los medios de comunicación.

Ya con Basualdo a salvo, la ministra Tohá realizó un punto de prensa donde confirmó que “se pagó un rescate, fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos, porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada. Aunque haya elementos que permitirían actuar de otra manera, siempre se prefiere un mecanismo que asegure las mejores condiciones para rescatar sana y salva a la persona afectada”.

Esta declaración desató las críticas de la oposición y expertos en la material, como el exsubsecretario de Interior Felipe Harboe (PPD), quien expresó que “revelar datos de investigación o pagos constituye una opinión inadecuada que facilita efecto imitación. Se requiere inteligencia, sigilo, decisión y capacidades”.

Michel De L’Herbe, experto en gestión de emergencias, analizó la comunicación de Tohá afirmando que su “declaración partió muy bien: no podemos entregar detalles de las negociaciones. Pero terminó muy mal: se confirmó el pago y filtraron monto”.

“Salvo que eso haya sido parte de lo negociado, es información que puede tener impacto futuro cercano”, sostuvo y por ello recomendó que, ante estos casos, se realicen “comunicados leídos”.

Miguel Ángel Castro, a cargo de la Unidad de Secuestros y exjefe de departamento de OS9, explicó a radio Cooperativa que éste “no es un delito común, es un delito muy complejo de investigar, es una situación que requiere de mucha logística”.

Desde la oposición también cuestionaron el rol de la ministra Tohá al revelar detalles del operativo, advirtiendo que podría abrir una puerta para que aumente este tipo de delitos.

El diputado de Evópoli Jorge Guzmán consideró que la jefa de Gabinete “le dice a los delincuentes del mundo: ‘vengan a Chile a secuestrar, aquí les pagamos’; increíble, estando a cargo de la seguridad del país.

“Ejerza su rol y expulse a quienes solo vienen a delinquir. Hay más de 20.000 órdenes de expulsión descansando en su escritorio”, finalizó.

El excandidato presidencial Carlos Maldonado (Demócratas) coincidió en que la declaración de la secretaria de Estado “es una pésima señal”. Mafias saben que la ley chilena es blanda. Ahora saben, además, que rescates se pagan”.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), enfatizó que “las palabras de la ministra Tohá abren un pésimo precedente para el futuro del país”.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (UDI), fue más tajante y anunció: “Anoten esta fecha y hora: a las 3:05 de la madrugada del 10/11/23 es cuando Chile se fue al carajo...”.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, dijo en conversación con radio ADN que en Chile las denuncias de secuestro vienen creciendo sistemáticamente desde 2017.

El mayor incremento se registra entre los años 2021 y 2022, donde las denuncias pasaron desde 492 a 826, lo que corresponde a un alza de un 67% en un año.

“Pasamos de casi 500 a un poco más de 800 denuncias en el contexto de un año. Y veníamos de un período en que las denuncias por secuestro rondaban en torno a un poco menos de 500, pero teníamos un aumento progresivo desde el año 2017″, señaló Valencia consultado a raíz del caso de Basualdo.

En Chile, las penas sancionan con presidio de 5 años a 15 a quien retenga a una persona para obtener un rescate o imponer exigencias o cuando el secuestro se prolongue por más de 24 horas. En caso de que el secuestro termine en homicidio se aumenta la pena desde presidio perpetuo (20 años) a perpetuo calificado (40 años).

Desde la Fiscalía Nacional ya señalaron que se encuentran preparando un informe, encargado a la división de estudios, con el desglose de los los casos registrados en Chile en 2023, comuna por comuna, y actualizado a la fecha para dar cuenta del real impacto del fenómeno. Dicha información ya fue requerida por parlamentarios de las comisiones de seguridad del Congreso.

Mientras tanto, los matinales de televisión destinan largas horas de su programación diaria a las noticias de crónica roja y las encuestas dicen que la sensación de inseguridad crece, que los chilenos incluso han cambiado sus hábitos nocturnos y ya no salen tanto de noche, temerosos de sufrir un asalto. La prueba quizás esté al recorrer la vida nocturna de Santiago y diversas ciudades turísticas, que parece no reactivarse, aún golpeada por el estallido social y la pandemia.