Daniel Ortega convirtió a Nicaragua en un trampolín para “bombardear” a EEUU con migrantes irregulares de todo el mundo

Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, sueña con tener una bomba atómica. “Para que nos respeten”, dijo en marzo pasado al recibir en Managua al canciller iraní, Hossein Amir Abdollahian. A falta de la bomba atómica, “bombardea” con migrantes a Estados Unidos, país que considera su enemigo natural. Y, de paso, hace un buen negocio.

“Para Ortega Estados Unidos es un enemigo, es un estado imperialista que obliga al régimen a rendir cuentas sobre sus obligaciones internacionales. Ortega responde al revés, no solo incumple con sus obligaciones, sino que ataca a Estados Unidos haciendo uso de la migración como arma de política exterior que golpee al país facilitando la migración irregular”, explica el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano.

Nicaragua se ha convertido en un enorme trampolín al que llegan migrantes, principalmente de Cuba, Venezuela, Haití, Aruba, República Dominicana y países en conflicto de Europa del Este, Asia y África.

En lo que va de este año, unos 150 mil migrantes han llegado por vía terrestre, cruzando la frontera con Costa Rica, y se calcula que otros 300 mil llegaron en vuelos al aeropuerto Augusto C. Sandino, de Managua. En ambos casos, de Nicaragua emprenden el viaje por tierra hacia el norte, a Estados Unidos.

Las autoridades no sellan los pasaportes de los migrantes, pero sí les cobran un impuesto por “derecho de pase” de 150 dólares. Tampoco se da recibo de este cobro, de tal forma que no queda constancia del paso por Nicaragua.

Algunos viajeros han denunciado que el funcionario de Migración les ha cobrado hasta 200 dólares por el derecho de pase.

La plataforma Confidencial estimó que entre enero y octubre de 2023, Migración y Extranjería de Nicaragua habría recibido unos 65.9 millones de dólares por estos cobros, cantidad calculada, a falta de datos oficiales en Nicaragua, por el paso de 439, 972 personas que es “el número de migrantes irregulares que reportó Honduras en sus cuatro delegaciones migratorias fronterizas con Nicaragua”.

“Ortega, de forma premeditada, calculada, y oportunista, ha facilitado que una de cada 20 personas (migrantes que llegan a EE. UU.) voló a Nicaragua en ruta a Estados Unidos. Esa acción representa un acto de agresión. Nicaragua no solo presta el aeropuerto, también facilita taxis, hoteles, y otros servicios para agilizar la llegada hacia Estados Unidos. Ortega se ha lucrado de la miseria de los más vulnerables”, afirma Orozco.

“El régimen ha instrumentalizado la migración como arma de política exterior agrediendo a Estados Unidos con la facilitación del aeropuerto de Nicaragua como puente para que más de 100,000 migrantes irregulares se vayan en ruta a la frontera”, añade el experto.

Pero, Ortega no solo “bombardea” a Estados Unidos con migrantes extranjeros. Según los cálculos de Orozco la dictadura de Nicaragua “ha expulsado más de 800,000 nicaragüenses desde el 2018, con un efecto perverso toda vez que los migrantes envían dinero para apoyar la precaria situación de sus familias y terminan apoyando indirectamente al régimen: uno de cada cinco dólares de impuestos proviene de las remesas”.

No siempre Nicaragua ha sido el trampolín para los migrantes. Hasta antes del 2018, Daniel Ortega había hecho de Nicaragua un muro de contención para la migración que busca llegar a Estados Unidos. Incluso, dispuso al Ejército en la frontera para evitar el cruce irregular y persiguió y encarceló a nicaragüenses que brindaron apoyo a los migrantes.

El 13 de agosto de 2016 fue apresada en la norteña ciudad de Ocotal la profesora nicaragüense Nilamar Alemán acusada de “tráfico de migrantes” porque ayudó y acompañó a la frontera norte a una migrante haitiana y a su bebé, a quienes encontró en el baño de su vivienda, donde se refugiaron después de evadir el cordón militar de la frontera sur. La profesora recibió una condena de tres años de cárcel, pero fue liberada 45 días después de su captura por “suspensión de pena”.

El “muro de contención” nicaragüense creó un tapón en la frontera norte de Costa Rica y provocó una crisis humanitaria entre 2015 y 2016 cuando se aglomeraron hasta ocho mil migrantes de diferentes nacionalidades, principalmente cubanos, haitianos y africanos. Ortega no cedió a los ruegos de varios países, incluso del Papa Francisco, para que permitiera el paso de los migrantes, y se tuvo que hacer un puente aéreo entre febrero y mayo de 2016 para saltar a Nicaragua y aliviar la crisis.

La actitud de Ortega cambió después de la rebelión ciudadana de 2018 que pedía el fin de su régimen, en la medida en que Estados Unidos criticó la respuesta sangrienta a las protestas y sancionó a funcionarios nicaragüenses involucrados en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El régimen nicaragüense no solo eliminó en 2021 las visas a los cubanos, y este año a haitianos y a varios países de Asia y África que suelen originar flujos de migrantes, sino que también dispuso una red logística para facilitar la travesía y sacar provecho económico de los migrantes.

Con la eliminación de visas, los vuelos desde Puerto Príncipe, Haití, a Managua, se dispararon. Hasta 28 en un solo día. Según el registro de Manuel Orozco, entre agosto y octubre entraron a Nicaragua 31,400 haitianos a bordo de 268 vuelos. Muchos de estos eran vuelos charter que cobran hasta cuatro mil dólares por persona por el viaje Puerto Príncipe-Managua.

Estados Unidos reaccionó a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien afirmó que su gobierno se encuentra “preocupado por informes de un aumento dramático en vuelos chárter con destino a Nicaragua, que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos”.

“Nadie debería de beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables ni los contrabandistas, ni empresas privadas, ni funcionarios públicos, ni gobiernos”, dijo Nichols y añadió que Estados Unidos está “explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular”.

Para el experto en Migración, Manuel Orozco, lo que sucede ahora en Nicaragua es un acto de agresión de Daniel Ortega sobre Estados Unidos. “No se trata de ningún tit-for-tat de si me quitás sanciones, te detengo los migrantes. Se trata de que te voy a mandar más gente, de los míos propios y de otros países para causar problemas”.

“No solo se ha instrumentalizado a la migración como un golpe de política exterior, sino también se ha aprovechado ese movimiento con fines de lucro”, agrega. “Son millones (de dólares) los que se sacan de la llegada de miles de pasajeros. Lo que Ortega hace es lucrarse de la miseria del vulnerable, esos migrantes que usan sus ahorros para huir de sus países y pagan un peaje a un tipo de régimen muy parecido al del país de donde provienen”.

Ortega, dice, es responsable de la migración tanto porque la facilita mediante su intermediación como por su método de expulsión de ciudadanos nicaragüenses.

“El problema es que todo mundo se está enfocando en la cantidad de gente y no en las razones de por qué se ha salido la gente. Y ese es el asunto que hay que abordar. La inestabilidad política causada por regímenes no democráticos”, apunta Orozco.

“El problema es político y la respuesta de política exterior. El abordaje de esta crisis requiere diferenciar lo que ocurre en cada país, y defender los principios democráticos, las instituciones políticas y los derechos constitucionales que protegen a su gente, según los convenios internacionales”, dice.

Para Orozco, la repuesta a esta crisis migratoria se debe enfocar en tres puntos: “Primero, priorizar las condiciones humanitarias de los migrantes, y mejorar la gestión de sus casos de asilo y refugio. Segundo, atacar las causas originales de la migración como una cuestión de política exterior, denunciar y responsabilizar a los países que la causan y apoyar mediante la cooperación para mitigar su continuidad. Y tercero, establecer una estrategia multilateral de desarrollo y democratización para compartir la responsabilidad entre todos los países que generan migración y reciben migrantes”.