(Desde Montevideo, Uruguay) - La construcción en un terreno de nueve hectáreas en Punta Ballena, a pocos kilómetros de Punta del Este, ha generado una intensa polémica en Uruguay. Los vecinos de la zona y diversas organizaciones se han expresado en contra del proyecto que prevé la construcción de 29 edificios, compuesto de 320 departamentos en total, y un informe técnico divulgado por el Ministerio de Ambiente advierte que la obra afectará el paisaje habitual y las actividades que se desarrollan en la zona, y que provocará pérdidas en la vegetación.
El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo este martes en una rueda de prensa que su cartera estudia la iniciativa y que se están respetando las etapas para su habilitación definitiva. La fase actual, explicó, es la de “manifiesto”. El ministerio recibió 6.000 consultas en su página web referidas al proyecto, informó. “Nos parece importante esta etapa de conocimiento de la ciudadanía de lo que allí se va a hacer”, declaró el jerarca del gobierno.
Una vez vencido el plazo de manifiesto, el ministerio coordinará una audiencia pública en la que se discutirá sobre el proyecto. En esa ocasión, el grupo de inversionistas que lidera un empresario argentino deberá explicar el plan. Tras estas dos instancias, Ambiente hará su evaluación de impacto definitiva.
Consultado sobre por qué se construye en ese lugar, Bouvier dijo que los terrenos son privados y recordó que hubo una negociación hace unos años y que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. “(Los propietarios) tienen derecho a presentar ese proyecto. Por tanto, nosotros tenemos que evaluarlo y estamos en esa etapa”, aseguró el ministro.
La postura que tomó el Ministerio de Ambiente es la de encontrar un equilibrio entre los reclamos de los vecinos y la academia, y la de los empresarios. La inversión en el lugar motivó un litigio entre el ex dueño Antonio Lussich y la Intendencia de Maldonado cuando se construyó una ruta panorámica en terrenos que eran privados, informó El Observador.
En 2012 se llegó a un acuerdo con los sucesores de Lussich, que se comprometieron a dejar abierto al espacio público ciertos lugares como la ruta panorámica y los miradores que están en la zona. En 2017, la Junta de Maldonado, el legislativo departamental de la zona, aprobó la inversión.
El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, declaró al medio uruguayo que el proyecto está “bastante mejorado” respecto a la idea original y, al igual que Bouvier, recordó que hay una sentencia judicial. El viceministro se acercó a hablar con los vecinos de Punta Ballena, que aportaron puntos de vista “interesantes” sobre el proyecto, que serán necesarios “revisar”.
Los vecinos le recordaron al jerarca que hubo inundaciones en la zona por las edificaciones que ya existen donde está prevista la construcción de 29 edificios. Esta obra no permitiría “una natural permeabilidad”. Además, aseguraron que las obras afectarán el acceso a Maldonado –uno de los principales destinos turísticos de Uruguay– y que habrá una afectación de la actividad económica de pescadores artesanales, vendedores ambulantes y del resto de los operadores turísticos.
Los vecinos preparan para este domingo varias actividades para defender el lugar. Tiene previsto hacer clases de yoga, caminatas, escaladas y vuelos en parapente como forma de mostrar lo que se pueder hacer en un “icónico lugar”, según anunciaron en una cuenta de Instagram creada para oponerse al proyecto.
El grupo inversor está integrado por Delfín Ezequiel Carballo, Eduardo Carrera Hughes, Lucía Carrera Ponce de León, María Mercedes Jude Gurméndez, María Cecilia Jude, Carmen del Castillo Soriano y Andrea Carbonell, que representan al grupo Amuchastegui-Appellaniz.
El informe ambiental publicado en la página del Ministerio de Ambiente asegura que la “pérdida de la biodiversidad” tiene una importancia “alta” y advierte que solo la etapa de la construcción de este proyecto afectará el 34,6% del área natural.