Una delegación de periodistas que han sido víctimas de agresiones y amenazas, acompañados por representantes de organizaciones de la sociedad civil expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el estado del ejercicio periodístico en Ecuador y de la libertad de expresión en el país. Luego de ocho meses de mantenerse fuera de la esfera pública, Karol Noroña, periodista ecuatoriana en el exilio, contó cómo se enteró que su vida estaba en peligro y con firmeza aseguró que el Estado y sus instituciones corrompidas por el narco protegen a quienes intentaron asesinarla.
Noroña fue la primera de nueve periodistas que dejaron el país luego de recibir amenazas de muerte vinculadas a su ejercicio periodístico. Ella dejó Ecuador el 24 de marzo pasado, en un operativo de emergencia realizado por GK, el medio donde trabajaba. El operativo para proteger a la periodista tomó menos de 24 horas y tuvo el apoyo de más de 10 organizaciones de derechos humanos y protección a los periodistas de todo el mundo, según publicó GK. Las amenazas que recibió Noroña estaban relacionados a su cobertura de la crisis carcelaria y el crimen organizado.
En ese contexto, la periodista dejó el país y se refugió en un destino que no ha sido identificado. Desde entonces, no ha podido volver a publicar sus investigaciones que exponían las vulneraciones estatales a los derechos de los reos, los vínculos del Estado con el crimen organizado, la complicidad de funcionarios en las matanzas carcelarias y la gobernanza criminal ejercida por los cabecillas delincuenciales desde las prisiones: “Tanto mi familia como mi equipo de trabajo siguen en Ecuador y pueden atentar en su contra”, dijo. Antes de su exilio, Noroña era una de las voces más potentes sobre la crisis carcelaria.
Durante la audiencia ante la CIDH en la que, además de Karol Noroña, participaron César Ricaurte y María Amelia Espinosa de Fundamedios, los periodistas María Sol Borja y Christian Zurita y el director de Nos Faltan 3, Ricardo Rivas; Noroña indicó que el 23 de marzo conoció que los miembros de una organización narcocriminal que sirve a cárteles del narco que operan en Ecuador planeaban matarla.
Entonces, gracias a dos fuentes cercanas, la periodista accedió a chats y audios de líderes narcocriminales que incluían fotografías de ella, información del barrio en el que residía en Quito, del medio en el que escribía y del plan de asesinato en su contra.
“Sé que quienes quisieron matarme son protegidos por el Estado ecuatoriano. Lo digo con total dureza porque gozan de todo privilegio en prisión, ordenan crímenes desde adentro y son beneficiados por la justicia ecuatoriana. Nuestras familias nos quieren vivos y libres pero ahora ser periodistas en Ecuador, convertido en narcoestado nos puede costar una bala en la cabeza”, relató con firmeza Noroña.
Bajo ese escenario, Noroña indicó a los comisionados que los comunicadores “no denunciamos las amenazas porque no confiamos en el Estado” y, considerando la grave crisis de seguridad y la penetración del crimen organizado en las instituciones, la situación de quienes ejercen el periodismo es alarmante: “Pareciera que ser periodistas en Ecuador es aceptar que en cualquier momento nos pueden matar”.
En su intervención, la periodista señaló que las organizaciones que alertan sobre agresiones a periodistas han registrado más de 250 de estas durante el 2023. La mitad se trata de amenazas a la integridad de comunicadores. Además, resaltó que su caso tuvo repercusión mediática, pero no así el de otros colegas en el exilio que procedían de jurisdicciones violentas como Durán o Esmeraldas: “Ni mi caso ni el de mis colegas ha merecido si quiera un pronunciamiento del gobierno de Guillermo Lasso. Tampoco hubo apoyo para precautelar nuestras vidas. Solo silencio”, sentenció.
Noroña indicó que aspira volver a Ecuador y continuar con su trabajo: “Seguimos pensando que la lucha del periodismo es contar la vida y nos negamos a morir por decir la verdad”, sentenció.