Estados Unidos, Colombia y Brasil investigaron la hidrovía del Paraná-Paraguay como la principal salida de droga sudamericana

Por agua, la única forma que tiene Paraguay de comercializar sus productos es a través del río que lleva ese mismo nombre. Este corredor de agua dulce es conocido como la hidrovía Paraná-Paraguay, un cauce de 3.400 kilómetros que atraviesa Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay, y que finalmente le abre a Paraguay las puertas del mundo a través del Océano Atlántico.

Por esta hidrovía circulan cerca de 3.000 embarcaciones con bandera paraguaya que mueven unas 27 millones de toneladas de carga cada año, según datos de organizaciones marítimas civiles. Ocultas entre algunas mercaderías viajan miles de kilos de drogas que salen de puertos paraguayos y llegan hasta Europa, camuflados entre latas de pintura, arroz, carbón vegetal o soja.

Pero antes de llegar a buen puerto, estas sustancias ilegales hacen un largo itinerario desde Bolivia, Perú y Colombia, un trayecto cargado de historias de corrupción y violencia.

Por las noches, el cielo del Chaco paraguayo se ilumina con estrellas que parecen llegar al infinito y que se eclipsan con otras luces: son las avionetas clandestinas que, a bajo vuelo, llegan desde Bolivia con cocaína. Aterrizan en la oscuridad de esa región tan inhóspita como caliente, fronteriza con Bolivia, Brasil y Argentina. El Chaco paraguayo tiene una superficie de 24 millones de hectáreas, una dimensión superior a toda Nicaragua. La falta de radares para detectar estos vuelos y los pocos puestos militares suponen un control prácticamente nulo.

Las autoridades de Estados Unidos, Colombia y Brasil advirtieron entre 2020 y 2022 que este territorio se ha convertido, ya desde hace tiempo, en un punto clave para el narcotráfico latinoamericano: organizaciones criminales de todo el continente aprovechan la falta de controles del gobierno paraguayo para acopiar allí la cocaína que, luego, es trasladada por carretera hasta los puertos paraguayos. El último paso es el envío en barco a Europa y otros mercados, según indican una decena de documentos que hacen parte de la filtración #NarcoFiles, Un nuevo orden criminal, que lideró la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, y de la que participó Infobae.

Entre los documentos filtrados aparecen informes, solicitudes de autorización, pedidos de intervención y reportes investigativos que forman parte de las labores realizadas por la Fiscalía General de Colombia, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y autoridades brasileñas, entre otros organismos. NarcoFiles ofrece detalles hasta ahora inéditos sobre las operaciones de bandas criminales, cuyos tentáculos se extienden hasta Paraguay y otros países de la región.

Un informe de la delegación contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de Colombia ofreció pormenores de la operatoria de bandas criminales que ejecutaban narcovuelos en el Chaco paraguayo. “El espacio aéreo de Paraguay es vulnerado en la zona noroccidental del Chaco por pequeñas avionetas procedentes de los departamentos de Beni y Tarija (Bolivia), difíciles de detectar debido a la carencia de radares”, expone el documento de enero de 2021.

El reporte oficial indicó que esa ruta era utilizada por distintos grupos criminales colombianos y de toda la región. “Se indica una fuerte presencia de actores subestatales colombianos como el Cártel del Norte del Valle; diversos grupos paramilitares devenidos en Bandas Criminales (BACRIM), entre ellos las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), Los Rastrojos y Los Urabeños; y, finalmente, elementos residuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, agregaron.

El documento filtrado hizo un análisis sobre la presencia de grupos internacionales en Bolivia que utilizan narcovuelos para aterrizar en toda la franja del Gran Chaco. Las autoridades expusieron, además, que encontraron bandas criminales de diferentes países como la Federación de Sinaloa y los Zetas, de México, elementos de Sendero Luminoso de Perú y hasta registros de la mafia rusa que operan con el narcotráfico.

El reporte de la Fiscalía de Colombia fue contundente al señalar que los grupos que “comandan” el Chaco paraguayo son los brasileños del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Por eso, las autoridades de ese país también pusieron a esta zona bajo la lupa. Un extenso informe del Ministerio Público de Paraná (Brasil), que también forma parte de la filtración #NarcoFiles, se sumergió en la operación “Enterprise”, que se desarrolló junto a las fuerzas de seguridad colombianas en 2021.

Las autoridades desarticularon una organización llamada “Rio Preto”, que operaba directamente con narcovuelos al servicio del Comando Vermelho, desde Colombia a Bolivia y, desde allí, a Paraguay. Según el documento, fueron acusados 11 brasileños y 4 colombianos por formar parte de ese esquema. Los investigadores de “Enterprise” mostraron documentos, cruce de llamadas, depósitos bancarios y demás conexiones que demostraban cómo operaba “Rio Preto” para el traslado de cocaína. Varios de los brasileños detenidos en este operativo ya habían operado en Paraguay y Colombia en años anteriores, según los antecedentes mencionados en estos documentos.

No sólo llega a Paraguay cocaína procedente de Bolivia, uno de los principales productores del mundo. La ruta sudamericana que concluye con la salida por la hidrovía Paraná-Paraguay también es un conducto para la cocaína colombiana. Otro documento que hace parte de NarcoFiles aporta nuevos indicios sobre estas conexiones. La Fiscalía de Paraguay pidió información a sus pares colombianos en octubre de 2020 sobre un ciudadano de ese país, que aparece vinculado a un esquema de narcotráfico y que fue descubierto mediante un operativo llamado “Berilo 2″. Como resultado de esta operación fue imputado un exdiputado por el Partido Colorado de Paraguay, Ulises Quintana, según documentos oficiales. El proceso judicial por el caso “Berilo 2″ continúa en investigación.

La falta de controles en Paraguay despertó interés en la agencia antidrogas de Estados Unidos. Los documentos filtrados indican que la Fiscalía de Colombia coordinó operaciones con la DEA y la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de ese país (ICE por sus siglas en ingles) para investigar redes transnacionales de narcos que operaban esta ruta desde Colombia.

La agencia antidrogas estadounidense informó en un reporte que había localizado a una banda narco en el departamento de Cauca, Colombia, que enviaba cocaína hacia Europa y Norteamérica. El documento de la DEA indicaba que habían detectado números de teléfono desde donde se ordenaban las operaciones y pidieron ayuda a sus pares colombianos para hacer un seguimiento. Desde uno de estos números se contrataba a los pilotos que transportaban la droga a Paraguay, según la DEA.

El ICE estadounidense hizo referencia -en otro documento oficial- a otro grupo criminal aparentemente de mayor trascendencia por la capacidad de envío de cocaína. “La ICE (…) tuvo conocimiento que una estructura criminal con presencia en Bogotá y otras ciudades de Colombia cuenta con la infraestructura delincuencial suficiente para la compra y venta de estupefacientes, así como para su envío a diferentes países especialmente a Paraguay, Bolivia, Brasil, Honduras, República Dominicana, Bahamas, España, México, Estados Unidos”, expuso el reporte.

Las pistas clandestinas

Un reporte antes citado de la delegación contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía colombiana detalló cómo se opera la ruta que concluye en la hidrovía Paraguay-Paraná. Las autoridades detallan que las cargas que llegan por avionetas al Chaco luego se colocan en camiones que atraviesan todo Paraguay hasta llegar al puerto. Es un viaje largo y agotador, que puede llevar hasta diez horas. Ya en los puertos, la cocaína se esconde entre los productos de exportación. Las últimas grandes incautaciones de cocaína en los puertos paraguayos se encontraron cuando la carga iba escondida en carbón vegetal y en soja, según registros de la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay.

“Se han detectado pistas clandestinas incluso en el Parque Nacional Paso Bravo (ubicado al norte en el departamento de Concepción) y reservas ecológicas paraguayas, donde se ven vastas extensiones de tierra despobladas. Desde allí, la cocaína se traslada hacia el oriente paraguayo, por vía aérea, o a través de la carretera Transchaco”, indicaba el documento oficial.

La detección de pistas clandestinas en el Chaco es cada vez más habitual. Una reciente publicación del diario El Deber de Bolivia y la organización periodística Connectas reveló que, en varias áreas protegidas de Bolivia, de la zona de la Chiquitania, región fronteriza con Paraguay, se han detectado 440 pistas clandestinas que son utilizadas para el narcotráfico.

El entonces senador por el Partido Colorado, Enrique Riera, denunció en septiembre de 2022 la existencia de 1.700 pistas clandestinas en el país. La mayoría -dijo- estaban ubicadas en la zona del Chaco. En esa época, Riera estaba en plena disputa política con el gobierno de turno, que también era de su propio partido político. Desde el 15 de agosto de 2023, Riera es ministro del Interior del gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña. En estos tres meses del nuevo gobierno, no hay registros oficiales de algún operativo contra estas pistas clandestinas.

Paraguay aprobó en octubre de 2022 una ley de Defensa de Soberanía Aérea. La nueva normativa permite al Estado hacer disparos intimidatorios ante la presencia de aviones sospechosos, desconocidos o que no reportaron sus vuelos a las Fuerzas Áreas Paraguayas). El Congreso paraguayo recibió proyectos en los últimos años para aprobar una ley de derribo de aviones, atendiendo principalmente lo que ocurre en el Chaco paraguayo, pero ninguno de estos proyectos consiguió los apoyos necesarios para transformarse en ley.

Cecilia Pérez fue ministra de Justicia de Paraguay en los años en que las autoridades de distintos países señalaban las debilidades de los controles del gobierno paraguayo. “No son sólo los radares”, explicó la ex funcionaria en una entrevista con el CLIP. “Debemos tener la ley que te permite activar a través de eso. Nuestra actual ley nos permite llegar a disparos intimidatorios, no al derribo de aviones”, dijo. “Es el radar, es la ley, son los equipos de reacción en tierra, son los contactos con los organismos de defensa de los países limítrofe, son varias cosas que se necesitan. Implica una inversión muy importante que no se hizo”, justificó.

La funcionaria, que luego fue asesora en temas de Seguridad del presidente Mario Abdo, aseguró que los reportes de países latinoamericanos antes mencionados eran parte de una política coordinada mediante el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de Europa y Latinoamérica (Paccto). “Con Colombia formamos un gabinete binacional, el primero con un país que no es limítrofe con Paraguay, en el 2022, y justamente, uno de los puntos centrales de este gabinete fue la lucha contra el crimen organizado”, explicó Pérez.

Un hub internacional de distribución de la droga

Juan Martens, experto en Criminología aseguró que Paraguay se convirtió –desde 2010 aproximadamente- en un centro logístico que permite la distribución de toneladas de droga hacia todo el mundo. El especialista explicó que operar de principio a fin esta ruta ilegal requiere una infraestructura enorme que, además de toda la logística para el traslado de la cocaína, incluye un sistema para blanquear el dinero que se produce con la venta del producto.

“Implica muchas cosas, lavado, empresas, actores, logística, implica compradores. No es que viene y pasa por acá. Eso no es así”, dijo Martens.

Ubicado entre dos gigantes como Brasil y Argentina, Paraguay tiene su importancia por ser ese nexo necesario para el paso de todo tipo de productos a los países de la región. De Paraguay salen, por ejemplo, los cigarrillos de contrabando que inundan los mercados negros de países como Brasil, Argentina, Chile y hasta Colombia.

Otro elemento es la corrupción. El último informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional indica que Paraguay tiene uno de los índices de criminalidad más altos del mundo. En América del Sur, está en la segunda posición. Ese documento menciona a la corrupción estatal como un punto fundamental para que se pueda generar dicho escenario a favor de la criminalidad.

Países europeos como Alemania, Bélgica y Países Bajos han reportado el decomiso de unos 53.000 kilogramos de cocaína provenientes de Paraguay entre 2020 a 2023, de acuerdo con datos cruzados entre la Aduana y la Senad de Paraguay. El mayor cargamento de cocaína que se detectó fue en 2021, con 16.000 kilos decomisados en el puerto de Amberes, Bélgica.

“Paraguay es un campo abonado para el establecimiento de redes criminales. Su posición estratégica es un factor determinante y una condición fundamental para ser elegido por el crimen organizado como punto neurálgico”, asegura Sonia Aldas Mejía, investigadora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales del Real Instituto Elcano, de España, en su informe “Paraguay: centro neurálgico de producción y distribución del narcotráfico transnacional”, publicado en mayo de 2020.

El comandante de la Policía Nacional de Paraguay, Carlos Benítez, definió el rol de Paraguay en el mapa global del narcotráfico. Tras incautar en octubre pasado un cargamento de 3 toneladas de cocaína escondida en bolsas de arroz, el funcionario afirmó que los grupos criminales ya tienen a Paraguay como un “centro de acopio” de sustancias ilícitas.

El acopio es apenas el paso previo a la distribución. El especialista Martens explicó que, hasta hace unos años, el principal mercado de los narcotraficantes paraguayos era Brasil. Sin embargo, esto cambió porque en la actualidad, la hidrovía Paraná-Paraguay se ha posicionado como la principal salida al mundo de la cocaína.

“El gran actor sigue siendo el Primer Comando Capital (PCC), con otros grupos aliados como los de la Ndrangheta -eso está documentado-, los carteles mexicanos, que está también presentes aquí, y los colombianos. Acá la diferencia es que en los últimos años se consolidó la hidrovía Paraná-Paraguay como principal vía de salida de la cocaína”, agregó Benítez.

El operativo A Ultranza

El 12 de septiembre de 2021, un grupo de sicarios irrumpió en un tranquilo barrio de Asunción, la capital paraguaya, para asesinar al empresario paraguayo Mauricio Schwartzman, un hombre que tenía 59 años y poco o nada se sabía sobre alguna vinculación suya con grupos criminales.

Este asesinato, sin embargo, fue el punto de partida de una investigación que cambió los hilos políticos recientes en Paraguay. El 22 de febrero de 2022 se inició el operativo “A Ultranza Py”, encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya, pero con apoyo de la Policía Europea, sus pares uruguayos y la propia DEA estadounidense.

Esta operación antinarcóticos, que permitió decomisar 21 toneladas de cocaína, es considerada la más grande en la historia de Paraguay. Además de la impactante incautación, las investigaciones en torno al operativo vincularon directamente a empresarios y políticos paraguayos con el narcotráfico.

También a Ultranza es emblemático en Paraguay porque el caso Schwartzman, que dio pie a todo el caso, estaba siendo investigado por el fiscal antidrogas Marcelo Pecci, que fue asesinado a balazos el 10 de mayo de 2022 en una playa del caribe colombiano, en plena luna de miel. En Colombia ya se logró capturar a los autores materiales del crimen y están condenados. En Paraguay, la fiscalía no ha mostrado avances.

Con el caso A Ultranza apareció la figura de Sebastián Marset Cabrera, un narcotraficante uruguayo que ya había sido detenido en el 2013 por haber contrabandeado marihuana a Paraguay. Hoy, Marset Cabrera es acusado de liderar un grupo que estuvo a cargo de enviar varias toneladas de droga a Europa en los últimos años. Permanece prófugo.

“En Paraguay, el telón de fondo que existe por detrás de la producción de marihuana, del narcotráfico y el tráfico de armas, es la protección narcoestatal”, sostiene el experto Martens. El caso A Ultranza puede ser un buen ejemplo: cuando fue detenido en 2013, Marset había dicho que estaba en compañía de Juan Viveros Cartes, el piloto del avión que transportaba la droga. Viveros Cartes es tío del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes Jara.

Marset se camufló como supuesto futbolista profesional y cumplió su sueño en Paraguay. Se alistó a un equipo de la Primera División del fútbol guaraní, llamado Deportivo Capiatá, y allí jugó unos partidos. Erico Galeano era en ese entonces dirigente del Deportivo Capiatá.

Galeano es actualmente senador por el Movimiento Honor Colorado, liderado por Cartes, y allegado del exmandatario. Erico Galeano, imputado por el operativo A Ultranza -según documentos oficiales-, consiguió que la Justicia le dictamine prisión domiciliaria con un permiso para que una vez a la semana pueda salir de su casa para ir a sesionar como senador de la República de Paraguay.

Esta investigación periodística hace parte del proyecto #Narco Files: El Nuevo Orden Criminal, un trabajo colaborativo transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quiénes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y de la que participó Infobae, se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de Colombia que fue compartida con más de 40 medios de comunicación del mundo, quienes examinaron durante meses el material junto a cientos de otros documentos judiciales, estatales y privados; numerosas bases de datos privadas y públicas; y realizaron entrevistas múltiples con protagonistas, fuentes confidenciales, expertos e investigadores, entre otros.