Los 6 puntos clave de la nueva propuesta de Constitución chilena que podría sufrir otro rechazo

Bastante tortuoso ha sido el camino constitucional que ha seguido Chile post estallido social de 2019 y el futuro se ve, al menos, poco promisorio. A principios de esta semana, el pleno del Consejo Constitucional -órgano elegido por la ciudadanía dominado por una mayoría de derecha-, aprobó el informe de la Comisión Mixta en la que la oposición hizo pesar su mayoría y la izquierda no logró las modificaciones esperadas para moderar el texto. El consejo debe entregarlo a la ciudadanía y al presidente Gabriel Boric el próximo 7 de noviembre, y corre riesgo de convertirse en una nueva experiencia fallida para el país.

Este es el segundo intento por aprobar un texto que reemplace al vigente, la llamada Constitución de Pinochet, promulgada en 1980 en dictadura. La primera propuesta, elaborada por una Convención electa y de orientación de izquierda, ya había sido rechazada por un 62% en el plebiscito de septiembre del año pasado. Este segundo intento, de la mano de un Consejo con mayoría de la derecha, se someterá a plebiscito el 17 de diciembre y las encuestas anticipan que podría recibir otro rechazo.

Estos son algunos de sus puntos más controvertidos:

La consagración de un Estado social y democrático de derecho - en contraposición al actual modelo de Estado Subsidiario que da un papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales-, no queda demasiado clara desde el punto de vista de los partidos de izquierda, quienes dijeron que algunos artículos dejan “vacía” la definición al establecer, por ejemplo, que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado” o el que cada cotizante previsional “tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta (los fondos previsionales)”.

Poco dice la propuesta sobre educación pública y laica y mucho sobre la privada. Reconoce “el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos” y el que “las personas tienen el derecho de abrir y desarrollar establecimientos educacionales”. Quienes promueven la educación pública han dicho que el texto no altera el sistema actual y profundiza el problema de la educación particular subvencionada.

Uno de los temas polémicos en esta materia es la exención tributaria de la primera vivienda, una norma de gran apoyo popular, pero que beneficia solo a las personas de mayores ingresos. La izquierda intentó eliminar esta norma infructuosamente pero igual quedó en la propuesta final.

“La ley protege la vida de quien está por nacer” y “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. Estos artículos fueron fuertemente discutidos, pues se plantea que podrían colisionar con la ley de aborto por tres causales que rige en Chile desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. La objeción de conciencia, que la derecha dura buscó consagrar institucionalmente, también quedó estipulada así: “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión comprende, además, la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”.

En este punto los partidos de derecha fueron un poco más flexibles y accedieron a reemplazar que la ley “promueva” al acceso por el “asegurar el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional”. Se incluye una norma transitoria para que en las próximas dos elecciones parlamentarias ningún sexo supere la proporción 60%-40%.

La polémica enmienda sobre la expulsión de migrantes que ingresen por pasos no habilitados “en el menor tiempo posible” quedó en la propuesta constitucional. Además, se “procurará” que los extranjeros cumplan su pena en su país de origen. La izquierda votó en contra de esta norma, pero sí se votó por unanimidad el incluir que todos estos procedimientos deberán efectuarse “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”.

El Consejo también modificó el sistema político. Habrán 17 escaños menos en la Cámara de Diputados. Los partidos políticos deberán conseguir al menos el 5% de los votos a nivel nacional para acceder a la repartición de escaños en una elección parlamentaria. También establece que los parlamentarios que renuncien a su partido perderán su escaño en el Congreso y alcaldes y concejales podrán ser “reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces en cada comuna”.

La suerte está echada y a solo siete semanas de que los chilenos acudan nuevamente a las urnas, los partidos de derecha e izquierda alinean a sus seguidores detrás del “A favor” y “En contra” y los sondeos de opinión pública revelan que la mayoría pretende rechazarla. Nadie parece tener ganas de iniciar un tercer proceso, en lo que se ha dado llamar “fatiga constitucional”.