(Desde Montevideo, Uruguay) - El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por la Justicia paraguaya por ser acusado del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, fue detenido en Dubái en 2021 por utilizar un documento falso para salir del país. Desde allí, en septiembre de ese año, Marset pidió al gobierno uruguayo que le otorgara una pasaporte que le permitiera salir de ese país.
Uruguay accedió a la solicitud del narcotraficante, cuando todavía no era buscado por las autoridades paraguayas, y la entrega de ese pasaporte generó cuestionamientos de la oposición, la renuncia de la vicecanciller y una investigación de la Justicia. Esta semana será clave para el avance de la causa ya que declaran –en calidad de indagados– jerarcas de gobierno involucrados con la expedición del pasaporte.
La semana pasada comenzaron las indagatorias a distintos funcionarios de la Cancillería que participaron del proceso, como la ex cónsul en Emiratos Árabes Unidos Fiorella Prado, que fue quien manejó los contactos con la familia del narco en ese país y mantuvo comunicaciones con su abogado, Alejandro Balbi, según informó El Observador. Fue la encargada de recopilar los datos, las huellas y la foto del narco en la cárcel para el documento del viaje.
El miércoles 25, ante la Fiscalía, la funcionaria señaló que le llamó la atención la velocidad con la que el Ministerio del Interior procesó el trámite para otorgar el pasaporte. En noviembre de 2021, Prado fue a la cárcel a tomarle los datos a Marset y sacarle la foto que necesitaba para el pasaporte. El mismo día, cargó la información al sistema y, un día después, el documento estaba impreso, según su declaración consignada en el medio uruguayo.
El fiscal que lleva adelante la investigación, Alejandro Machado, se detuvo sobre este punto y recordó que el embajador de Uruguay en Emiratos Árabes, Álvaro Ceriani, también había destacado como algo inusual la rapidez con la que el trámite había avanzado.
En la Fiscalía, la funcionaria, que ahora es cónsul adjunta en San Francisco, relató cómo es el procedimiento habitual: “Cuando yo remito una solicitud de pasaporte en el sistema, lo voy monitoreando todos los días para ver si fue suspendido, si todo fue bien, si las huellas fueron aceptadas y si la foto está bien. Eso más o menos demora entre cinco días a una semana, cuando me dice ‘entregado a Cancillería’”.
“Que al día siguiente ya estuviera impreso en Cancillería es algo que yo nunca había visto en mi experiencia consular”, dijo Prado.
Este lunes 30 declaró ante la Fiscalía, en calidad de indagado, el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, al tiempo que este martes 31 irá el ministro Luis Alberto Heber, el miércoles 1°, el canciller Francisco Bustillo; y el jueves 2, la ex vicecanciller Carolina Ache.
Ante el fiscal, Maciel declaró que Marset no tiene ninguna causa abierta ni requisitoria en Uruguay, según informó El Observador. En su opinión, solamente se podría haber negado el pasaporte si hubiera existido una alerta roja de Interpol, algo que hasta ese momento no había porque Paraguay la emitió cuando el narcotraficante ya había sido liberado.
Para Maciel, la entrega del pasaporte estuvo ajustada a derecho y le correspondía recibir el documento. “¿Qué pretendían, encajonar el trámite? Eso hubiera sido cometer abuso de funciones”, dijo ante el fiscal.
Meses atrás trascendió un chat entre Maciel y la vicecanciller Ache en el que el jerarca del Ministerio del Interior advertía que Marset era un “narco muy peligroso y pesado”. En su declaración en la Fiscalía, aseguró que cuando envió ese mensaje no sabía que se estaba tramitando el pasaporte, según informó La Diaria.
La difusión de ese chat motivó que Ache deba renunciar a su cargo, tras perder el respaldo del sector político al que pertenecía.