El régimen de Maduro pone “en cuidados intensivos” los acuerdos con la oposición y en aprietos a Estados Unidos, advierten analistas

(Washington, Estados Unidos) La estrategia del gobierno de Joe Biden de levantar sanciones a cambio de avances democráticos en Venezuela empieza a estar en aprietos tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de anular las elecciones internas de la oposición, advierten expertos, para quienes el proceso de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición está en peligro.

La medida del alto tribunal, aliado de la dictadura de Nicolás Maduro, busca dejar sin efecto los comicios del pasado 22 de octubre en los que María Corina Machado se impuso con el 92% de los votos como candidata opositora para las elecciones presidenciales de 2024.

“Las primarias fueron un ejercicio profundamente democrático que muestra que el pueblo venezolano, si tiene la opción de votar, elige expresarse pacíficamente. Para quienes se aferran al poder, en un contexto de baja popularidad del gobierno de Maduro, eso puede dar mucho miedo”, señaló a Infobae Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, un think tank con sede en Washington que sigue los temas regionales.

La experta advirtió que “no es casual que la respuesta haya sido ir penalmente contra quienes organizaron las primarias o usar el Tribunal Supremo, que no es independiente, para intentar revertir los resultados”. Según Taraciuk Broner, se trata de “una forma maquiavélica de cambiar el eje de la discusión: que no se hable más de las inhabilitaciones, sino del resultado de las primarias”.

Por su parte, Geoff Ramsey, analista sobre Venezuela del Atlantic Council, afirmó a Infobae que “con esta acción el proceso de negociación no está muerto, pero está en cuidados intensivos”.

El analista considera que si en 30 días no hay cambios en el comportamiento del gobierno de Maduro, será difícil que Estados Unidos pueda seguir justificando el levantamiento de sanciones.

La decisión del Tribunal Supremo se produjo poco después de que Washington anunciara una flexibilización de sanciones tras el acuerdo entre la oposición y el chavismo para fijar elecciones con observación internacional en 2024.

Los expertos coinciden en que la jugada de la justicia chavista pone en jaque dicho proceso de negociación auspiciado por Noruega y amenaza con profundizar la crisis política en Venezuela.

Pero sobre todo, la medida del régimen de Maduro pone en aprietos la estrategia del gobierno de Biden de aliviar sanciones a cambio de avances democráticos. El presidente estadounidense ya enfrenta críticas en el Congreso por haber concedido ese gesto a la dictadura venezolana sin obtener garantías firmes.

Ahora, tras la anulación de las primarias opositoras, la Casa Blanca se encuentra en una posición incómoda, dado que flexibilizó castigos a un régimen que sigue dando marcha atrás en los compromisos democráticos.

Para Taraciuk Broner, el punto de referencia para Washington no puede ser la actual situación “creada artificialmente” por el gobierno de Maduro, sino el acuerdo original firmado con la oposición.

“Para medir si el gobierno venezolano cumple o no con el acuerdo, el punto de partida para el gobierno de Biden debería ser lo que se acordó, y no la situación actual, que es 10 pasos atrás y fue artificialmente creada por el régimen. De lo contrario, la habilidad y credibilidad del gobierno de Estados Unidos para emplear la imposición y levantamiento de sanciones como un instrumento eficaz se verá seriamente comprometida”, enfatizó.

En ese sentido, la gran pregunta ahora es si Biden volverá a endurecer la política de sanciones hacia Venezuela tras este nuevo incumplimiento del chavismo. Algunas voces en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, ya pidieron revertir la flexibilización.

Pero desde la administración de Biden por ahora mantienen la cautela. El secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió en el Congreso que tomarán “medidas necesarias” si el régimen violó el acuerdo, aunque evitó comprometerse a una vuelta atrás de forma inmediata.

“Si el régimen ha violado el acuerdo alcanzado, por supuesto que tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No van a tener vía libre para llevar a cabo acciones que estén en contradicción con los compromisos que han asumido para avanzar hacia unas elecciones libres y justas, que es un objetivo compartido que tenemos con la oposición”, dijo Blinken este martes.

Mientras tanto, expertos como Ramsey creen que el proceso de negociación aún tiene vida, pero está en cuidados intensivos. “Si Maduro quiere que continúe la flexibilización de las sanciones, tiene 30 días para demostrar su compromiso”, enfatizó el analista.

Pase lo que pase en el corto plazo, el último movimiento del madurismo erosionó la poca confianza que se había generado en la comunidad internacional con el régimen luego del acuerdo de este mes sobre la voluntad de avanzar en elecciones libres.