EEUU sancionó a funcionarios de la fiscalía de Guatemala por socavar la democracia

El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa para más de una docena de personas por “socavar la democracia” en Guatemala y por prácticas de corrupción, entre ellos funcionarios del Ministerio Público, un viceministro, exministros y actores del sector privado del país.

Washington designó al ex ministro del Interior Gendri Reyes Mazariego, al ex ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel; y al viceministro de Desarrollo Sustentable Oscar Pérez Ramírez, por considerarlos inelegibles para ingresar al país norteamericano por sus vínculos con “actos significativos de corrupción”.

Washington dijo que Reyes, Pimentel y Pérez aceptaron sobornos estando en sus funciones públicas.

“Sus acciones corruptas socavan la aplicación de la ley y la transparencia del gobierno en Guatemala”, dijo el Departamento de Estado.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, subrayó que Washington “rechaza los continuos esfuerzos para socavar la transición pacífica de poder en Guatemala al presidente electo (Bernardo) Arévalo”, y recordó que la Fiscalía, entre otras acciones, ha incautado material electoral que estaba bajo la custodia del Supremo o ha solicitado la evacuación por la fuerza de manifestantes pacíficos.

Ese “comportamiento antidemocrático”, según su nota, “socava las instituciones democráticas de Guatemala y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana”, en la que se afirma que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas.

Miller apuntó que Estados Unidos se suma a otras instituciones regionales e internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su llamamiento a “un traspaso de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al Estado de derecho”.

Este mismo martes el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala declaró como “inalterables” los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto, en los que resultó electo en segunda vuelta Arévalo de León.

Ese proceso electoral está considerado el más polémico en la historia democrática de Guatemala debido a la judicialización de los comicios y al intento del Ministerio Público (Fiscalía) de revertir los resultados.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por concluido este martes, tal y como estaba previsto, el proceso electoral de 2023, haciendo así oficial los resultados de las elecciones de agosto, en las que salió vencedor contra todo pronóstico el candidato del Movimiento Semilla Bernardo Arévalo.

“En cumplimiento del calendario electoral, y respetuosos del marco legal (...), se validaron los resultados electorales y como consecuencia, se concluye el proceso electoral y con ello se oficializan los resultados de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano 2023″, señala la nota del TSE.

El TSE también reconoce la labor de los más de 125.000 ciudadanos que formaron parte de las juntas electorales en primera y segunda vuelta y que facilitaron la organización y la gestión de aquellos comicios, cuyos resultados, enfatiza son “inalterables”, garantizando así la alternancia de poder y la democracia.

Con esta decisión, el TSE rechaza así una demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y algunos partidos políticos que pretendían alargar el periodo electoral hasta el 15 de enero, con vistas a impedir que la Fiscalía pudiera poner en entredicho la investidura de Arévalo.

Por tanto, Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, deberán tomar posesión de sus cargos de presidente y vicepresidenta, respectivamente, el 14 de enero, así como el resto de cargos electos si finalmente no prosperan los intentos de la Fiscalía por cancelar el Movimiento Semilla, al que acusan de irregularidades en su formación, con la inclusión como afiliados de personas fallecidas.

(Con información de EFE y Reuters)