Los damnificados de Wenance de Uruguay pidieron la extradición del CEO de la fintech, Alejandro Muszak

(Desde Montevideo, Uruguay) - La acusación que la fintech Wenance enfrenta en Uruguay implica para la Justicia del país un caso histórico. El abogado de los damnificados, Andrés Ojeda, lo compara con un hecho similar a los reclamos colectivos judiciales de Estados Unidos: la denuncia es por un faltante de USD 20 millones de uruguayos que dicen haber sido estafados.

En un principio, la denuncia era de unos 300 damnificados, pero esa cantidad se duplicó en los últimos meses. Los denunciantes ahora pretenden que el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, impute al CEO de la fintech, Alejandro Muszak, por delitos de estafa y apropiación indebida y que pida a Argentina la extradición, según informó El Observador.

En el escrito, los denunciantes piden a la Fiscalía que extienda las medidas cautelares decretadas de bloqueo de las cuentas bancarias que pertenecen a Wenance Uruguay, ya que esta resolución vence este martes 31.

La Fiscalía uruguaya citó a Muszak a declarar el próximo 22 de noviembre. El empresario lo hará vía Zoom junto a su abogado, el penalista Jorge Barrera. Muszak no puede asistir de forma presencial ya que fue procesado en Argentina por tres casos de estafas.

Además de la extradición del CEO, los denunciantes piden que sea extraditada también Romina Marisa, que es señalada por los asesores comerciales como el “canal de transmisión de decisiones sustanciales en materia económica y financiera de la empresa”, que tiene “poder de decisión y resolución”.

Según la defensa de los damnificados, el trabajo de la Fiscalía uruguaya encontró un “elenco de evidencias que son suficientes para avanzar contra los responsables” de esas conductas. En el escrito aseguran que la actuación de la tecnológica dañó patrimonialmente a más de 600 personas y generó un perjuicio que estiman en USD 20 millones. “Los responsables no pueden ni deben quedar impunes”, dice el escrito presentado por los abogados uruguayos Ojeda, Fernando Posada, Bernardino Real, Luciano Real, Juan Antonio Rodríguez y Diego Lattanzio, y publicado por el medio uruguayo.

En el escrito señalan que dos días antes de presentada la denuncia, la empresa vació la cuentas en dólares y en pesos del banco BBVA, un hecho que no consideran ni “casual ni accidental” sino “deliberado”.

“Existen fuertes indicios que permiten vislumbrar que, levantada la medida, Wenance podrá volver a desviar y ocultar tales fondos los que son, en definitiva, el único respaldo de las aproximadamente 600 víctimas”, señaló.

Wenance estructuraba fideicomisos privados para financiar los préstamos que otorgaba. Con la promesa de buenas rentabilidades, la empresa había captado empresarios, abogados, contadores y comerciantes como clientes. Pero de un día para el otro, dejó de pagar dividendos, según la denuncia que, en agosto, presentaron los inversores a la Fiscalía uruguaya, que entonces informó El País.

Los inversionistas entregaron sus ahorros para nutrir los microcréditos que la empresas entregaba a clientes que captaba a través de la plataforma financiera Welp. Wenance les hizo firmar un mandato a los uruguayos que aseguraba que ellos administraban y cobraban a su nombre.

Los damnificados también solicitan que sea imputado Gastón Clavel, el encargado de evaluar la morosidad de los préstamos otorgados por Welp y analizar el comportamiento de la cartera. Señalan que el hombre admitió haber identificado una morosidad que triplicaba la que Wenance decía tener. “A pesar de ello, no sólo permitió a sabiendas que se siguiera captando inversores en base a una puesta en escena que refería a una mora ficticia, son que además según declaró (…) les transmitía a los asesores datos erróneos sobre tal mora”, agrega el escrito.

La fintech y los inversores habitualmente fijaban una fecha de devolución del capital invertido y cada uno tenía su propia cartera de microcréditos, desde donde salían sus finanzas. El funcionamiento fue así hasta el 24 de julio, cuando la empresa comunicó que se veía obligada a suspender los pagos.