A Luis Arce le quedan dos años de presidente, pero Evo Morales, su mentor, lo acusa de estar hundiendo la economía de Bolivia por no haber coordinado con él y estar aplicando políticas de derecha.
Sobre todo, le critica haber descuidado la provisión de combustibles para el mercado cuando los transportistas protestan en todo el país por la escasez de diésel oil, aunque el gobierno lo niegue.
“Lamentablemente están hundiendo al país. Hemos revisado los datos económicos, tema combustible, déficit comercial, entonces otra vez hace meses dije que el gobierno debería llamar a una cumbre nacional y conjuntamente enfrentar esta situación económica. Esa es la realidad y eso es lo que está pasando en este momento. Las mentiras no duran y dejan mucho que desear”, dijo el ex presidente en radio Kausachum Coca.
Unos días antes, el cocalero había dicho que, en 2006, cuando nacionalizó el petróleo, lo hizo sin consultar con ninguno de sus ministros de entonces, aludiendo a Arce, que entonces era su ministro de economía.
El economista Carlos Chalup recordó que, con aquella medida, que Morales llama “nacionalización” pero que en realidad fue solamente un cambio de algunos contratos con las petroleras, comenzó la caída en la producción de hidrocarburos que en este momento obliga a reducir las exportaciones de gas natural y a importar combustibles líquidos.
En efecto, aquella medida provocó que las empresas petroleras extranjeras dejen de invertir en Bolivia, lo que se refleja en la reducción dramática de las reservas, que cayeron de 36 TCF a 3 TCF en el curso del gobierno de Morales y ahora de Arce.
Ahora, debido a ese problema, Bolivia ha tenido que informar a Argentina que no podrá seguir enviándole gas natural el próximo año a pesar de que el contrato tenía vigencia hasta 2026.
Esto ha provocado que Argentina busque nuevos proveedores de gas natural para sus provincias norteñas y, al mismo tiempo, inicie gestiones para revertir el gasoducto que llega de Bolivia a fin de usarlo para enviar gas de Vaca Muerta a Brasil a través de territorio boliviano.
Aunque la crisis de los hidrocarburos fue provocada por su decisión de afectar a las empresas petroleras, el cocalero Morales dice que la actual escasez de diésel se debe a que el gobierno no tiene dinero para pagar a las empresas importadoras del combustible, motivo por el cual en las últimas horas se han formado largas filas en los surtidores. Incluso dijo que él cambiará su motorizado a uno que funcione con gasolina porque no hay diésel.
Las cisternas que la empresa estatal YPFB usa para importar gasolina y diésel desde Argentina están ahora vacías debido a la escasez de “nafta” en el país vecino.
El problema se ha complicado más todavía porque el gobierno de Perú decidió prohibir el ingreso de camiones bolivianos a su territorio con el argumento de que usan un combustible de mala calidad.
Esos camiones traían a Bolivia desde Perú todo tipo de productos, pero sobre todo verduras, tubérculos, frutas y otros alimentos, que ahora deberán llegar a bordo de camiones peruanos que tienen fletes tres veces más altos.
Acusaciones de corrupción de la familia de Arce
La acusación más dura de Morales a Arce se refiere a la supuesta corrupción de la familia del presidente en la importación de combustibles y en las decisiones sobre la industria del litio, que no comienza a caminar.
Carlos Romero, ex ministro de gobierno de Morales, dijo tener pruebas de la corrupción de la familia Arce y ofreció exhibirlas ante la justicia.
Las respuestas de Arce a estas acusaciones siguen siendo solapadas, con destrucción de fábricas de droga en el vecindario de Morales y disimuladas alusiones a la vinculación del cocalero con los incendios de bosques y los allanamientos de tierras fiscales y privadas en el departamento de Santa Cruz.
La lucha contra los incendios de bosques produjo la muy inverosímil noticia de que los mineros ilegales han llevado a la justicia a un guardabosques que había intentado impedir que ingresen a un parque nacional.
Ahora, el gobierno informa que este año los incendios consumieron los árboles de 2,6 millones de hectáreas.
Desde la cárcel, el gobernador de Santa Cruz asegura que los incendios y el descontrol de la propiedad de la tierra se deben a la voluntad del gobierno masista de favorecer al narcotráfico.