Como presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, no solo enfrentará las crisis de seguridad, de energía y de economía sino que también deberá construir un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo que le permita gobernar e impulsar sus reformas legislativas durante el corto periodo de mandato. Noboa apenas consiguió 14 de 137 escaños en la Asamblea Nacional, lo que obligará a que el nuevo mandatario busque coaligarse con las otras minorías que integran la Legislatura, según han sostenido varios expertos.
El pasado 17 de mayo, el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el congreso y convocó a elecciones generales extraordinarias en medio de un juicio político que la oposición del Legislativo impulsaba en su contra. Desde antes de que Lasso iniciara su mandato, el jefe de Estado rompió las relaciones con el congreso pues desarticuló una alianza que había realizado con el Partido Social Cristiano (PSC).
En Ecuador, en el calendario electoral ordinario, la Asamblea Nacional se posesiona el 14 de mayo, diez días antes de la asunción del nuevo presidente. En el 2021, cuando el congreso se instaló, se observó la ruptura entre la bancada oficialista y el PSC. Ni siquiera se había posesionado y Lasso ya había quemado uno de sus puentes en el Legislativo. Ese fue el primer augurio de la relación que mantendría la administración de Lasso con el congreso, al que terminó por disolver.
Es justamente la falta de operación política, coinciden los analistas, los que provocaron que Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada, como se conoce popularmente al recurso constitucional que permitió que se celebraran las elecciones del pasado 20 de agosto y el posterior balotaje del 15 de octubre, donde Noboa venció por cuatro puntos a la correísta Luisa González.
Desde la noche en la que se conocieron los resultados de la segunda vuelta, los cálculos políticos sobre la gobernabilidad de Noboa inundaron el debate público. González, que reconoció su derrota ese mismo domingo, ofreció al presidente electo el apoyo del movimiento Revolución Ciudadana y aseguró que la bancada del correísmo en el Legislativo apoyará a Noboa siempre y cuando no privatice ni precarice la salud ni la educación.
El ex vicepresidente de Ecuador, Alberto Dahik –que acompañó a Noboa en su primera reunión de transición gubernamental en el Palacio de Carondelet– dijo en Ecuavisa que: “El país no tiene gobernabilidad. El nivel de conflictividad entre Presidente y Asamblea fue épico... ¿Cuál es el principal problema que va a enfrentar Daniel Noboa?: gobernabilidad”.
Por su parte, en el programa radial A Primera Hora, la abogada y ex viceministra de gobernabilidad, Ana Changuín, resaltó que Noboa conoce cómo funciona el Legislativo, pues fue asambleísta del congreso cesado, y por esa experiencia “puede encarnar ese liderazgo, esa capacidad de diálogo. Conoce la Asamblea, él es una persona que tiene experiencia legislativa y no creo que vaya a subestimar la necesidad de entablar procesos de diálogo”. La experta aseguró que uno de los errores del gobierno de Lasso fue tener “una relación hostil” con la Asamblea Nacional.
Con esto coincide el profesor universitario y politólogo, Gabriel Hidalgo Andrade, quien ha sostenido que: “El presidente Daniel Noboa necesita un gobierno de coalición y operar políticamente con eficacia. Si no lo consigue, prolongará la mala suerte del gobierno saliente de Guillermo Lasso”, según dijo a Ecuavisa.
Según un estudio de opinión de la compañía CID Gallup, Lasso junto a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, son los mandatarios peor evaluados de Latinoamérica con apenas el 13 % de aceptación. En ambos países, tanto Lasso como Boluarte enfrentan una fuerte crisis política.
Aunque en los diez años de mandato de Rafael Correa, el ex presidente siempre contó con una mayoría legislativa favorable a su administración, en Ecuador hay casos de mandatarios que, incluso con pocos legisladores, lograron impulsar sus proyectos políticos. Ese es el caso del ex presidente Sixto Durán Ballén, que gobernó entre 1992 y 1996.
Los escenarios
La Asamblea Nacional del Ecuador está integrada por 137 legisladores. Al igual que el Legislativo que fue cesado, este también estará formado por minorías pues ningún partido logro los suficientes escaños en las urnas para convertirse en mayoría.
En este contexto, luego de las elecciones del 20 de agosto, la bancada de la Revolución Ciudadana consiguió 52 curules, convirtiéndose en la primera fuerza dentro del congreso. La segunda minoría, conformada por 28 asambleístas, es la de Construye, el partido de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo y que impulsó a Fernando Villavicencio. Le sigue el Partido Social Cristiano con 17 legisladores. Esta bancada ha sido considerada como el partido bisagra, que se entiende como aquel “que participa alternativamente en pactos o coaliciones con fuerzas políticas de signo opuesto”, según el Diccionario panhispánico del español jurídico.
La Alianza Democrática Nacional (ADN), que respaldó la candidatura de Noboa, logró apenas 14 legisladores. Los otros 20 legisladores provienen de partidos que obtuvieron entre 1 y 8 curules. Entre ellos está el ex presidente Lucio Gutiérrez que anunció la creación de la Bancada Ética Política con 19 asambleístas independientes.
Según la ley de la función Legislativa, hay tres tipos de mayorías en el congreso ecuatoriano. La simple, que se forma con la mitad más uno de los legisladores presentes en una sesión; la absoluta, conformada por la mitad más uno que conforman el pleno (70); y la mayoría calificada, integrada por las dos terceras partes de los asambleístas (91).
En un primer escenario, Noboa entonces podría optar por coaligarse con el correísmo. De hacerlo contaría con 66 votos y necesitaría a 4 independientes para conseguir una mayoría absoluta.
Sobre una posible alianza, algunos cuadros del correísmo ya se han pronunciado. En un medio digital, la ex presidenciable Luisa González dijo que la Revolución Ciudadana (RC) ya ha tenido algunos acercamientos con el presidente electo. Asimismo, Pamela Aguirre, asambleísta reelecta del mismo movimiento, aseguró públicamente que la RC permitirá la gobernabilidad: “Nuestro apoyo permanente, querido amigo Daniel Noboa, para que tengas en la Asamblea los votos que sean necesarios para lograr empleo, seguridad y bienestar”, dijo Aguirre.
La analista Changuín sostuvo en el citado programa radial que: “Ellos (se refiere a la bancada de la Revolución Ciudadana) definitivamente llevan la voz de un gran segmento de ecuatorianos y solo por eso merecen el respeto de todos. Ellos ganaron curules son la primera minoría y es necesario conversar con ellos”. A pesar de este argumento en el Parlamento ya hay voces que han indicado que unirse con el correísmo no es una alternativa.
Con esa línea roja marcada por algunos legisladores aparece un segundo escenario: Noboa podría coaligarse con las otras minorías y no incluir al correísmo. Por ejemplo, podría lograr un consenso con la bancada de Construye, con el Partido Social Cristiano y los independientes aliados a Lucio Gutierrez. De hacerlo, lograría alrededor de 78 votos.
María Paula Romo, ex ministra de gobierno y líder de Construye, ha asegurado que no participará en una mayoría legislativa que incluya al correísmo. Esa, han dicho, es el límite que no cruzarán. En una entrevista con Teleamazonas, Romo explicó: “No creemos que el correísmo deba conducir los destinos del país. Tampoco seremos parte de una mayoría que le entregue al correísmo el destino de la Asamblea Nacional... No seremos ni apoyo incondicional ni oposición ciega”. A pesar de ello, Romo ha sostenido que: “Hay que darle viabilidad al Gobierno elegido por los ciudadanos”.
Por su parte, los legisladores de ADN han enfatizado que no aceptarán la impunidad como moneda de cambio en el Legislativo.
Una de las propuestas de campaña de Daniel Noboa fue la organización de una consulta popular, que servirá para impulsar reformas legislativas y que, en medio de los mencionados escenarios, funcionaría como una forma de destrabar la parálisis institucional entre ambos poderes del Estado. No obstante, Noboa también necesitará el respaldo partidario de otros movimientos políticos para hacer campaña por los cambios que proponga en la consulta.