El gobierno de Luis Arce destruyó en dos días 22 fábricas de droga en Chapare y detuvo a un narco de nombre Evo, aunque no Morales, en otro episodio de la pelea por la dirección y la candidatura del MAS.
Y el cocalero dijo por radio Kausachum Coca: “A veces me da pena las huevadas que hace el Lucho”, aunque luego pidió disculpas por la expresión, aclarando que se refiere a los errores que comete el presidente designado por él mismo para que sea candidato de su partido en 2020.
Morales mantiene sus acusaciones ante la justicia contra el hijo de Arce, a quien acusa de hacer negociados en la empresa estatal del petróleo, YPFB, mediante un “tráfico de influencias”.
Las respuestas del gobierno siguen siendo solapadas. Una de ellas fue la destrucción de 22 fábricas de droga en el vecindario del cocalero y la detención de un narco de nombre Evo Ramírez Méndez, nombre de pila muy raro en Bolivia. El surgimiento de ese nombre de atribuye a la presencia de un croata, de nombre Ivo, que fue amigo de la familia del cocalero. La madre decidió ponerle ese nombre a su hijo al bautizarlo, pero en su dicción aimara no dijo Ivo, sino Evo.
Además, el viceministro Jorge Silva lanzó un disparo certero contra Morales al asegurar que los grupos dedicados a avasallar tierras en Santa Cruz forman parte de mafias y clanes delincuenciales de los que también son integrantes ex autoridades del gobierno e incluso diputados de la línea del cocalero.
Aludía a los “interculturales”, agrupación creada por Morales para expandir los cultivos de coca en territorio de Santa Cruz mediante el asalto de tierras de propiedad privada o fiscal, en una estrategia para producir droga lo más cerca de la frontera con Brasil.
Silva creó una subcomisión para analizar el problema, porque el país está frente a “organizaciones criminales, en las cuales están involucradas ex autoridades, ex diputados que se han vuelto notarios, fiscales, jueces, policías, dirigentes vecinales y comunarios”.
Aseguró que esas organizaciones criminales operan en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Potosí.
Arce sigue cumpliendo un esquema de respuestas a Morales.
El sistema judicial, que era muy obediente de las órdenes del cocalero, ha comenzado a mostrarse equilibrado: la justicia ordenó al alcalde de San Ignacio de Velasco expulsar a los avasalladores de tierras de Bajo Paraguá, como lo había solicitado una diputada de Santa Cruz.
Además, en Tribunal Constitucional dio la razón a la gobernación de Santa Cruz en su disputa con el gobierno central por el manejo autónomo de los recursos acuíferos del departamento.
Esta pelea solapada se aproxima a un tema muy sensible a raíz de que los seguidores de Arce acusan a Morales de haber actuado con cobardía cuando huyó del país en 2019 después de que las elecciones amañadas habían sido anuladas.
Morales se ha dado por aludido y dice que en aquellos días todos fueron cobardes, incluido Arce, que se refugió en la embajada de México, y el propio vicepresidente, David Choquehuanca, que había viajado unos días antes a Venezuela.
De esa manera, los caudillos masistas admiten, al acusarse de haber sido cobardes en esos días, que aquello no fue un golpe, sino una protesta nacional que llevó a que los observadores de la OEA detectaran 27 formas de dolo en las elecciones en que Morales se proclamaba ganador.
El problema es que el relato del “golpe” llevó a la detención de Jeanine Áñez, del gobernador de Santa Cruz, de cinco generales de las Fuerzas Armadas y 250 personas más.
Las prolongadas detenciones “preventivas” están a punto de lograr que algunos generales presos acepten declararse culpables para ser sometidos a juicios abreviados y que se les condene a penas menores.
Pero los militares retirados denuncian que el gobierno ha pasado por encima de la existencia de los Tribunales Militares al someter a los oficiales a procesos de la justicia ordinaria.
La pelea de Arce y Morales sigue ofreciendo tensiones en Bolivia.
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