El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este viernes varios de los artículos de un proyecto de ley aprobado en septiembre por el Congreso sobre la demarcación de territorios indígenas, incluyendo el más importante, que limitaba el derecho de los pueblos originarios a las tierras de sus ancestrales.
El veto del líder progresista, que aún puede ser derribado por el Congreso, deja provisionalmente sin validez el llamado “marco temporal”, una tesis defendida por los propietarios rurales y que limita los derechos de los indígenas a las tierras que ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña.
La medida, en caso de que entre en vigor, dejará sin derechos a las comunidades indígenas que fueron expulsadas de sus tierras a la fuerza antes de la promulgación de la Constitución o a las que venían reclamando acceso a sus territorios originales y no lo habían conseguido hasta entonces.
Dicha tesis fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema a mediados de septiembre, pero una semana después el Senado ignoró la decisión de la máxima corte y la incluyó como su principal propuesta en el polémico proyecto de ley, ahora vetado parcialmente.
El jefe de Estado tenía plazo hasta este viernes para sancionar la iniciativa legislativa o vetarla y, en el tiempo límite, decidió vetar tan solo algunos artículos con el fin de no contrariar a los influyentes partidos oficialistas que apoyan la tesis del “marco temporal” ni a los congresistas que defienden los intereses de los propietario rurales.
“Veté hoy varios artículos del proyecto de ley 2903 de 2023 para dejarlo acorde con la decisión del Supremo Tribunal Federal sobre el asunto”, afirmó el mandatario en un mensaje que publicó en sus redes sociales y al justificar el veto al artículo principal.
El gobernante agregó que pretende dialogar con los legisladores y seguir trabajando para garantizar “seguridad jurídica” en torno a la propiedad de la tierra pero también “respeto a los derechos de los pueblos originarios”.
Pese a que los ministerios de los Pueblos Indígenas y de Medio Ambiente defendían el veto integral del proyecto de ley, parte del Gabinete consideraba que Lula no podía contrariar frontalmente al Congreso y desconocer la soberanía del Poder Legislativo.
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, aclaró que le veto al “marco temporal” obedeció a la necesidad de que las leyes “respeten integralmente la Constitución”.
“Todo lo que fue considerado inconstitucional fue vetado. Quedaron (fueron sancionados) algunos artículos (del proyecto de ley) que tienen coherencia con la política indigenista brasileña”, agregó.
Para la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajarara, el veto parcial del proyecto “es resultado de una victoria para los pueblos originarios, que se movilizaron para defender sus intereses y hacer valer la Constitución, que ya prevé reglas específicas sobre la delimitación de las tierras indígenas”.
Los influyentes partidos de centro y centro-derecha, que apoyan mayoritariamente la tesis del “marco temporal”, consideraron el veto como una nueva afrenta al Congreso, que ya venía quejándose de que sus funciones habían sido suplantadas por la Corte Suprema.
Los voceros de los propietarios rurales en el Parlamento ya iniciaron una campaña para convencer a los legisladores que derriben el veto de Lula, para lo que necesitan de mayoría simple, y hagan valer la decisión soberana del Legislativo.
Lula también vetó otros artículos polémicos del proyecto de ley, como los que flexibilizan la explotación de recursos naturales y el desarrollo de proyectos de infraestructura dentro de las tierras indígenas por parte de terceros.
Según los líderes indígenas, tales artículos abrían brechas para permitir la explotación mineral y la agricultura, así como la construcción de carreteras, hidroeléctricas y líneas de transmisión eléctrica dentro de sus territorios sin que se les consulte.
(Con información de EFE)
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