Estados Unidos y la OEA rechazaron la decisión judicial que habilita la represión a las protestas en Guatemala

(Washington, Estados Unidos) El 20 de octubre en Guatemala es un día histórico, porque se suele recordar la revolución encabezada por estudiantes, trabajadores y militares en 1944 que logró derrocar a un gobierno de facto y encaminar al país a las primeras elecciones libres y democráticas, que un año después derivaron en el comienzo de la presidencia de Juan José Arévalo.

A 79 años de la Revolución de Octubre la tensión otra vez se vive en el país. Esta vez no son los militares, pero sí los pueblos originarios de Guatemala los que, junto con estudiantes y trabajadores, lideran las protestas. Es probable que este viernes miles de personas salgan a las calles no solo para recordar ese día, sino para intensificar los reclamos para que renuncie la fiscal general, Consuelo Porras, dado que desde el Ministerio Público se lidera el asedio para que, paradójicamente el hijo de Arévalo, Bernardo, no pueda asumir la presidencia para la que fue electo en agosto, o al menos tenga más difícil la gobernabilidad.

Guatemala lleva casi 20 días de protestas lideradas por 48 cantones indígenas que tienen bloqueadas, calles, carreteras, pero en que en las últimas horas se han flexibilizado. La protesta que generó más polémica es la que llevan adelante frente a la sede del Ministerio Público. Este miércoles, luego de una orden judicial, los manifestantes liberaron pacíficamente el paso y retiraron carteles, pero seguirán allí en reclamo por la renuncia de Porras.

La mayor parte de las protestas han sido pacíficas. Solo se registraron incidentes cuando algunas personas intentaron infiltrarse en las manifestaciones para desvirtuarlas. Esta semana, todo se volvió más tenso luego que un grupo armado irrumpió en uno de los piquetes para intentar desalojarlos e ingresaron a los tiros, matando a una persona y dejando a otras dos heridas.

Pese a que los manifestantes flexibilizaron algunas de sus medidas, lo que siguió, lejos de bajar la tensión, solo la aumentó. El asedio de Porras empezó a dirigirse también hacia la Policía. La intención del Ministerio Público -y también del presidente en ejercicio Alejandro Giammattei que las hizo públicas en una cadena de radio y televisión- es que los piquetes se disolvieran.

Dentro del gobierno se encontraron un escollo. La Policía no reprimió en ningún momento y siempre apostó al diálogo pacífico, al punto que la actitud fue elogiada por la misión de mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) presente en Guatemala en un comunicado emitido la semana pasada.

Pero Porras presionó e inició una acción judicial para intentar que cayera el ministro de la Gobernación que es quien tiene en Guatemala a cargo la gestión policial. El MP pidió el lunes la destitución del ministro David Napoleón Barrientos y ese mismo día, antes que se ejecutaran acciones judiciales, el ministro dejó su cargo.

Además, la fiscalía tambíen avanzó por la vía legal. Planteó un recurso ante la Corte Constitucional (CC) en la que pidió que se amparara a la Policía para que pudiese usar la fuerza para disolver las manifestaciones. La CC dio lugar al amparo, lo que puede ser una carta blanca para que desde este jueves avance la represión en Guatemala. El miércoles, al liberar el ingreso al MP los manifestantes se movieron pacíficamente y no fue necesario usar la fuerza, pero el temor está en lo que suceda este viernes en las protestas masivas que se esperan por el 20 de octubre.

Una vez conocida la decisión de la CC varios países y organizaciones pusieron el grito en el cielo. La diplomacia de Estados Unidos lo hizo a través de Brian Nichols, el subsecretario del Departamento de Estado que se encarga de los temas de América Latina. “Deploramos la orden de la Corte Constitucional de Guatemala de expulsar por la fuerza a manifestantes pacíficos. Las acciones antidemocráticas del Ministerio Público y otros que buscan impedir que Bernardo Arévalo asuma el poder fracasarán”, escribió Nichols en la red social X.

El alto funcionario de Estados Unidos aseguró que su país usará “todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y de aquellos que intentan socavar la democracia”. Además, hizo “un llamado a todos a demostrar moderación, proteger el derecho de reunión pacífica y priorizar el diálogo”.

La OEA, que desde antes que se cumpliera una semana de las protestas tiene en Guatemala, a pedido del presidente Giammattei, una misión que busca mediar entre el gobierno y los manifestantes, también cuestionó la decisión.

Para esa misión el secretario general Luis Almagro designó al ex ministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla y a la secretaria Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Maricarmen Plata.

Los mediadores cuestionaron en un comunicado que pese a que la “tensión social fue cediendo en los últimos días con la flexibilización de los cortes de carreteras”, del otro lado lo que crece es la “radicalización” de las posturas en algunos organismos del Estado. “Han llegado incluso a acusar judicialmente a un ministro por mantener una actitud pacífica y prudente que, además, ha arrojado en la práctica excelentes resultados, sin enfrentamientos ni violencia”, dice la OEA en un comunicado.

Pese a que Barrientos renunció, Porras igual quiere imputarlo por no retirar por la fuerza a los manifestantes que protestaban frente a su sede y pedían su renuncia.

El aspecto central de la protesta social es que se respete el voto popular en primera y segunda vuelta, que derivaron en la elección de Arévalo como presidente desde enero del año próximo.

El Ministerio Público lleva adelante varias causas que intentan desvirtuar los resultados. En primer lugar quiere inhabilitar al Movimiento Semilla, partido de Arévalo, por unas supuestas firmas falsas presentadas en el año 2017 cuando se inscribió el partido.

Luego, también empezó a cuestionar los resultados de la primera vuelta y llegó a realizar allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el único que puede manejar los votos. Los fiscales abrieron cajas con los sufragios y luego incluso incautaron actas.

Tanto la misión de observadores de la OEA como la de la Unión Europea validaron que ni en primera ni en segunda vuelta hubo fraude, como quieren hacer indicar otros partidos, incluídos el del actual gobierno de Giammattei.

Se acerca otra fecha clave: el 31 de octubre. Ese día cae el amparo que la Corte Constitucional había fijado para que no se tome ninguna acción penal por parte del MP dado que termina lo que denominaron como el proceso electoral. Reina la incertidumbre de qué van a hacer los fiscales luego de esa fecha y cómo eso puede alterar la transición democrática.

La misión de mediación de la OEA señaló en su último comunicado que en las reuniones mantenidas con todas las partes “constató que el motivo de las movilizaciones, bloqueos y el rechazo ciudadano”, son las acciones de los fiscales y un juez, “que atentan contra la integridad del proceso electoral” y los resultados de las elecciones.

“Legítimo es protestar, legítimo es cuestionar, legítimo es también ejercer la autoridad, pero ninguna actitud que se apoye o fantasee con la violencia es legítima. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace muy poco tiempo se expresó en términos claros con resultados rotundos. Nadie se puede anteponer a esa decisión soberana de la ciudadanía”, dice otro fragmento del comunicado de la OEA.

Los manifestantes, liderados por los movimientos indígenas, han bloqueado algunos pasos pero sus protestas han sido pacíficas. También los desalojos.

Luego de la orden judicial de este miércoles 18, que fue comunicada por la Policía a los líderes indígenas, aceptaron abrir el paso en la puerta del Ministerio Público, pero decidieron quedarse allí para mantener los reclamos.

“Demostremos que tenemos educación, seamos la diferencia, seamos el porvenir de nuestra patria, para cambiar a esa gente debemos cambiar nosotros, la educación es la base fundamental de la diferencia entre ellos y nosotros”, dijo Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, según informó Prensa Libre de Guatemala. Si bien sacaron cartelería del edificio y abrieron el paso, aseguraron que seguirán allí protestando.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, realizó este miércoles una conferencia de prensa en la que también cuestionó la decisión de la Corte Constitucional. Dijo que ese desalojo solo “elevará la conflictividad” y “reduce las rutas pacíficas para encontrar la unidad y la estabilidad.

Acusó a “Porras y a sus golpistas” de seguir “atentando contra la ciudadanía y contra el proceso electoral” y pidió a la CC a asumir la responsabilidad en este momento histórico porque no se debe limitar la liberta de pensamiento, expresión y libre circulación.

El temor por la represión no solo es de la comunidad internacional. “La violencia no es un instrumento adecuado ni justo para la resolución de conflictos políticos que siempre deben ser abordados a través del diálogo y la conciliación”, dijo el presidente electo, que también convocó a un diálogo nacional con todos los sectores sociales, económicos y político del país para buscar una salida política a la crisis.