El presidente de Guatemala protege a su cuestionada fiscal general y deja viva la crisis política que sacude al país

El presidente apenas se había referido a las protestas y bloqueos de carreteras que tienen semiparalizada a Guatemala desde hace dos semanas. Desde inicios de octubre, miles de guatemaltecos han salido a plazas, carreteras y centros comerciales a exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, por sus intentos de revertir los resultados de la elección presidencial de agosto pasado que dejó como ganador a Bernardo Arévalo, un progresista moderado de oposición. Desoyendo a las calles y reclamos de la comunidad internacional, el actual mandatario, Alejandro Giammattei, rompió el silencio hace unos días para tomar el lado de Porras, la fiscal a la que él nombró en mayo de 2022.

La apuesta de Giammattei por la fiscal Consuelo Porras no llega como una sorpresa: el Ministerio Público (MP) que ella dirige ha enterrado al menos dos grandes investigaciones en las que el nombre del presidente aparece como principal sospechoso de recibir varios sobornos. También han trabado Porras expedientes de casos que reflejan malos manejos de otros funcionarios del gobierno guatemalteco actual.

El 9 de octubre pasado, poco después de las 7:00 p.m. hora local, la casa presidencial de Guatemala emitió en cadena nacional de televisión un mensaje de Giammattei, quien condenó actos aislados de violencia que habían ocurrido en la Plaza de la Constitución, en el corazón de Ciudad de Guatemala, la capital, minutos antes de su comparecencia. Su gobierno, dijo, no permitiría los desmanes y arrestaría a los responsables de los desórdenes.

Lo que no dijo Giammattei en su discurso es que quienes provocaron los disturbios no fueron los manifestantes que exigían la renuncia de la fiscal Porras, sino matones a sueldo que se habían infiltrado en las protestas. Así lo reconoció, minutos después de la alocución presidencial, el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, quien aseguró que los desórdenes en la plaza central de la capital habían sido provocados por “infiltrados”.

Antes de la cadena televisiva del presidente, al menos dos mandos policiales habían dicho lo mismo, que quienes estaban detrás de los desórdenes eran infiltrados ajenos a las protestas, que hasta el 9 de octubre habían sido completamente pacíficas. La cuenta oficial de la red social X de la Policía Nacional Civil (PNC) incluso realizó publicaciones en las que se hacía eco de esa versión; después del discurso presidencial, sin embargo, los posts de la policía fueron borrados.

Giammattei, en su intervención, insinuó que Bernardo Arévalo, el presidente electo, había alentado las protestas y que, con ello, había puesto en peligro la seguridad, economía y suministros de insumos básicos a los centros de salud del país, en referencia a los bloqueos de carreteras en varios puntos del territorio guatemalteco.

La intervención de Giammattei siguió a una que la fiscal general Porras había hecho en horas de la mañana del 9 de octubre a través de un vídeo de 8 minutos colgado en las redes sociales del Ministerio Público en el que la funcionaria exigía al gobierno actuar contra las manifestantes que, en la calle, exigen su renuncia.

Todo esto ocurre en una coyuntura de protestas callejeras protagonizadas por movimientos ciudadanos e indígenas que exigen la renuncia de Porras por los intentos del MP que ella preside de revertir, por vías penales y administrativas, la decisión que los guatemaltecos tomaron en las urnas.

Las acciones del MP en el contexto electoral iniciaron poco después de la primera ronda de los comicios presidenciales, ocurrida el 25 de junio pasado. En esa ronda dos partidos pasaron a la segunda vuelta: la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de la candidata de centro derecha Sandra Torres, y el Movimiento Semilla, de centro izquierda, que candidateó a Arévalo. En el balotaje realizado el 20 de agosto Semilla ganó con un amplio margen.

Después de la primera ronda, el MP anunció que iniciaría una investigación penal a algunos miembros del Movimiento Semilla en un caso relacionado con supuestas irregularidades en la inscripción del partido. Luego, amparados en presuntas denuncias anónimas que fueron acuerpadas por Sandra Torres, la candidata perdedora, los fiscales de Porras abrieron otra investigación para determinar si Semilla y miembros del Tribunal Supremo Electoral habían cometido fraude. El MP llegó, incluso, a un extremo del que no se tiene noticia desde las dictaduras militares del siglo pasado: incautar urnas completas y hacerlas desaparecer.

Muy pocos en Guatemala y casi nadie en la comunidad internacional han comprado los argumentos del Ministerio Público. Gobiernos de países como Estados Unidos, Colombia, Chile o cuerpos regionales como la Unión Europea y multilaterales han condenado los intentos del MP por revertir el resultado electoral y han señalado a Porras y a los suyos de atentar contra la democracia.

Una de las voces más contundentes, en el caso guatemalteco, ha sido la de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien tras presidir sendas reuniones del consejo permanente y visitar personalmente Guatemala ha condenado sin equívocos las acciones del Ministerio Público. Lo que los fiscales de Porras han hecho en el contexto electoral, ha dicho Almagro, es “un ejemplo vergonzoso para el hemisferio” y “un ataque sin precedentes” a la democracia guatemalteca.

En septiembre, tras el primer allanamiento al tribunal electoral, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había dicho, desde su sede en Ginebra, que las acciones del MP generaban preocupación acerca del proceso electoral y el estado de derecho en Guatemala. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, por su parte, se reunió en Washington con el presidente electo Arévalo a principios de octubre y se solidarizó con el pueblo guatemalteco que “enfrenta a los esfuerzos de quienes quieren “impedir la transición democrática del poder”.

Desde Guatemala, Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana, habla sobre los motivos del MP para obstaculizar la transición y del presidente Giammattei para no exigir la renuncia de Consuelo Porras.

“Tanto Giammattei como Porras son la cabeza del llamado pacto de corruptos (como la prensa y la academia guatemaltecas han llamado a la alianza heterogénea que incluye a los políticos y empresarios que gobiernan el país desde hace tres décadas). Sin ellos quedan sin protección todos los abusos de poder y saqueos del erario. O sobreviven juntos o caen juntos, esa es su consigna”, asegura Marroquín.

Las acciones del presidente también han llamado la atención de Stephen MacFarland, un exdiplomático estadounidense que sirvió como embajador en Guatemala entre 2008 y 2011, cuando en el país centroamericano funcionaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), una especie de fiscalía supranacional auspiciada por el gobierno guatemalteco de entonces y por Naciones Unidas que dio apoyo político y técnico al Ministerio Público local para investigar y llevar a los tribunales a empresarios, políticos y funcionarios acusados de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y otros crímenes de gran calado. MacFarland fue un apoyo importante para CICIG y esas investigaciones.

“Giammattei Intenta terminar las protestas, dividir a la oposición, ignorar a los manifestantes, entrampar a Arévalo, sabiendo que la fiscal general le dará el golpe a la elección. Si Giammattei y el CACIF (empresa privada) no rompen con la fiscal no hay solución”, apuntó MacFarland en su cuenta X.

El jueves 12 de octubre hubo otra intentona de generar zozobra. Ricardo Méndez Ruiz, un operador de la ultraderecha que ha acompañado a través de una fundación que él preside procesos penales contra críticos del gobierno, utilizó sus redes sociales para esparcir una narrativa según la cual simpatizantes de Arévalo intentarían quemar el palacio nacional, en el centro de la capital. Nada de eso pasó.

Lo que sí ocurrió fue que líderes indígenas de la organización conocida como los 48 cantones de Totonicapán, se plantaron en la casa presidencial para exigir una reunión al presidente y plantearle la destitución de la fiscal Porras. La reunión duró más de tres horas y terminó sin acuerdos definitivos: los líderes dijeron a los manifestantes concentrados fuera del palacio que aflojarían los bloqueos para permitir el paso de algunos insumos básicos, como alimentos y gasolina, pero reiteraron que mantendrían la protesta hasta que la fiscal Porras renuncie. La posición de los liderazgos indígenas es relevante en un país donde más de la mitad de la población es de origen maya.

Por ahora, mientras Consuelo Porras siga en su puesto, Guatemala, que es la principal economía de Centroamérica, seguirá sumida en la inestabilidad. Por ahora.

El espaldarazo del presidente Alejandro Giammattei parece ser la principal salvaguarda de la fiscal Porras y de su alto mando en el Ministerio Público. Esa relación entre el mandatario y la jefa de fiscales ha marcado de muchas maneras la vida política de Guatemala en los últimos dos años.

A Porras la eligió el antecesor de Giammattei, el presidente Jimmy Morales, él mismo investigado por supuestos actos de corrupción, financiamiento electoral ilícito y negligencia en un incidente que provocó la muerte a 42 niñas en un resguardo público para menores. A partir de 2018, un año antes de terminar su mandato, Morales empezó a desmantelar la infraestructura fiscal y de investigación que Guatemala había montado con ayuda de la comisión internacional contra la impunidad y que había, entre otras cosas, permitido encarcelar a expresidentes y empresarios acusados de gran corrupción.

Después de que Morales la eligió por primera vez, Porras también empezó a dar marcha atrás en las investigaciones de alta corrupción e inició el desmantelamiento gradual de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad élite que llevó los casos más sensibles. En 2022, agobiado ya por investigaciones de FECI que lo ponían en el centro de escándalos de corrupción, Alejandro Giammattei, presidente desde 2020, reeligió a Porras.

En junio de 2022, tras recibir el testimonio de un exagente de inteligencia estatal que proveyó seguridad privada a una delegación de mineros rusos y kazajos en varios puntos del país, la FECI abrió una investigación a Giammattei. El testigo aseguró a los fiscales que los empresarios extranjeros habían entregado un soborno millonario al presidente. Las pesquisas posteriores llegaron a establecer que el motivo del soborno era garantizar la concesión de permisos de extracción de níquel y otros minerales en el este del país y una concesión beneficiosa en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en el Caribe guatemalteco.

Porras destituyó al jefe de la FECI que supervisaba las investigaciones, el fiscal Juan Francisco Sandoval, y nombró sustituto a Rafael Curruchiche. Una de las primeras cosas que hizo Curruchiche fue pedir a todas las fiscalías a su cargo información sobre la investigación de los rusos y el presidente. El expediente terminó enterrado; ese y otro abierto por un supuesto soborno que Giammattei recibió de un exfuncionario.

Al final, además de dar carpetazo a las pesquisas que involucraban al presidente, Porras y Curruchiche emprendieron una persecución sin precedentes contra los fiscales que, como Juan Francisco Sandoval, habían puesto los ojos en los malos manejos del poder político guatemalteco. La cacería de brujas ha incluido a dos docenas de exoperadores de justicia y a varios periodistas. Cinthia Monterroso, subalterna de Curruchiche, lideró la persecución de José Rubén Zamora, uno de los periodistas más influyentes del país y de los que más de cerca investigó la trama del soborno ruso.

Acaso viéndose en el espejo de su antecesor, Jimmy Morales, que al salir del poder logró escapar a la acción penal solo porque juramentó a última hora como diputado del Parlamento Centroamericano y con ello se blindó de eventuales procesos judiciales. Acaso, como dice Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, consciente de que su futuro está atado al de la fiscal general Porras. Como sea, el presidente Alejandro Giammattei sigue por ahora plantando cara por la jefa del Ministerio Público.

Lo cierto es que a Giammattei y a sus funcionarios les quedan poco más de tres meses en el poder, que el presidente electo, Bernardo Arévalo, ya dijo que pedirá la renuncia a la fiscal Porras, y que la presión de líderes indígenas y manifestantes para que Consuelo Porras renuncie aumenta en las calles de Guatemala.