Cómo Rafael Correa se apoderó del Consejo Electoral de Ecuador y le quitó autonomía

La credibilidad en los procesos electorales y en los resultados de estos es clave para la estabilidad política y el fortalecimiento de las democracias. Los escenarios que puedan provocar dudas sobre la decisión de los sufragantes en las urnas son conducentes a la inestabilidad social y de gobernabilidad, así lo indican los ocho autores del libro De Simon a Atamaint: El Consejo Nacional Electoral en tiempos de la Revolución Ciudadana.

La investigación, que analiza el periodo comprendido entre el 2008 y el 2021, plantea la hipótesis de que “el organismo electoral fue cooptado desde sus orígenes y utilizado de acuerdo a los requerimientos del proyecto gobernante, provocando una generalizada desconfianza en los procesos electorales y efectos negativos en el sistema político ecuatoriano”. El rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN) y uno de los autores, Patricio Haro Ayerve, durante la presentación de la obra académica, destacó la importancia de la confianza en el órgano encargado de las elecciones y resaltó que “el voto en toda democracia es el sustento de la misma y da fortaleza al poder político y lo legitima a él y a las autoridades que lo representan a través de la voluntad del pueblo”.

Para la elaboración de los capítulos los ocho autores utilizaron una metodología descriptiva para comprender algunas características sobre la selección, composición y labor del Consejo Nacional Electoral. Según se explica en la obra, los datos del estudio provienen de libros sobre sistemas electorales, artículos y ensayos publicados en revistas especializadas. A esto se suma la información contenida en los sitios web del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Constitución del Ecuador, el Código de la Democracia, leyes secundarias, archivos de la Asamblea Nacional Constituyente, periódicos, revistas, documentos, audios y videos.

Cada capítulo, redactado como ensayo académico, revisa y describe la gestión de cada una de las administraciones del Consejo Nacional Electoral y detalla cómo, en cada periodo, han existido irregularidades, opacidades en las designaciones de funcionarios, entre otras. Los autores destacan cómo el CNE sirvió para los intereses de Rafael Correa y su partido, que gobernaron Ecuador entre el 2007 y el 2017 y cómo se debilitó a ese órgano estatal que solo ha replicado las prácticas de sus antecesores.

La investigación genera una alerta regional pues lo sucedido en Ecuador, con la captación del poder electoral por parte del gobierno de turno, también ha pasado en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y su germen amenaza con extenderse por toda la región.

Cuando Rafael Correa asumió el mandato instaló una Asamblea Constituyente que se encargó de redactar la Constitución que aún está vigente en Ecuador. La Carta Magna fue expedida en Montecristi, en Manabí, en el año 2008. De acuerdo con uno de los autores del libro, el doctor en filosofía y derecho, Diego Zambrano, de la Universidad Internacional; el proceso constituyente incluyó a los sectores sociales históricamente marginados, pero resultó en una propuesta que concentró el poder en la Presidencia de la República y en los grupos políticamente mayoritarios.

El análisis de Zambrano, que se recoge en el primer capítulo de la obra, se centró en los años de gestión de los consejeros entre el 2009 y el 2011, presididos por Omar Simon. Durante su gestión, Simon tuvo que recomponer el órgano administrativo de la Función Electoral para adecuarlo a lo dispuesto en la Constitución de Montecristi. Según Zambrano, esto “fue cumplido al apuro, considerando la premura con la que tuvo que organizar y llevar adelante un proceso electoral para la designación de autoridades nacionales y locales”.

Entonces se llevó a cabo la designación del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano de control creado a partir de la Constitución del 2008 cuya composición debería ser estrictamente ciudadana y alejada de sesgos partidarios, pero cuyos miembros han estado vinculados con distintos partidos políticos: “La designación del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con una mayoría afín al movimiento gubernamental (de Rafael Correa) fue determinante para manejar los concursos de selección y designación de autoridades de las instituciones del Estado y con ello asegurar la cooptación total del aparataje estatal”, explica Zambrano en su artículo. En una entrevista de Simon del 2010, publicada por El Universo, ya se cuestionaba al funcionario por vinculación política de los aspirantes calificados a integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, Simon defendió a los postulantes y al proceso.

Para Zambrano, la “íntima relación (de Simon) con el gobierno de turno fue manifiesta a lo largo de todo su período, lo que despertó serias dudas y desconfianza en la población sobre los resultados electorales, sobre todo en el proceso de consulta popular y Referendo del año 2011″. Prueba de la buena relación con el correísmo, Simon fue designado como Secretario de la Presidencia en el 2014. Asimismo, en el 2017, cuando Lenín Moreno, que sucedió a Correa, ganó las elecciones y hubo denuncias de fraude, Simon fue uno de los principales defensores del correísmo.

El portal 4Pelagatos, en un artículo de opinión del 2017, indicó que “Simon se ha convertido en el más entregado y fiel soldado de la lucha para legitimar los resultados del CNE en calidad de experto electoral cuando es, en realidad, un funcionario de la Presidencia de la República”. Además lo calificaron como “el mejor alfil posible de la estrategia electoral de Correa y Alianza País”.

El investigador Zambrano concluye que “producto de las actuaciones sospechosas y sesgadas quedó una institución sin credibilidad, servil a los intereses del gobierno”.

El autor y compilador de la investigación, Klever Herrera, doctor en Estudios Andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), abordó la gestión del Consejo Nacional Electoral presidido por Domingo Paredes e integrado por Paúl Salazar, Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís y Roxana Silva, a quienes describió como “personajes desconocidos, sin trayectoria pública, sin conocimientos, ni experiencia en procesos electorales”.

En su investigación, Herrera pone en evidencia algunos de los escándalos electorales sucedidos entre el 2011 y el 2015. Entre ellos se incluyen las firmas falsas utilizadas en la reinscripción de organizaciones políticas; la demora en la transmisión de resultados electorales, los proyectos emblemáticos; y la negación de la consulta popular del Colectivo Yasunidos. Estos eventos demuestran, según el académico, que “el CNE fue parte del engranaje político- institucional de la Revolución Ciudadana que tuvo efectos negativos en la democracia”.

Los consejeros designados en el 2011 “fueron elegidos gracias a la manipulación de los concursos efectuados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, explica el autor. La sumisión de los consejeros hizo que el CNE no cumpla el rol de árbitro y que no mantenga su condición de neutralidad pues “pasó a integrar el aparataje institucional que la Revolución Ciudadana requería para posibilitar y legitimar los cambios aspirados”, se lee en la investigación.

Para Herrera, los problemas técnicos, equivocaciones, retrasos o dilaciones de la administración de Domingo Paredes, como las firmas falsas para la reinscripción de organizaciones políticas, la negación de la consulta popular del Colectivo Yasunidos o la demora en presentar resultados electorales; no fueron accidentales: “por el contrario, era evidente que la autoridad electoral cumplía con las orientaciones del movimiento gubernamental (de Rafael Correa), más allá de la afectación a su credibilidad institucional y a la democracia”.

En junio de 2016, Domingo Paredes se afilió al movimiento de Rafael Correa, el extinto Alianza PAIS.

En enero de 2015 se renovó parcialmente el Consejo Nacional Electoral. Paúl Salazar había sido electo como presidente y estaba acompañado por los consejeros Mauricio Tayupanta, Gloria Toapanta, Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís, estos dos últimos, así como Salazar, fueron parte del CNE de Domingo Paredes. Sin embargo, ocho días después de la designación, Salazar pidió que se reconsidere su nombramiento y Juan Pablo Pozo asumió la Presidencia del órgano electoral, acompañado por Nubia Villacís como vicepresidenta. Según la magíster en Ciencias Jurídicas, Margarita Mayorga, y el activista Marco Herrera, autores del tercer capítulo de la investigación; la fugaz presidencia de Salazar reveló una disputa de las facciones de Alianza PAIS “por tener la dirección del organismo electoral con el objetivo de demostrar que la concentración de poder”.

Esa pugna por la disputa de la presidencia del Consejo Nacional Electoral demostró, según los investigadores, “que no existía independencia ni autonomía” en la institución y revelaba “que las decisiones trascendentes de todo tipo, desde las administrativas hasta las organizativas electorales venían desde fuera de su seno, probablemente desde el Ejecutivo”.

En ese escenario no fue sorpresa que la elección de Juan Pablo Pozo en la presidencia del CNE, como reemplazo de Paúl Salazar, generara inquietud política. A Pozo se lo recuerda, entre otros casos, por las elecciones presidenciales del 2017, cuando luego de un apagón en el sistema de transmisión de resultados, Lenín Moreno pasó a encabezar la contienda electoral en contra de Guillermo Lasso, que luego denunció que hubo fraude electoral.

El Especialista en Seguridad y Desarrollo, Eduardo Prócel, y el politólogo y parlamentario andino, Pablo Mera, fueron los autores de la investigación del periodo de Pozo al frente del CNE. Para los investigadores la presidencia de Pozo “fue determinante para cerrar el círculo de cooptación institucional y de consolidación del proyecto político de la Revolución Ciudadana”. En su análisis recuerdan el concurso de oposición y méritos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana que resultó conformado por consejeros que tenían relación directa con el correísmo. Fueron esos miembros del CPCCS los que nombraron a autoridades de control como el Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, entre otros que tenían vínculos con Alianza PAIS.

Prócel y Mera también se refieren en su artículo académico al proceso electoral del 2017 que “tuvo muchos indicios de ser fraudulento, tanto que debieron recurrieron a la Fiscalía General del Estado para aplacar la agitación social y a la figura de Rafael Correa para intentar convencer a la ciudadanía que no hubo nada irregular”. El denominado “apagón informático” ocurrido en el balotaje “incrementaron las dudas y se ratificaron en meses posteriores con la aparición de la grabación de Eduardo Mangas, alto funcionario de PAIS, donde se acepta que se perdió las elecciones”, señalan los autores.

Pozo fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito al final del gobierno de Rafael Correa, lo que se asumió “como una retribución presidencial a los procesos electorales manoseados y a la sumisión institucional”.

Cuando Lenín Moreno se convirtió en presidente de la República, convocó a consulta popular y Referendo el 4 de febrero de 2018. Este fue el punto de quiebre entre Moreno y Correa. En la consulta, el entonces presidente planteó la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la implementación de un CPCCS transitorio. Esta etapa se veía como una transición entre las instituciones politizadas y el orden, según explica el doctor en Ciencias Sociales por la FLACSO y rector del IAEN, Patricio Haro, que también analizó al CNE para la obra en mención.

Para el investigador, Moreno utilizó el referéndum para posicionar la idea que su gobierno era de transición. Sin embargo, “eliminar la reelección indefinida y la reestructuración de las instituciones del Estado, empezando por el instrumental Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solamente sirvieron para maquillar los problemas de fondo del sistema político ecuatoriano y no para promover cambios trascendentales”, señala Haro.

Bajo la presidencia de Nubia Villacís, el CNE tuvo que convocar a la consulta popular planteada por Moreno. Villacís se principalizó en reemplazo de Pozo en noviembre del 2017, pero fue cesada de su cargo en julio del 2018, junto a los otros consejeros electorales, por falta de probidad, incumplimiento y abuso de funciones. La magíster en Comunicación, Doris Olmos, evaluó la gestión de Villacís y concluyó que aunque “se deslindó de la facción correista de Alianza PAIS, hizo acercamientos con el gobierno y trató de evidenciar imparcialidad en el manejo de la consulta popular 2018, sin embargo, el Informe preliminar de los expertos de la Organización de Estados Americanos puso en evidencia varios problemas complejos que eran responsabilidad directa del organismo electoral”.

Después de Villacis, Gustavo Vega estuvo al frente del Consejo Electoral entre agosto y noviembre de 2018. Luego asumió Diana Atamaint, quien actualmente preside el órgano.

Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Luis Verdesoto asumieron las funciones de consejeros electorales el 20 de noviembre de 2018. La expectativa ciudadana frente a nuevo CNE era evidente considerando la coyuntura del momento. Moreno había roto con Correa y aparecía un “contexto reinstitucionalizador”, según el investigador Herrera. Sin embargo, desde el primer día, las pugnas internas dentro del Consejo Electoral presagiaban lo que sería común en su gestión: “Los conflictos internos fueron incesantes hasta que repentinamente, en las elecciones del 2021, volvió la armonía institucional”.

Según el académico Herrera, los nuevos consejeros no pudieron superar el pasado politizado de la institución, no impulsaron transformaciones profundas que garanticen procesos electorales, libres, transparentes y competitivos. Desde su nombramiento los cuestionamientos entre consejeros han sido persistentes y han incluido denuncias de prácticas poco transparentes y de corrupción.

Si bien el capítulo analiza las pugnas, las elecciones seccionales del 2019 y el juicio político en contra de Diana Atamaint; el autor resalta que las elecciones del 2021 marcaron el fin de las pugnas internas, de las denuncias de corrupción y de las discrepancias entre consejeros. Herrera pone especial énfasis en que “apenas se proclamaron los resultados de la segunda vuelta, Luis Verdesoto renunció a su cargo y en pocas semanas fue nombrado asesor presidencial (del gobierno de Guillermo Lasso)”. El investigador concluye que “los consejeros electorales dieron continuidad a las peores prácticas heredadas de sus antecesores”.

Según la encuestadora CEDATOS, en junio de este año, solo 4 de cada 10 diez ecuatorianos confían en el Consejo Nacional Electoral. A una semana del balotaje para definir quién concluirá el periodo de Guillermo Lasso, el órgano electoral sigue siendo cuestionado. Lo más reciente fue la anulación de las elecciones de legisladores en el exterior, pues el 20 de agosto la plataforma de voto telemático recibió ataques cibernéticos y los consejeros decidieron repetir la votación de forma presencial. A pesar de los intentos, los ciudadanos aún observan en el CNE un manto de opacidad que genera suspicacias que afectan a la estabilidad democrática.