Emergencia en la Amazonia: sequía, incendios, falsos créditos de carbono y riesgo de perforación petrolera

Desde unas semanas la Amazonia corre el riesgo de convertirse en un boomerang para el gobierno de Lula. Protagonista de todos los discursos oficiales del presidente en el extranjero y punto central de su agenda internacional y de sus promesas de reducir a cero la deforestación, la Amazonia vive actualmente su fase más trágica en años.

En septiembre la región registró el segundo mayor número de incendios desde 1998, la escalofriante cifra de 6.991, según revelan los datos del Programa de Combustión del Inpe, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Y el país espera ahora con impaciencia los datos del Proyecto de Monitoreo Satelital de la Deforestación de la Amazonia Legal (PRODES), siempre del Inpe, los únicos utilizados como referencia científica internacional y capaces de definir con certeza la tasa de deforestación, a la que siempre están asociados los incendios.

Hasta ahora solamente se han revelado los datos del Sistema de Detección de la Deforestación en Tiempo Real (DETER), que sólo revelan las alertas de deforestación. Como también se indica en el sitio web del Inpe, “la primera presentación de los datos PRODES tiene lugar en diciembre de cada año, en forma de estimación, cuando normalmente se procesa alrededor del 50% de las imágenes que cubren la Amazonia legal. Los datos consolidados se presentan en el primer semestre del año siguiente”. Pero este año, extrañamente, todavía no se han revelado.

A este panorama se añade la segunda mayor sequía de los últimos años, que está acabando con la flora y la fauna de la región y causando enormes daños a la población. Según estimaciones del gobierno, hasta 500.000 personas están afectadas. Algunas comunidades indígenas han permanecido totalmente aisladas. Según informa el Instituto Mamirauá, vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información (MCTI), ya han muerto al menos un centenar de delfines. Hasta ahora el gobierno ha invertido 138 millones de reales, unos 26,7 millones de dólares en obras de dragado para mejorar la navegabilidad de los principales ríos.

La actual sequía podría superar la megasequía de 2005. En aquella ocasión, el estado de Amazonas entró en situación de calamidad pública debido al bajo nivel de los ríos. Hubo escasez de alimentos, combustible, energía y agua. Estos días, según ha denunciado el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima del partido Unión Brasil, que ya ha declarado el estado de emergencia, faltan ya alimentos y agua potable. El vicepresidente Geraldo Alckmin, que visitó la región dio luz verde a la utilización de las centrales termoeléctricas para garantizar energía a las regiones afectadas por la sequía.

En el estado de Amazonas, más de 50 municipios se encuentran ya en situación de emergencia, incluida la capital, Manaus. Para la Defensa Civil del Estado, las ciudades más afectadas por el bajos niveles de agua se encuentran en los cauces de los ríos Juruá y Solimões, en las regiones de Alto y Médio Solimões.

Agosto, septiembre y octubre son normalmente el período de pocas lluvias en la Amazonia pero la actual sequía se ve agravada por El Niño, el calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial. Para empeorar las cosas, ese fenómeno climático no sólo es más fuerte este año, sino que sus efectos también se ven potenciados por el calentamiento del Atlántico Norte tropical. Además, el calentamiento de las aguas oceánicas desencadena un mecanismo de acción similar sobre la selva, es decir una reducción de las precipitaciones en toda la región, según el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA). Como consecuencia, se retrasará el inicio de la temporada de lluvias en la Amazonia, que debería empezar en noviembre.

En un contexto tan frágil, la aprobación la semana pasada del Ibama, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, para que la petrolera nacional Petrobras busque petróleo en dos bloques del llamado Margen Ecuatorial brasileño, más concretamente en la Cuenca del Potiguar, frente a las costas de Río Grande del Norte, ha suscitado debates.

El Margen Ecuatorial es una región marítima que se extiende desde Guyana hasta el estado de Río Grande del Norte, en Brasil. También incluye la desembocadura del río Amazonas, cuya exploración petrolífera fue denegada por el Ibama el pasado mes de mayo, no sin polémica. Incluso intervino Lula, que dijo en el G20 en India que “Brasil no detendrá las perforaciones exploratorias en el Margen Ecuatorial”. El temor de las asociaciones ecologistas es que esta licencia concedida por el Ibama abra ahora la puerta a perforaciones en aguas de la Amazonia. No es casualidad que el lunes el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, dijera que estaba seguro de que el Ibama concedería la licencia de exploración en la desembocadura del Amazonas. “Estoy seguro de que obtendremos la licencia, con todos los requisitos cumplidos. Si Guyana tiene petróleo, como Surinam, y si las formaciones indican que nosotros también podemos tenerlo, Brasil tiene derecho a saberlo. Después vendrá la segunda decisión, si producirlo o no”, dijo Prates en una entrevista al canal TV Cultura.

Es precisamente el modelo de Guyana el que ahora parece haberse convertido en la referencia para justificar la exploración en la Amazonia. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), este año la economía de Guyana, gracias al petróleo del Margen Ecuatorial, se situará entre las de mayor crecimiento del mundo, en torno al 38%. Guyana, según estimaciones de las compañías petroleras del territorio, tiene reservas de 11.000 millones de barriles de petróleo en su región costera. Brasil tiene 14.800 millones de barriles de reservas probadas y otros 49.000 millones de barriles de reservas probables o posibles, según la Agencia Nacional del Petróleo (ANP). El Ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, entusiasmado con esta primera licencia en el Margen Ecuatorial, trató de mitigar la polémica señalando los beneficios sociales que la exploración podría llevar a los habitantes de la región. “Una vez confirmado el potencial de la exploración, tendremos garantizados más recursos para la salud, la educación y el desarrollo de la región a través del Fondo Social”, afirmó.

Ningún comentario, sin embargo, de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva que, según una reciente denuncia del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, ha sido debilitada por el actual gobierno en las competencias que se le atribuyen, con el riesgo de que esto repercuta negativamente en las políticas medioambientales en la Amazonia. A mediados de año, Marina Silva perdió la responsabilidad del Registro Ambiental Rural, que fue transferido al Ministerio de Gestión. El registro se utiliza, recordamos, para cartografiar el acaparamiento de tierras y las zonas deforestadas. Además, la Agencia Nacional del Agua pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Regional, mientras que Marina Silva también perdió el Sistema Nacional sobre el Saneamiento Básico y sobre Gestión de Residuos Sólidos y el Sistema Nacional de Gestión del Agua. También sobre la decisión de la Abogacía General de la Unión (AGU) de crear un comité para tomar decisiones conciliadoras sobre la exploración petrolífera en la Amazonia en las últimas semanas, Marina Silva dijo no haber sido informada.

El riesgo de su dimisión en caso de que desde arriba se decidiera perforar en la Amazonia sería enormemente perjudicial no sólo para la imagen de Brasil, sino también para la credibilidad de algunos importantes proyectos medioambientales, como el mercado de créditos de carbono. Precisamente en los últimos días un enorme escándalo ha salpicado a los créditos de carbono de la Amazonia. Cinco empresas brasileñas y tres extranjeras, una estadounidense, una canadiense y una británica, utilizaron tierras públicas, sin autorización del gobierno de Pará, para obtener beneficios irregulares con la venta de créditos de carbono a multinacionales, según una denuncia de la Defensoría Pública del estado en el Norte de Brasil. Los créditos generados fueron utilizados por grandes empresas e incluso por un equipo de fútbol inglés para compensar emisiones. Las comunidades locales afirmaron no haber recibido ningún beneficio.

Patrizia Tomasi-Bensik, de Planck E y consultora durante 14 años de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC en inglés) explicó a Infobae que “mientras no exista una organización internacional seria que garantice la calidad de los créditos de carbono, este tipo de problemas surgirán cada vez con más frecuencia. Los proyectos en el mercado voluntario ya no tienen una referencia técnico-científica y el VCS, el Verified Carbon Standard, es el estándar más corrupto del planeta con el 90% de sus créditos totalmente falsos”. Precisamente el miércoles, el Senado brasileño aprobó un proyecto de ley para regular el mercado de créditos de carbono. El objetivo de un mercado regulado es reducir el carbono en la atmósfera. En la práctica, el gobierno limita la cantidad de gases de efecto invernadero que pueden emitir determinados sectores económicos y concede “licencias” a las empresas.

La paradoja es que en el texto aprobado en el Senado, el sector económico que más gases de efecto invernadero emite en Brasil, el agronegocio, quedó completamente al margen. Una enmienda al informe final acordada entre el gobierno federal y el FPA (Frente Parlamentario Agropecuario) excluyó al agronegocio de tener que medir y controlar sus emisiones de carbono, como tendrán que hacer la industria, la producción de energía y otros segmentos.

Según el Seeg (Sistema de Estimación de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero), dependiente del Observatorio del Clima, la agroindustria es responsable del 25% de los gases de efecto invernadero del país. La propuesta pasará ahora directamente a la Cámara de Diputados, donde podría ser modificada. Sin embargo, con 300 diputados del lobby del agronegocio, es poco probable que el sector vuelva a ser incluido en el mercado regulado. “Hay expresiones absurdas en el texto de ley”, explica Patrizia Tomasi-Bensik, “como ‘el derecho a contaminar’, ‘la comercialización de toda la madera industrial’ y el ‘uso antropogénico de la tierra’, que hacen de este proyecto de ley algo de inútil porqué el riesgo de fraudes sigue siendo tan alto como lo ha sido hasta ahora”.