La Corte de Constitucionalidad de Guatemala respaldó este jueves la posibilidad de investigar y suspender penalmente a los partidos políticos que sean acusados de delitos relacionados con la ley contra la delincuencia organizada.
La decisión se produjo tras una consulta del Tribunal Supremo Electoral, luego de que el pasado mes de julio un juez penal decretara la suspensión del partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Según el fallo de la corte, solo los delitos vinculados a la delincuencia organizada podrán motivar la suspensión de un partido político por parte de un juez penal, quedando el resto bajo la competencia del tribunal electoral.
La medida fue criticada por varios sectores, debido a que da vía libre a que la Fiscalía intente suspender al Movimiento Semilla y a Arévalo de León.
“La Corte de Constitucionalidad acaba de tumbarse la última vía institucional. Le regaló Guatemala a un grupo de golpistas”, dijo el diputado Samuel Pérez Álvarez, del mencionado partido político, refiriéndose al fallo emitido este jueves por la noche.
La Fiscalía intervino desde julio pasado en el proceso electoral de Guatemala, con acciones como el decomiso de actas de votaciones y allanamientos al Tribunal Supremo Electoral.
El partido Movimiento Semilla está acusado de usar firmas falsas para su fundación en 2018, aunque las denuncias surgieron después de que Bernardo Arévalo pasara a la segunda vuelta en las elecciones generales de junio.
El caso se encuentra “bajo reserva”, una medida judicial que permite acceso al expediente solo a la partes involucradas. Sin embargo, al Movimiento Semilla no le han permitido ver la acusación pese a más de 30 solicitudes, de acuerdo a la agrupación política.
Fuentes diversas sostienen que la Fiscalía busca presentar el caso como una acusación por delincuencia organizada, cuando debería ser un tema administrativo.
Las acciones de la Fiscalía han provocado el bloqueo de carreteras desde el lunes por miles de ciudadanos, en su mayoría indígenas, que exigen la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público.
Porras y la cúpula de la entidad han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos dos años con el retiro de su visa, por “socavar” la Justicia en Guatemala.
“Aferrada al poder”
La fiscal general Consuelo Porras, se aferra a su puesto mientras se multiplican las manifestaciones en su contra en todo el territorio del país centroamericano, exigiendo su renuncia inmediata y la de su círculo más cercano.
“Este es un paro indefinido. No vamos a claudicar en esta lucha, pero es preocupante esa actitud aberrante de Porras que no atiende el llamado del pueblo”, explicó este jueves uno de los manifestantes frente a la sede del Ministerio Público.
El pasado martes la Fiscalía emitió un comunicado donde advertía que el platón frente a su sede pretende “bloquear” su labor investigativa.
Mientras tanto, el presidente electo, Bernardo Arévalo, volvió a Guatemala el miércoles por la noche, tras concluir una gira de reuniones con autoridades gubernamentales de Estados Unidos.
En la nación norteamericana, el académico de 63 años recalcó que en Guatemala existe “un golpe de Estado” en curso para evitar que tome posesión, tal y como dijo públicamente por primera vez el 1 de septiembre al acusar a Porras de llevar a cabo dicha conspiración.
(Con información de EFE y AFP)
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