Dos nicaragüenses opositores a Ortega están a punto de ser deportados desde Costa Rica: “Sería una sentencia de muerte”

Dos nicaragüenses que se declaran opositores al régimen de Daniel Ortega, podrían ser deportados a Nicaragua desde Costa Rica antes de este 22 de octubre, según la sentencia de un tribunal costarricense.

Reinaldo Picado Miranda y Douglas Gamaliel Pérez Centeno, este último también conocido como Gamaliel Álvarez, son dos exguerrilleros nicaragüenses que lucharon contra la revolución sandinista en los años 80, fueron apresados en Costa Rica y requeridos por el régimen de Ortega por el asesinato de dos personas y otros delitos en Nicaragua.

Bajo la letra de un antiguo tratado de extradición, firmado hace 130 años, entre Costa Rica y Nicaragua, el pasado 23 de junio el Tribunal de Juicio de Puntarenas resolvió “acoger y declarar con lugar la solicitud de extradición iniciada por Nicaragua”. El 22 de agosto un tribunal de apelaciones confirmó la orden de extradición y estableció un plazo de dos meses para que se cumpla.

Según la defensa de los dos extraditables, enviar a Nicaragua a estas personas es equivalente a una “sentencia de muerte” porque el sistema de justicia del régimen de Ortega no actúa apegado a ley y funciona con ánimo de venganza.

“Hay un desconocimiento de parte del tribunal de la realidad de lo que está sucediendo en Nicaragua, con informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con observaciones y recomendaciones a Managua sobre sus procesos de administración de justicia”, señaló a la revista Confidencial el abogado costarricense Daguer Hernández, quien está a cargo de la defensa de los dos nicaragüenses

Picado Miranda y Pérez Centeno son acusados por el régimen nicaragüense del asesinato de una policía y un trabajador administrativo durante el asalto al vehículo de una empresa cacaotera, entre otros delitos, en la comunidad Buena Vista, del municipio de El Castillo, Río San Juan, el 1 de octubre de 2022.

La policía muerta era parte de la escolta encargada de resguardar la camioneta de la empresa exportadora de cacao Agro Industrial El Río que llevaba cerca de medio millón de córdobas (unos 14 mil dólares) para el pago de sus trabajadores en la zona.

Según el informe de la Policía nicaragüense, la camioneta con el dinero fue interceptada a eso de la 4:30 de la tarde por un grupo de hombres armados con el propósito de asaltarla y se originó un tiroteo entre policías y asaltantes.

En el intercambio de balas fue alcanzada mortalmente la policía Aracely Marisol Díaz Salinas, de 20 años, y el trabajador administrativo de la empresa, Pedro Pablo Chavarría, de 56 años.

La Policía de Nicaragua acusa del asalto, los asesinatos y robo del dinero a una banda integrada por Ramón Antonio Argeñal Mendoza, René Navarrete Rivera, Serapio Ramírez Fernández, Pedro Javier Hernández Sandoval, Reynaldo Picado Miranda y Douglas Pérez Centeno.

Argeñal Mendoza, de 55 años, fue capturado en Managua y condenado a cadena perpetua y 103 años de prisión por los delitos de robo agravado, secuestro simple, crimen organizado, uso y tráfico de armas restringidas, asesinato agravado y asesinato frustrado.

En dos videos grabados y difundidos por los asaltantes se oye el intercambio de disparos y la reducción de la escolta policial. “Ríndanse cabrones. Están rodeados. Ríndanse malditos. Pongan las armas”, ordena una voz de los asaltantes, mientras policías y civiles son obligados a acostarse boca abajo y con las manos en el cuello.

“No somos delincuentes, somos luchadores en contra de esa pareja de demonios (se refiere a Daniel Ortega y Rosario Murillo) que están allá metiendo presos a los sacerdotes”, dice uno de los asaltantes en el video en el que se aprecia un cadáver a la orilla del camino.

Según la defensa, Picado Miranda y Pérez Centeno son dos opositores que participaron en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018, y en septiembre de ese año llegaron a Costa Rica a solicitar refugio, huyendo de la represión que se desató en Nicaragua para desmontar la protestas.

En abril de 2018, estudiantes nicaragüenses iniciaron una protesta contra el régimen de Daniel Ortega para suspender unas reformas a la seguridad social que consideraban abusivas. Las protestas derivaron en marchas multitudinarias de todos los sectores sociales que pedían la renuncia de Ortega y el paso a elecciones libres.

A la par de las marchas ciudadanas, se levantaron unos cien “tranques” (barricadas) en distintas carreteras y calles que casi paralizaron todo el país. Ortega ordenó a la Policía y a un ejército de paramilitares improvisado con sus simpatizantes, que desmontaran las protestas a balazos. El saldo de la represión fue 358 muertos, más de mil presos políticos, y unos cien mil exiliados, según organismos de derechos humanos.

En declaraciones al diario La Prensa, Luis Fley, excomandante de la contrarrevolución y ahora en el exilio, reconoció a Reynaldo Picado Miranda y a Douglas Pérez Centeno como antiguos miembros de esa agrupación guerrillera, donde eran denominados con los alias de “Comandante Omar” y “Relámpago”, respectivamente.

Fley confirma que ambos participaron en las protestas y huyeron a Costa Rica en 2018. “Para la rebelión del 2018 ellos se involucraron en los tranques. Por eso la Policía los buscaba y ellos decidieron irse hacia Costa Rica dado el acoso y las amenazas. Son dos campesinos y dejaron abandonados sus cultivos”, declaró al diario nicaragüense.

Sin embargo, un experto nicaragüense en temas de seguridad consultado por Infobae, mostró sus reservas con este caso, pues, dice, “no se distingue la frontera entre la acción política y la delincuencial”.

“Son unas personas que sí son opositores, sí fueron contras, pero tanto en Nicaragua como en Costa Rica están involucrados en hechos delictivos”, afirma el experto que pide no se le mencione por razones de seguridad.

“Es un caso complicado porque tiene una connotación política, pero tambien tiene una connotacion de delincuencia y criminalidad común porque ellos estuvieron involucrados en un asalto donde robaron y mataron en Nicaragua y también cometieron delitos en Costa Rica, que es donde los detienen. Por eso es que el el sistema judicial de Costa Rica ha denegado las apelaciones y accedió a la solicitud de extradición”, añade.

Reconoce, sin embargo, que el caso puede sentar un precedente para la deportación de otros nicaragüenses en casos de naturaleza política.

A finales de agosto pasado, las autoridades migratorias de Costa Rica deportaron a 19 extranjeros, de los cuales 16 eran nicaragüenses, por “ingresar evadiendo puestos de control migratorio o contar con antecedentes penales”.

En mayo anterior, Costa Rica deportó otro grupo de 40 extranjeros, de los cuales 38 eran nicaragüenses.

La defensa de Picado Miranda y Pérez Centeno dice sostener una batalla legal para detener la extradición antes del plazo establecido por el fallo de Apelaciones, y ha presentado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Costa Rica.

Su esperanza es que antes del 22 de octubre, la sala de este máximo tribunal evalúe el caso de los dos nicaragüenses y le dé prioridad a la Convención Interamericana de Derechos Humanos por sobre tratado de extradición que existe entre Costa Rica y Nicaragua.