Siete senadores estadounidenses pidieron a Joe Biden sancionar a Rafael Correa por corrupción

Los senadores estadounidenses Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; Bill Cassidy, Marco Rubio, Bill Hagerty, Rick Scott, Tim Scott y John Cornyn dirigieron una carta al presidente Joe Biden para pedir que responsabilice al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa por cometer actos de corrupción y vulnerar derechos humanos.

Según los senadores, el Congreso de los Estados Unidos realiza esfuerzos legislativos bipartidistas para profundizar las relaciones bilaterales con Ecuador. Los representantes aseguraron que las relaciones entre ambos países han logrado avances significativos desde el 2017 “para fortalecer sus instituciones democráticas y promover el crecimiento económico”. En ese escenario, explicaron los senadores: “Creemos que se deben reforzar estas medidas bipartidistas responsabilizando inmediatamente al ex Presidente de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, por su participación en actos de corrupción significativa y violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador”.

Para esto, los representantes piden a Biden que utilice la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado para sancionar a Correa. Estos instrumentos restringen los viajes internacionales y suspenden el ingreso a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de ciertas personas que han cometido, participado en, o son beneficiarios de corrupción en el desempeño de funciones públicas. Además de considerarlos no elegibles para la visa estadounidense a los implicados en estos actos y a sus familiares directos.

En la carta, los senadores recordaron a Biden que el 7 de abril de 2020, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó al Correa a ocho años de prisión en el caso de corrupción Sobornos, 2012-2016. El tribunal de justicia, se lee en la comunicación, “encontró que Correa era el líder y cerebro de una “estructura criminal” que incluía a su vicepresidente Jorge Glas y otros 18 altos socios gubernamentales y empresariales”. Los políticos estadounidenses indicaron que Correa y sus aliados aceptaron millones de dólares en pagos ilícitos de entidades locales y extranjeras, como Odebrecht “a cambio de otorgar ilegalmente importantes contratos gubernamentales para la infraestructura crítica de Ecuador y recursos naturales, incluso dentro de la petrolera estatal Petroecuador”.

En septiembre de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador compartió al gobierno de Estados Unidos un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, entonces presidida por Fernando Villavicencio. En este informe se revelaron detalles de un esquema de corrupción internacional durante el gobierno de Correa, la petrolera estatal china y la compañía de gas PetroChina. Esto también se menciona en la carta dirigida a Biden.

También los representantes estadounidenses se refirieron al caso Balda de 2018, cuando Correa fue acusado en un caso penal por ordenar el secuestro de un líder de la oposición.

Además, los senadores aseguraron que “Correa también tiene un historial comprobado de violación de derechos humanos internacionalmente reconocidos mientras estuvo en el cargo”. Para argumentar esa afirmación mencionaron a Freedom House, que explicó que Correa “supervisó ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y otras libertades civiles”. También se refirieron al Informe de Derechos Humanos de Ecuador de 2015 del Departamento de Estado. En este se concluyó que el ex presidente “sancionó y censuró a medios y periodistas independientes, cerró organizaciones independientes de la sociedad civil y restringió las libertades de prensa, expresión y reunión”.

A pesar de la sentencia, las investigaciones, el pedido de extradición que impulsa Ecuador y otros antecedentes, Correa “continúa viajando libremente entre Europa y América Latina, incluidos viajes frecuentes para reunirse con funcionarios del régimen narcoterrorista de Venezuela sancionados por Estados Unidos”, criticaron los senadores.

Al conocer sobre esta solicitud, Rafael Correa insinuó en su cuenta de X que la acción de los senadores es impulsada por Guillermo Lasso, que viajó a los Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplir otras actividades oficiales, hace una semana: “¿Ya entienden para qué fue Lasso a Washington? Es lo canallesco de este hombre. No le importó destruir el país con tal de tratar de destruirnos. Ya falta poco… #LosCorruptosSiempreFueronEllos” (sic.), escribió.