La OEA debate posibles reformas a su Carta Democrática

(Washington, Estados Unidos) Las implicaciones que puede tener la inteligencia artificial generativa para la democracia y su incidencia en los procesos electorales aún es pura especulación. Pero la desinformación, la injerencia extranjera a través de campañas en redes sociales o la polarización extrema ya son asuntos concretos que están afectando a la democracia en todo el mundo.

Los países de las Américas tienen un instrumento único en el mundo con el que hace 22 años se comprometieron a respetar la democracia y a la vez a permitir que una organización multilateral vele por el cumplimiento de las normas democráticas en cada uno de los países que adhirieron.

Se trata de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), que si bien los países valoran como un buen instrumento, está quedando desactualizada ante los cambios acelerados que sufre el mundo y la política.

La discusión de esta actualización se inició a impulso de Estados Unidos, pero 26 de los 34 estados miembros manifestaron su voluntad de conversar el tema al acompañar una declaración emitida el pasado 20 de setiembre, denominada “seguimiento de la Carta Democrática”.

Los únicos países que no la firmaron fueron Dominica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y San Vicente y las Granadinas. Tampoco Nicaragua- que denunció la carta- ni Venezuela, que aún están en la organización formalmente pero no tienen representación ni participan activamente. La región tiene 35 países, pero Cuba en 1962 fue excluida de la OEA y pese a que en 2009 se le abrió la puerta no ha regresado.

Dado que el camino de lograr una unanimidad como se logró en 2001 parece inviable hoy, el camino elegido por los países que fomentan la actualización de la carta es formar un Grupo Voluntario para discutir cómo aplicar esa norma a futuro.

Eso implicaría que la Carta Democrática tal como fue aprobada en Lima en setiembre de 2001, el mismo día del atentado a las Torres Gemelas, se siga aplicando de manera obligatoria a todos los países tal como está votada hoy. Pero uno de los aspectos a discutir es que los países que adhieran voluntariamente a esta eventual actualización queden sujetos también a las normas que ahora se aprueben.

La Carta Democrática vigente establece una serie de principios, mecanismos y compromisos para la promoción y preservación de la institucionalidad democrática en la región. Además establece cómo la OEA puede intervenir en caso de que la democracia esté en peligro.

En estos 22 años de aplicación, uno de los principales beneficios que dejó la norma es la creación de Misiones de Observación Electoral (MOE), que permite enviar observadores de diferentes países monitoreando los comicios en los países que invitan a la OEA.

Si bien la carta es un herramienta de difícil aplicación cuando se producen crisis políticas de la magnitud de Venezuela o Nicaragua, porque las dictaduras desconocen o incluso han denunciado la carta, la enorme mayoría de los países de la OEA sigue valorando su utilidad.

En mayo de este año, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA realizada para conmemorar el aniversario de la Carta Democrática, el embajador estadounidense Francisco Mora planteó la creación de una suerte de “ombudsman” u “oficina del Alto Comisionado” que monitoree de forma permanente la situación democrática en los países miembros.

También propuso establecer un “sistema de revisión entre pares” para el intercambio de buenas prácticas y la generación de “alertas tempranas” sobre posibles crisis políticas en ciernes.

Si bien la idea de actualizar la carta fue respaldada por países de diverso signo político como Canadá, Uruguay, Chile y República Dominicana, por ejemplo, generaron algunos reparos de gobiernos de izquierda como los de México, Bolivia y Argentina. En el caso de México, la representante remarcó en varias oportunidades el concepto del “principio de no intervención”.

Este lunes 2 de octubre el Consejo Permanente de la OEA discutirá los avances de este grupo voluntario y allí se conocerá la lista de los países que ya adhirieron a empezar las discusiones.

Pero en la misma sesión, como siguiente punto del orden del día, los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia, propusieron discutir también sobre el rol de los fiscales y los Poderes Judiciales en la democracia.

Dada la incidencia del Ministerio Público de Guatemala en el proceso electoral de ese país, atacando a las autoridades electorales y poniendo escollos en el camino del presidente electo Bernardo Arévalo, los representantes de esos países quieren expandir el debate a otras situaciones en que la justicia se involucra con autoridades de gobierno.

En el caso de Argentina, por las causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández. En Bolivia, por todas las incidencias legales detrás de la candidatura de Evo Morales y los episodios del 2019.

Luego de la propuesta de mayo de Estados Unidos, que fue secundada por Canadá, Guyana y Perú para discutir modificaciones a la carta, en la Asamblea General de la OEA celebrada en junio se alcanzó una solución intermedia: conformar un “Grupo Voluntario” de países miembros para dialogar sobre formas de fortalecer la Carta Democrática.

Este grupo comenzó a tomar forma este mes, con la conmemoración del aniversario 22 de la aprobación de la Carta Democrática, el 11 de septiembre de 2001.

La semana pasada el Departamento de Estado de EEUU emitió un comunicado celebrando la creación del Grupo Voluntario y comprometiéndose a “trabajar para participar con todos los Estados miembros de la OEA interesados en apoyar esta iniciativa de carácter abierto y colaborativo”.

El debate recién comienza y está lejos de resolverse. Pero lo que está claro es que tanto EEUU como el secretario general Luis Almagro ven en estas reformas una oportunidad para revitalizar a una OEA que viene de años difíciles.