La Fiscalía de Guatemala volvió a realizar un allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral

La Fiscalía General (Ministerio Público) de Guatemala realizó este viernes, a través de su Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), un nuevo allanamiento a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como parte de sus investigaciones en curso en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). Según reportes de la prensa local, en esta ocasión se abrieron un total de 70 cajas con votos de la jornada electoral del pasado 25 de junio.

La Fiscalía comunicó que el objetivo de este cuarto allanamiento es “recabar información para fortalecer la investigación”, aclaró que la pesquisa “no está relacionada con el partido político Movimiento Semilla”, liderado por el presidente electo Bernardo Arévalo, y señaló que el caso está “bajo reserva judicial”.

En el lugar de los hechos se desplegó un gran operativo policial para asegurar la sede central del TSE, que se encuentra acordonada y vigilada por unos 70 agentes, según constató la agencia de noticias EFE.

Medios locales señalaron que los fiscales solicitaron específicamente los documentos conocidos como “Actas 4″ y “Actas 8″. Los primeros son registros legales que detallan la suma de los votos contados en cada mesa de votación durante los comicios, y suelen utilizarse para el recuento a nivel municipal. Las “Actas 8″, por su parte, consolidan los resultados electorales a nivel de distrito y son elaboradas por las Juntas Electorales Departamentales.

En tanto, el fiscal Rafael Curruchiche acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de “mancillar” la democracia del país centroamericano.

“Este es un operativo que forma parte de una investigación bajo reserva, que busca rescatar la democracia del país que ha sido golpeada por la OEA”, aseguró Curruchiche a periodistas durante el operativo.

De acuerdo con la Fiscalía, la OEA junto a la Unión Europea y “otros entes extranjeros” han intervenido en el proceso electoral. “Son más de mil personas que han presentado denuncias contra el proceso electoral”, aseguró Curruchiche.

Por otra parte, el miércoles la Fiscalía de Guatemala solicitó la retirada de la inmunidad de ocho magistrados del TSE en el marco de su investigación por presuntas irregularidades en la compra de un programa informático para transmitir los resultados electorales de los últimos comicios.

La Fiscalía de Delitos Administrativos afirma que varios magistrados del órgano electoral cometieron presuntamente al menos tres delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad por la adquisición del programa Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

El Ministerio Público argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (unos USD 18 millones) pese a que había otra oferta menor “que hubiera permitido ahorrar 34 millones” (unos USD 4 millones). “Al aprobar y suscribir el contrato dio como resultado una afectación millonaria de los recursos del pueblo”, destacó en un comunicado. En este sentido pidió la retirada de la inmunidad ya que “es únicamente a través de la investigación objetiva e imparcial que se puede establecer si existe la comisión de hechos delictivos y lograr la averiguación de la verdad”.

En respuesta, el TSE denunció que las medidas puestas en marcha por la Fiscalía contra ocho de sus jueces forma parte de un “juicio político” en su contra y defendió la adquisición del sistema TREP y su uso en las elecciones de junio. Los jueces acusados señalaron que las acusaciones vertidas por la Fiscalía son “de carácter administrativo” y que no están relacionadas con las elecciones, al tiempo que acusaron a los fiscales de tratar de “confundir a la población”.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, también indicó que se están analizando qué medidas tomar ante la solicitud de retirada de la inmunidad de los jueces y criticó la medida. Además, dijo estar al corriente de que hay otras cuatro denuncias en curso, que podrían conllevar la retirada de esta inmunidad.

Las tensiones entre la Fiscalía y el TSE se retrotraen a cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, trató de cancelar la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, ganador en las últimas elecciones de la mano de Bernardo Arévalo, por supuestas anomalías en su inscripción, una petición avalada por el juez séptimo penal, Fredy Orellana.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y señaló que el candidato de dicho partido, Bernardo Arévalo, podía competir en una segunda vuelta. Tras la victoria de Semilla, el fiscal volvió a suspender a la formación a través del encargado del Registro de Ciudadanos, que consideró que el amparo de la Corte de Constitucionalidad no tenía vigencia.

Poco después, el TSE revertió el fallo, si bien la Fiscalía continúa realizando acciones judiciales en contra del proceso electoral. Las últimas pesquisas del Ministerio Público en una sede del órgano electoral --donde realizaron registros para recabar pruebas por los supuestos delitos de Semilla-- han provocado que Arévalo haya paralizado el proceso de transición de poder en el país.

(Con información de EuropaPress)