El juez penal Carlos Ruano anunció este miércoles que decidió exiliarse de Guatemala debido a una “persecución política” en su contra y acusó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling de estar detrás de los ataques a su persona.
“Me forzaron a renunciar del cargo y me encuentro en riesgo de sufrir daños irreparables a mi vida”, denunció Ruano por medio de un video difundido en sus redes oficiales.
Ruano, quien ejerció como juez penal durante 14 años, aseguró que la persecución en su contra inició después de que, en 2016, denunciara a la magistrada Stalling porque le solicitó que dejara en libertad a su hijo que estaba acusado dentro de una trama de corrupción.
Derivado de la denuncia de Ruano, Stalling fue procesada. Sin embargo, el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada.
“Este es el peor momento para la justicia de Guatemala”, indició Ruano y responsabilizó a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de orillarle a renunciar a su cargo porque aceptaron un antejuicio en su contra que a su criterio “contiene datos falsos”.
En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”.
Tras anunciar su exilio, Ruano se une a los jueces de alto impacto Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes también salieron del país en 2021 y 2022 tras ser perseguidos por actores a los que anteriormente habían juzgado por casos de corrupción.
Desde 2020, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, abogados y activistas que han denunciado persecución política por parte de los aparatos de justicia de Guatemala han tenido que salir al exilio y la mayoría se encuentra en Estados Unidos.
“Abuso de autoridad”
Por otra parte, un juzgado de Guatemala decidió el viernes abrir un proceso penal contra la abogada Claudia González, ex funcionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de Naciones Unidas (ONU), por un supuesto caso de abuso de autoridad.
El juez penal Jimi Bremer decidió ligar a proceso a González por considerar que existen indicios de que cometió irregularidades cuando laboraba como mandataria de la Cicig y decidió mantenerla en prisión preventiva.
Antes de conocer la resolución en su contra, González había denunciado que se trata de un caso de “persecución política” en su contra.
La abogada se encuentra privada de libertad desde hace 26 días, señalada de “abuso de autoridad” cuando estaba a cargo de la investigación contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, quien fue procesada por intervenir para eliminar acusaciones en contra de uno de sus hijos.
Antes de su detención, González fungía como defensora de varios operadores de justicia de Guatemala que también han sido procesados por casos administrativos y algunos de ellos se encuentran exiliados fuera del país.
González seguirá en una prisión, ubicada al norte de la capital guatemalteca, mientras el Ministerio Público (Fiscalía) avanza en la investigación en su contra.
(Con información de EFE)
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