La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación ante los desafíos que presenta el proceso electoral para los distintos órganos judiciales en Bolivia y urgió al Estado a adoptar medidas “efectivas” para garantizar la independencia de los poderes y su debido funcionamiento.
La CIDH señaló en un comunicado haber observado que el proceso de preselección de candidaturas, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) estuvo marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria.
El Senado aprobó un proyecto de ley el 30 de agosto, “que refleja los consensos políticos y agilizaría las elecciones”, según la CIDH, pero no se ha convocado una sesión en la Cámara de Diputados para revisarlo.
La Comisión recordó que, según los estándares interamericanos, “los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales”.
“Estos procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social”, sostuvo en su nota.
La CIDH consideró “imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación” para garantizar la confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones estatales.
Por ello, urgió al Estado, y en particular a la ALP, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso electoral para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
“La separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa”, destacó la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, reaccionó en la red social X, antes conocida como Twitter, y convocó a las instancias competentes a dar cumplimiento al comunicado de la CIDH.
En concreto, la renovación de los magistrados constitucionales está en el centro del último roce protagonizado en el seno del partido gobernante por el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.
Las diferencias entre ambos líderes y sus fieles derivaron en una ruptura de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa que ha retrasado las elecciones judiciales que debían celebrarse en octubre. El Tribunal Supremo Electoral adelantó, de hecho, que ya había tiempo suficiente para organizar los comicios.
Los legisladores del MAS que apoyan a Morales presumen que el presidente Arce busca prorrogar por decreto en sus cargos a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Los que apoyan a Arce niegan tal aseveración.
Según la Constitución boliviana, la elección de altas autoridades del sistema judicial está basada en el sufragio universal.
Conforme al cronograma establecido, esta debe llevarse a cabo en 2023 para que las personas electas asuman en sus cargos en enero de 2024, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha anunciado la imposibilidad de realizar el proceso este año porque la ALP no ha finalizado la preselección de candidaturas y remitido las listas correspondientes al TSE para su organización.
La justicia de la nación andina ha sido cuestionada por su falta de imparcialidad y debilidades institucionales, según declaró a finales de marzo Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH, en su visita a Bolivia para verificar la situación de derechos humanos en el país.
(Con información de EFE y AP)
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