Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala: “No vamos a dejarnos secuestrar por el Congreso”

(Washington, Estados Unidos) Al ex presidente de Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951), un embajador de Estados Unidos intentó extorsionarlo de diversas formas. Incluso un día, según relató el propio Arévalo en sus memorias póstumas, llegó a ofrecerle mujeres para que accediera a sus pedidos. Ante los varios rechazos, ese embajador terminó conspirando contra su gobierno, según el relato del ex presidente.

Casi 80 años después, la historia es muy diferente. Su hijo, Bernardo Arévalo, asumirá la presidencia de Guatemala en enero, algo que no sería posible sin el respaldo de la comunidad internacional y especialmente de Estados Unidos, que ha jugado un papel clave en la defensa del proceso democrático ante los intentos de la Fiscalía de ese país por tirar abajo al ahora presidente electo.

En diálogo con Infobae, Arévalo subrayó el respaldo recibido de la comunidad internacional y especialmente de EEUU. Anunció que viajará a Washington la próxima semana para negociar algunos planes para su gobierno, como apoyos en inversiones para atacar la pobreza en el marco de las iniciativas de migración de la administración de Joe Biden. Según entiende Arévalo, allí hay un punto de contacto, dado que la Casa Blanca cree que la mejor forma de combatir la migración es solucionando las causas estructurales que llevan a las personas a emprender viaje hacia el norte. Por eso intentará negociar inversiones para las zonas más pobres de su país.

Aunque dice que es “un mal jugador”, le gusta mucho practicar ajedrez. De todas formas no tiene claro si las disputas políticas que está teniendo por estos días se parece más al ajedrez o al Go, el juego de estrategia chino que consiste en ganarle territorio al adversario.

Su partida para llegar a asumir el cargo el 14 de enero, asegura, será moviendo piezas dentro del marco de la institucionalidad y por eso confía en que la Corte de Constitucionalidad hará lugar al amparo presentado para que se pongan fin a las acciones que a través del Ministerio Público realizan contra el Movimiento Semilla, el partido político que lo llevó a ganar las elecciones.

—¿Cuántas movidas de este ajedrez político cree que faltan para llegar al 14 de enero y recibir el mando presidencial?

—Ajedrez o Go, no sé cuál de los dos estamos jugando. Hay una certificación desde el punto de vista legal incuestionable del Tribunal Supremo Electoral, un respaldo interno de pared a pared por parte de las personas, de las organizaciones y de los distintos sectores. Respaldo internacional, que se ha manifestado de manera clara y contundente, empezando por la Organización de Estados Americanos (OEA), que en su papel de acompañamiento ha calificado de manera precisa los abusos que se están cometiendo. Sin embargo, existe un un grupo que está parapetado en el Ministerio Público, que es la Fiscalía, desde donde siguen intentando manejar acciones que son ilegales e inconstitucionales para tratar de alguna manera descarrilar o afectar este proceso de transición que ya está en marcha, que no se puede detener. Estamos llevando a cabo las acciones legales necesarias para que finalmente los órganos jurisdiccionales terminen por desechar esta estas acciones ilegales que son cada vez más absurdas, cada vez más violentas.

—La apuesta parece ser encontrar en el propio sistema institucional un respaldo para bloquear a la Fiscalía. ¿Usted confía en en la Corte de Constitucionalidad?

—Efectivamente, nosotros estamos actuando ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Y confiamos en que termine de calificar este asalto a la legalidad y al orden constitucional y deseche todo lo que se ha venido actuando espuriamente por la Fiscalía y el juzgado séptimo. El trabajo de la defensa de la democracia hay que hacerlo adentro de la institucionalidad.

—Usted mencionaba el respaldo de la OEA. ¿Qué rol ha cumplido la comunidad internacional? ¿Cree que sin ese respaldo usted estaría donde está?

—Ha cumplido un rol importante. Primero con la misión de observación electoral de la OEA, la misión de observación de la Unión Europea y las otras observaciones, que tenemos una nacional. En conjunto fueron clave para desmontar la primera narrativa que se intentó montar, de fraude. En segundo lugar la OEA ha marcado los intentos de violación del proceso democrático desde el aparato estatal, desde el Ministerio Público y eso ha sido importante. También ha habido, y es fundamental, un respaldo interno de pared a pared. Los partidos políticos y los operadores del pacto de corruptos se han quedado completamente solos porque el rechazo a las argucias legales es prácticamente general dentro de la sociedad y van desde pueblos originarios hasta el sector privado organizado. El rechazo hace que esta gente se vaya quedando cada vez más sola. Eso no los hace menos peligrosos, pero políticamente los hace cada vez más irrelevantes. Todavía tienen mucho poder formal desde el Estado.

—Giammattei habló en Naciones Unidas de una “excesiva injerencia internacional”. ¿Qué opina de eso?

—El gobierno de Alejandro Giammattei ha venido manejando el tema soberanista en la mejor tradición de los gobiernos autoritarios latinoamericanos. En el momento en el que empiezan a recibir críticas por persecuciones internas, por violación a los derechos humanos, por judicialización de la política, el recurso es decir: “Esto es excesiva injerencia”. Eso lo hace desde Ortega hasta el otro lado. Todo se convierte en injerencia.

—Si uno mira la historia, un embajador de Estados Unidos, según relató su padre Juan José Arévalo en sus memorias, trató de extorsionarlo cuando era presidente y luego terminó conspirando contra su gobierno. Sin embargo, a usted le pasa algo bien distinto. Estados Unidos lo ha respaldado de una manera que pocas veces se ve en la región. ¿Que reflexión le merece eso?

—La humanidad, la historia, es cambio. Lo que estamos viendo alrededor del mundo es que las condiciones de la Guerra Fría no son las que existen hoy. A pesar de que estamos en una etapa muy complicada de las relaciones internacionales, en este momento empieza a haber es más claridad alrededor de una serie de actores sobre la importancia de la institucionalidad democrática como clave para el desarrollo de un país. En este momento los intereses del futuro de la democracia en Guatemala coinciden con los intereses de la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos. La Guerra Fría fue otra historia.

—¿Qué relación se imagina de su gobierno con Estados Unidos? ¿Piensa viajar a Washington?

—Sí, voy a estar en Washington la semana entrante. Precisamente, en el marco de comenzar a trabajar en la agenda que tenemos en común porque es una agenda sumamente importante en áreas como el comercio, donde Estados Unidos es el principal socio comercial y fuente de inversiones para nuestro país. También el tema de las migraciones: 20% de la población guatemalteca vive hoy en EEUU entre documentados e indocumentados. Tenemos el reto de la migración y debemos buscar formas de enfrentarlo. Tenemos el tema de seguridad: hay un crimen transnacional que incluye a los EEUU en la medida en que es país es destino del tráfico de drogas. Nosotros somos un país de tránsito, fundamentalmente aunque no exclusivamente, en el tema de narcotráfico. Que es además una de las claves centrales en los problemas de corrupción que tenemos en nuestro país. De manera que la agenda de trabajo alrededor de estos temas es significativa.

—En migración, ¿usted está de acuerdo con la política de Estados Unidos de tener oficinas en determinados países como Guatemala para frenar los empujes migratorios de la región?

—Estamos muy claros que queremos ir a discutir la necesidad de empezar a colaborar desde el punto de vista estructural en la transformación de las condiciones que están en el origen de la migración. Eso es la pobreza, la pobreza extrema, el abandono de las poblaciones en zonas del interior del país, que es desde donde empieza a migrar la gente para los Estados Unidos. En ese ataque a las causas de la migración es donde nosotros queremos hablar, porque vamos a lanzar un plan de desarrollo de las áreas más pobres del país del altiplano central. Vamos a sumar inversión pública, fundamentalmente para atender todas las brechas que existen, pero estamos necesitando inversión nacional e internacional y cooperación internacional para acompañarnos.

—¿Por qué decidió suspenderla la transición, cuando allí estaba la OEA que venía dándole respaldo?

—La transición es un proceso que no se puede detener. Es un mandato constitucional que comienza con la certificación de los resultados de los ganadores y termina en la toma de posesión el 14 de enero. Eso no se puede suspender. La OEA se comprometió a acompañar ese proceso de transición legal. Pero paralelamente, y es ahí donde nosotros reaccionamos, desde el Ministerio Público viene una nueva andanada de ataque al proceso electoral, atacando al Tribunal Electoral y violando de una manera grosera el proceso al abrir las urnas con votos. En ese momento le informamos al presidente que nos vemos obligados a suspender temporalmente el proceso de trabajo metodológico, en tanto se restablezcan condiciones.

—¿Eso se puede interpretar como el pedido suyo de una señal a Giammattei? Es decir, él fue quien nombró a la fiscal general y usted cuando suspende la transición pide la renuncia de Consuelo Porras.

—Claro. Nosotros lo que pedimos es consistencia. Que (Giammattei) se manifieste. Porque legalmente, una vez nombrada, es autónoma. Pero que se manifieste de una manera clara alrededor del tema. Se lo pidió también el secretario general de la OEA y Estados Unidos. No lo ha hecho. Pero por la tensión que hay aceptamos la sugerencia del secretario general de la OEA que dijo, retomenla a nivel de equipos de trabajo. Nos pareció que era adecuado, sin la parte protocolar, para que se dé el traspaso a nivel de información. Todavía el gobierno no ha respondido, estamos esperando esta respuesta.

—Usted tiene discurso anticorrupción muy fuerte y uno de los actores que señala es el Congreso. Pero también va a necesitar conversar con el Parlamento. ¿Cómo se hace para negociar con un organismo al que ya califica de esa manera?

—Nosotros no vamos a trabajar en alianzas partidarias de tipo general porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de los partidos políticos en el Congreso de la República son maquinarias de la corrupción. También es cierto que esta maquinaria de la corrupción en el Congreso ha funcionado a partir del presupuesto de obras de infraestructura del gobierno. Es usado para repartir por medio de los diputados para que ellos hagan negocios con alcaldes, constructores y de esa manera funciona el mecanismo de la gran corrupción. Todo el mundo ya tiene claro que ese aceite que lubrica los engranajes de la corrupción el 14 de enero se cierra. Lo que estamos viendo es que adentro del Congreso, este mensaje ya está generando desplazamientos internos. Hay fraccionamiento en las distintas bancadas. Hay gente que no va a renunciar a la lógica que ha venido teniendo, pero hay gente que ya está entendiendo que esto es un juego distinto y que hay que trabajarlo distinto. Nosotros, en todo caso, vamos a tratar de lograr relaciones lo más razonables posibles con el Congreso de la República, pero no vamos a dejarnos secuestrar por parte del Congreso. Tenemos herramientas suficientes para la acción pública, inclusive si no podemos lograr la aprobación de ciertas leyes.

—Pero para aprobar un presupuesto necesita del Congreso.

—El presupuesto lo estamos trabajando ahora y creemos que hay probabilidades (de aprobarlo).

—Usted se define de izquierda. ¿En qué se podrá ver ese perfil de izquierda de Arévalo en el gobierno de Guatemala?

—En la convicción de que no hay democracia sin justicia social y no hay justicia social sin democracia. Tenemos que empezar a construir un Estado que responda a ese 70% de la población que vive en la pobreza. A ese 50% de los niños menores de 5 años que están en condiciones de malnutrición en todo el país. A esa ausencia de seguridad y de calidad de la vida. No lo vamos a poder resolver nosotros en 5 años, pero vamos a sentar las bases de un Estado responsable que empieza que reconoce la centralidad de esa deuda histórica con la población del país y comienza a atenderla en la medida de sus necesidades. Es un problema que va a resolver el crecimiento económico.

—¿Se verán cambios en la política económica?

—Se verán cambios en la forma como funciona la política económica, porque lo que va a haber es una dimensión social de la política económica.