Denuncian que la dictadura cubana utiliza a las pequeñas y medianas empresas sólo para aparentar la existencia del sector privado

La Liga de Campesinos Independientes, la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) denunciaron que la dictadura cubana utiliza a las pequeñas y medianas empresas (mipymes) para promocionar un sector privado artificial que sigue bajo la órbita del poder político de la isla.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones indicaron que ven “con estupor cómo el gobierno intenta crear un supuesto sector privado bajo su control a fin de presentarlo como una apertura y evadir las sanciones externas al sector estatal”.

“Intentan vender al mundo unas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) como supuesta apertura de una economía de mercado. Nada más lejos de la realidad. No son un paso hacia la libertad económica, sino otra treta para evitarla”, enfatizaron.

Luego recordaron que el régimen, desde hace más de cinco años, viene asfixiando “a decenas de miles de cuentapropistas”, al tiempo que remarcaron que “las mipymes -con una larga cadena de filtros y autorizaciones para registrarlas que garantiza la discriminación ideológica- no son siquiera un primer paso en la dirección correcta”.

Preguntado sobre el rumor -no confirmado- de que el gobierno de Estados Unidos adopte medidas que autoricen préstamos a estas empresas, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, explicó a Martí Noticias: “Aunque limitado, se trataría de un paso que nada favorecería al sufrido pueblo cubano si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de estas mipymes están en manos de la alta cúpula de la dictadura o tiene conexiones con ella”.

El Departamento de Estado norteamericano hasta el momento no confirmó ni negó la información, aunque reiteró la voluntad del país de apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad, consignó el medio citado.

Las organizaciones firmantes exigieron al régimen de Miguel Díaz-Canel la legalización de cinco libertades y derechos económicos básicos para todos los cubanos. En primer lugar, “registrar de forma directa, sin autorizaciones estatales selectivas y excluyentes, las propiedades privadas de sus tierras, emprendimientos y negocios con personalidad jurídica propia”.

En segundo término, “decidir sobre lo que va a cosechar, en qué cantidades y si alguna parte lo va a transformar y vender en productos manufacturados, así como el derecho a vender su producción de manera directa, sin intermediarios, a clientes nacionales o extranjeros”.

El tercer punto indica: “Decidir sobre la selección de socios e inversionistas, contratación de empleados, crecimiento y expansión de la (o las) empresa (s), precios y comercialización dentro y fuera del territorio nacional”.

En cuarto lugar, “participar en procesos de subasta de medios básicos en pie de igualdad y transparencia. Cero piñatas con tierras, industrias y maquinarias agrícolas”.

Y, por último, “tener garantías contra expropiaciones de bienes o capitales por lo que cualquier conflicto legal tendría que ser juzgado por tribunales económicos y comerciales independientes”.

La normativa que dio pie a la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) en Cuba cumplió en agosto dos años en medio de críticas, una profunda crisis económica y políticas que limitan su gestión.

Estas nuevas firmas entraron en la escena de la tradicionalmente centralizada economía cubana tan solo un mes después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Sus detractores las señalan como presuntas causantes de la descontrolada inflación del país por sus altos precios -un cartón de leche, por ejemplo, puede costar hasta la mitad de un salario medio- y, en la oposición, se les acusa de ser cercanas al Partido Comunista (PCC, único legal) y simular una falsa apertura de mercado.

Este aluvión de críticas fue subrayado por el propio dictador, Miguel Díaz-Canel, en el cierre de sesiones del Parlamento el pasado julio.

“Nos atacan sembrando matrices de ingobernabilidad (...) A ese propósito aportan algunos desde las posiciones más extremas: desde la derecha convocando a privatizarlo todo, y al cambio de sistema, y también desde una supuesta izquierda demonizando cualquier espacio al mercado”, dijo.

Para Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, una organización con sede en EEUU que ayuda a formar emprendedores en la isla, parte de los señalamientos se ajusta a una visión “limitada”.

Sobre los costes de los productos, asegura que los cubanos se han acostumbrado a “precios altamente subvencionados, alejados de la dinámica del mercado” desde la prohibición del sector privado en los años sesenta.

“No se imaginaron (los detractores) que a los dos años el sector privado sería lo único que funciona bien en la economía cubana. Con todas las distorsiones que enfrenta, este sector es el único que está poniendo comida en las tiendas y en los platos de la gente”, resaltó en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

Una de esas distorsiones está en el mercado de divisas en el país, con tres tipos de cambio.

En el omnipresente mercado informal, al que tienen que acudir las pequeñas y medianas empresas para comprar las divisas para importar sus artículos, solo en el último año, el billete verde pasó de costar 135 cup a 250.

Camilo Condis, socio de la empresa Lucendi, especializada en instalaciones eléctricas y energía renovable, se quejó de esa situación, también en diálogo con EFE.

“El Gobierno no nos permite hacer ventas en dólares para mantener un precio estable (...) No tenemos incentivos fiscales, no tenemos créditos bancarios, no tenemos ningún tipo de apoyo gubernamental o de instituciones financieras dentro o fuera del país que nos permitan, digamos, crear una planta de producción. Por lo tanto, no nos queda más remedio que importar”, remacha.

En las pasadas semanas, el régimen anunció medidas para fomentar la bancarización de Cuba, país en el que el efectivo sigue siendo rey.

Entre las normas que entrarán en vigor dentro de seis meses está un tope de 5.000 pesos (unos 40 dólares al cambio oficial) en las transacciones entre empresas.

Para el economista cubano Omar Everleny, la bancarización es una buena idea mal planteada.

“Las mipymes no son las causantes de que no haya liquidez (...) Tú no puedes topar la salida de una tarjeta bancaria en solo 5.000 pesos diarios en un país en el que un litro de leche vale 2.000 pesos”, agregó en una entrevista con EFE.

David Roque, propietario junto con su pareja, Diana Figueroa, del restaurante Jíbaro, en La Habana Vieja, coincide. Él, como otros en la hostelería, ha notado cómo las mipymes le han facilitado la vida para conseguir productos.

Pero le gustaría contar, como planteó Condis, con más apoyos.

“No hay un mecanismo para que un cubano emprendedor tenga acceso a financiamiento en el exterior y el sistema bancario (de su país) no puede asumir ese tipo de préstamos”, comenta.

A esta marea de dificultades se agrega la carga fiscal.

El régimen ha eliminado la exención de impuestos en el primer año para las mipymes, quienes deben pagar un 35 % sobre la utilidad y los socios un 20 % sobre sus beneficios, explicó Condis.