La política exterior de Lula está cada vez más alejada de los intereses de la población

Cuando Lula se prepara para entrar en el décimo mes de su mandato, los brasileños empiezan a hacer balance de su gobierno y a cuestionar los efectos de la política exterior lanzada por Brasilia desde el pasado mes de enero. Lula nunca había viajado tanto al extranjero en comparación con sus dos primeros mandatos, ya ha visitado 19 países e incluso ha pedido, no sin polémica, un nuevo avión presidencial cuyo coste se estima entre 70 y 80 millones de dólares, con despacho y cabina matrimonial.

La actividad diplomática en su palacio presidencial de Planalto también es frenética. Ayer mismo, Lula se reunió con Li Xi, miembro del Comité Permanente del Politburó, el brazo político más estrecho y, por tanto, más poderoso del PCCh, el Partido Comunista de China. Li Xi no sólo es el secretario del Comité Central de Inspección Disciplinaria del PCCh, sino también uno de los hombres más cercanos al presidente chino, Xi Jinping. Como se informa en un perfil detallado sobre él elaborado por el think tank de Washington Brookings Institution, Li Xi es, de hecho, natural de Liangdang, en la provincia de Gansu, donde el padre de Xi Jinping dirigió el levantamiento revolucionario de 1932, el único levantamiento militar dirigido por el PCCh en la región noroccidental del país. “La relación personal entre Xi Jinping y Li Xi”, reza el informe, “ha sido ampliamente difundida en los medios de comunicación chinos, reforzando la percepción pública de que Li es el hombre de confianza del presidente. La rápida carrera de Li Xi en los últimos años sugiere que Xi Jinping pretende convertirlo en un líder nacional en un futuro próximo”.

La reunión con Lula se produjo dos días después de que su Partido de los Trabajadores (PT) firmara un acuerdo de cooperación e intercambio con el PCCh en Brasil. La delegación china fue recibida con grandes honores por la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, que calificó el encuentro de “muy importante para el mundo que queremos, cada vez más multipolar, un nuevo Orden Mundial, menos asimétrico”. Para China, este nuevo ciclo político con el PT de Lula impulsa las relaciones a “un nivel superior”. Son precisamente las relaciones con Pekín las que han abierto un debate en el país sobre lo que parecen ser las contradicciones de la política exterior de Lula en relación con el progresismo de su programa de gobierno. Por un lado, es comprensible que la realpolitik impulse cada vez más las relaciones comerciales. Desde que Lula fue presidente por primera vez en 2003, el volumen comercial (exportaciones e importaciones) de Brasil con China ha pasado de 9.100 millones de dólares anuales a los 150.100 millones actuales. Pekín es el principal socio comercial del gigante latinoamericano desde 2009.

Sin embargo, un reciente estudio de tres investigadores brasileños, Naercio Menezes Filho, del Centro de Gestión y Políticas Públicas del Insper, Vitor Cavalcante y Luca Moreno Louzada, revela una sorprendente paradoja: fueron sobre todo los bolsonaristas quienes se favorecieron de las políticas comerciales con China. El sector agrícola se ha revelado como uno de los principales beneficiarios del “choque chino”, tal y como han definido los estudiosos el impacto de las relaciones con Pekín en el país sudamericano. El sector del agronegocio, recordamos, apoyó al ex presidente Jair Bolsonaro durante todo su mandato y aún sigue haciendo oír su voz en el Congreso con 302 diputados y 81 senadores. En 16 años, el Producto interno bruto (PIB) de Mato Grosso, Tocantins, Piauí y Rondônia, considerados las nuevas fronteras de la agricultura gracias a las exportaciones a China, han crecido a un ritmo mucho más rápido que muchos otros estados - y más del doble que el más rico, San Pablo. En las elecciones de 2022, según el estudio de los investigadores brasileños, los estados con más exportaciones a China votaron mayoritariamente a Bolsonaro, que en el centro-este se llevó el 60,2% de los votos frente al 39,8% de Lula. Un escenario similar ocurrió en el sur, otra región de grandes latifundios y exportaciones a Pekín y donde Bolsonaro ganó con el 61,8% y Lula obtuvo el 38,2%.

A excepción del amplio sector agrícola, la clase media y los pobres no se han beneficiado hasta ahora de las relaciones con China. Por ejemplo, no han llegado nuevos puestos de trabajo, como prometían gigantes de la moda de consumo rápido como Shein. Por el contrario, sectores como la industria textil nacional corren el riesgo de verse desbordados en los próximos años por productos fabricados en China. Además, muchos proyectos de infraestructuras financiados por Pekín, como el de una vía férrea en la Amazonia, asustan a las comunidades indígenas por el posible impacto medioambiental, por no hablar de las inversiones tecnológicas que, de hecho, permitirán a Pekín espiar todo Brasil. Añádase a esto la contradicción teórica que muchos electores empiezan a señalar ahora entre los valores democráticos de los que hace alarde el gobierno de Lula en contraste con la era Bolsonaro y las relaciones políticas con el PCCh que ha impuesto una dictadura en China. Muchos se preguntan cómo se pueden conciliar los derechos de los trabajadores que Lula ensalzó en su reciente encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden con un régimen que impide incluso el derecho de huelga. Y cómo se pueden defender los derechos de los pobres y los más indefensos en casa y pactar con un partido como el PCCh que persigue a comunidades enteras como los musulmanes Uigures.

Es precisamente sobre las contradicciones de la política exterior del gobierno que se ha abierto un amplio debate en la prensa brasileña, en particular sobre el reciente viaje de Lula a Cuba para la cumbre del G77. Nacido con el objetivo de unir las voces de los países del llamado Sur Global, que buscaban el ascenso financiero, el G77 se ha convertido en un bloque ideológico al que pertenecen muchos gobiernos no democráticos. En Cuba, los brasileños esperaban que Lula lograra que se pagara la gigantesca deuda que La Habana tiene con Brasilia. Se trata del préstamo que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) otorgó a través de la constructora Odebrecht para construir el Puerto de Mariel y que ascendió a 641 millones de dólares. Hoy La Habana tiene que devolver 538 millones de dólares a los ciudadanos brasileños que financiaron la isla con el dinero de sus impuestos. Sin embargo, en su reunión con Lula, el presidente Miguel Díaz-Canel dejó claro que no puede pagar la deuda y pidió “flexibilidad” al gobierno brasileño, que incluso se ha comprometido, en palabras del asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, a financiar nuevos proyectos de cooperación con los cubanos. A este escenario se añade el hecho de que Brasil nunca se ha beneficiado del puerto de Mariel que ha financiado. Al contrario, el puerto es utilizado estratégicamente por países como China y Rusia.

Incluso en la cuestión del conflicto en Ucrania, la reunión de Lula con el presidente Zelensky en la 78ª Asamblea General de la ONU, celebrada esta semana en Nueva York, no fue suficiente para relanzar una verdadera posición neutral de Brasil como posible mediador de paz en una perspectiva mundial. Al salir de la reunión, Lula dejó escapar ante los periodistas brasileños frases como “escuché la historia de Zelensky” y luego habló de “ocupación” de Ucrania y no de “invasión”. Tanto es así que Zelensky, en su discurso en la ONU, abogó por que América Latina tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero evitó mencionar qué país debería ocuparlo. Brasil forma parte de una alianza informal con Alemania, Japón e India, pero Zelensky sólo mencionó a los tres últimos.

Lo paradójico es que, en su discurso ante la ONU, Lula destacó el papel de Brasil en la lucha contra el hambre en el mundo. “La desigualdad debe provocar indignación”, dijo, “indignación ante el hambre, la pobreza, la guerra, la falta de respeto por los seres humanos”. Pero, el mismo Putin para el que Lula dijo que no habría quien lo detuviera si venía a Brasil para la próxima reunión de los BRICS está desempeñando un papel en la inseguridad alimentaria mundial porque impide que Ucrania, el granero de Europa, exporte su producción agrícola a través del Mar Negro. Sin embargo, ni siquiera Brasil se ha salvado de la paralización - decidida el jueves por Moscú - de las exportaciones de diesel y gasolina de los que el gigante latinoamericano es uno de los principales compradores, junto con Turquía, Túnez y Arabia Saudí. El objetivo es bajar los precios en el mercado interior ruso, pero es posible que Putin utilice el petróleo como arma económica para presionar a los gobiernos occidentales para que levanten las sanciones. Desde el anuncio, los precios en Europa han subido un 5%, mientras que en Brasil, si la decisión de Putin se prolonga durante semanas, existe el riesgo de escasez de diesel y gasolina.

Además, en su discurso ante la ONU, Lula condenó “el riesgo de un golpe de Estado en Guatemala que podría impedir la toma de posesión del vencedor de las elecciones democráticas”, pero no dijo nada de la falta de elecciones democráticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro también se ha convertido en una pesadilla para los miles de brasileños que viven en el vecino estado de Roraima. Una migración desesperada e incesante de venezolanos que huyen de la miseria de su país ha incrementado la violencia en los últimos meses, ha dado nuevas armas a la minería ilegal y al narcotráfico, y ha creado emergencias sanitarias periódicas.

Incluso el acuerdo entre Europa y Mercosur corre peligro de saltar por los aires ahora porque Lula se opone a la cláusula ya aprobada por Bolsonaro pero aún no ratificada que permite a los europeos acceder a licitaciones en Brasil. La senadora Tereza Cristina, del partido Progresistas (PP) y ex ministra de Agricultura, dijo que “el gobierno está usando excusas para retrasar la continuación del acuerdo. La preocupación por la apertura de las compras públicas no es comparable a los beneficios que el acuerdo aportaría a Brasil”. Representantes de la industria brasileña dijeron a Infobae que “este acuerdo puede dar una sacudida positiva a una industria brasileña en crisis y hacerla protagonista de nuevo en la escena internacional. El mercado europeo es un mercado premium no sólo para las exportaciones agrícolas. Con la reducción parcial o total de las tasas nuestra industria volaría en Europa”.

Uno de los mantras de la campaña electoral de Lula fue que con él Brasil volvería de nuevo a la escena internacional y como protagonista, tras la era Bolsonaro. En un duro editorial en el sitio de noticias Metrópoles, el periodista Mario Sabino escribe que “traer de vuelta a Brasil no significa que el Brasil que vuelve haya sido tan grandioso. Si Jair Bolsonaro atacó al comunismo, Lula sigue atacando al capitalismo, bajo el eufemismo de ‘neoliberalismo’. Si Jair Bolsonaro defendió la dictadura militar, Lula sigue defendiendo las dictaduras de izquierda. Si Jair Bolsonaro era el socio de Donald Trump, Lula resultó ser, tal vez no inmediatamente, el socio de Putin. Mejor parar antes de que a alguien se le ocurra hacer voltar ese Brasil”.