Suman al borrador de la nueva Constitución chilena normas que podrían ilegalizar el aborto y liberar a represores de la dictadura

(Desde Santiago, Chile) Si la situación ya era tensa en el nuevo Consejo Constitucional, ayer la cosa se puso color de hormiga.

El pleno despachó este miércoles el capítulo II del borrador de la nueva Constitución. Todo eso con una advertencia de José Antonio Kast, líder republicano, quien en su cuenta de X había posteado que “hoy se votan temas que son fundamentales. Es de esperar que no se repita lo que vimos la semana pasada, donde cuatro consejeros de Chile Vamos no respetaron los acuerdos plasmados. Hoy se puede enmendar el camino. Quizás mañana ya sea tarde”.

Así, y siempre con votos de la derecha, mayoría absoluta en este nuevo proceso, se aprobó la propuesta que establece que “la ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte”. Yendo al detalle, el texto propuesto por la Comisión Experta dice que la ley protege la vida “del que está por nacer”.

Poco antes de la votación, propuesta aprobada por 33 votos a favor -todos de derecha- y 17 en contra, Verónica Undurraga, presidente de la Comisión Experta, había planteado que el sujeto “quien”, más aquella que define como niño a todo menor de 18 años, permitiría revertir la norma vigente, la que permite el aborto en tres causales (en casos de violación, inviabilidad fetal y peligro de vida de la madre).

En la derecha, el republicano Antonio Barchiesi deslizó que su partido buscará en el futuro eliminar cualquier tipo de aborto. “El hecho de que esta norma no consagre la prohibición directa del aborto, es para nosotros un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto en cuanto permite el asesinato de un inocente”.

Luis Silva, también republicano, dijo que, en su opinión, el texto modificado está tal cual lo consagra la constitución vigente. “Quienes también vean en lo aprobado una supuesta incompatibilidad, debieran también estar reclamando contra el texto de la Constitución vigente”.

Por supuesto la discusión del debate tuvo de todo. Mientras la consejera María Pardo, de Convergencia Social, decía que el cambio “no es cualquier cosa, cuando hablamos del lenguaje constitucional no es juego. Es lenguaje político, que crea realidades, que abre la vía para consagrar derechos o para hacer todo lo contrario, y este es el caso de lo que se está proponiendo con la protección de la vida de quien está por nacer”.

Otra consejera republicana, Ángeles López, alzó la voz para decir que “si les escandaliza que los republicanos defendamos la vida, es que su razón está corrupta. A mi me escandaliza que sancionen a quien mate a un animal, pero avalen e inciten derecho para que se mate un ser humano”.

Por supuesto, esto concluyó con el reproche del oficialismo, quienes acusaron a López da caricaturizar la postura de izquierda. “Las injuriosas y calumniosas declaraciones de la señora López rayan no solo en la ofensa a nuestro bloque, sino que también son meritorias de análisis jurídicos porque son altamente calumniosas”, dijo el delegado de la bancada socialista Alejandro Köhler.

Otra norma polémica que fue aprobada es la de objeción de conciencia institucional e individual, lo que fue criticado por todo el bloque oficialista; consejeros y expertos.

Desde la derecha explicaron que se trata de un límite razonable contra obligaciones que atenten contra creencias morales de personas e instituciones.

Esto ya fue materia de discusión poco antes de que se aprobara la ley de aborto en tres causales y en ese tiempo la Contraloría dictaminó que todo establecimiento público no podía invocar la objeción de conciencia pues es parte del Estado entregar las acciones definidas por el legislador. Así, las instituciones que pueden apelar a la objeción de conciencia son las privadas, pero esto no corre para todas las que tengan convenios con el Estrado. O sea, prácticamente todas. “No pueden adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones de salud a que se encuentra obligado el Estado”.

También, con votos de la derecha, se aprobó la expulsión de inmigrantes que hayan ingresado de forma clandestina al país “en el menor tiempo posible”. La norma dice que los extranjeros que cometan un delito en Chile y sean condenados a presidio efectivo “deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen”.

Los consejeros oficialistas alegaron que dicha materia debería formar parte de una ley y no de la Constitución. Aparte, consideraron que este artículo será “letra muerta”, pues no hay cómo hacer operativo el que los extranjeros cumplan penas de cárcel en sus países por delitos que no se cometieron allí.

Y la derecha también concurrió con sus votos para aprobar aquella enmienda que dice que los reos condenados que acrediten tener una enfermedad terminal puedan cumplir las penas en sus hogares. Esta regla es la que permitiría que los presos en el penal de Punta Peuco que cometieron delitos en dictadura puedan quedar libres.