La transición energética arranca en Brasil pero sigue la incógnita por la extracción de petróleo en la Amazonía

La transición energética fue uno de los temas principales del discurso del presidente Lula ante la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas el martes. Lleva hablando de ella desde la campaña electoral del año pasado. La idea es pasar de una producción energética basada en fuentes no renovables, como el petróleo y el carbón, a otra con recursos limpios y sostenibles. Los principales beneficios son limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la dependencia de recursos limitados y fomentar la eficiencia energética.

El tema es también uno de los puntos centrales del gobierno brasileño para atraer inversiones extranjeras al país. La semana pasada Lula lanzó el plan de descarbonización para añadir más etanol a la gasolina que se vende en Brasil, del 27,5% actual al 30%. Ese plan, llamado “Combustible del futuro“, pretende reforzar la Alianza Mundial de Biocombustibles, el acuerdo firmado por Brasil, Estados Unidos e India durante el último G20, en Nueva Delhi. La iniciativa reúne a 19 países y 12 organizaciones internacionales con el objetivo de promover la producción y el uso sostenibles de biocombustibles en todo el mundo.

Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, la producción global de biocombustibles sostenibles debe triplicarse para 2030 si se quiere alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050. En 2022 los biocombustibles líquidos aportaron más del 4% de la energía total destinada al transporte.

Brasil pretende aumentar el biodiésel en el gasóleo en un 15% para 2024, mientras que antes el objetivo era 2026. Además, con el Programa Nacional de Combustibles Sostenibles para la Aviación (ProBioQAV), el gobierno ha fijado objetivos progresivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la aviación en un 10% para 2037. Esto se llevará a cabo aumentando la mezcla de combustible de aviación sostenible (SAF) con la parafina utilizada tradicionalmente.

En la apertura de la Cumbre sobre la Ambición Climática, un evento que forma parte del programa de la 78ª Asamblea General de la ONU, el Gobierno brasileño anunció ayer que aumentará el objetivo de reducción de emisiones del país del 37% al 48% para 2025 y del 50% al 53% para 2030.

“El mundo no tiene más remedio que emprender el camino de la producción y la inversión en energías limpias y biocombustibles”, afirmó Lula en la presentación del plan Combustible del Futuro, “si realmente queremos convertirnos en una nación rica y soberana, esta transición energética es una oportunidad fundamental para Brasil”. En su discurso ante la ONU, Lula entró en detalles y afirmó que “el 87% de la electricidad de Brasil procede de fuentes limpias y renovables. La producción de energía solar, eólica, biomasa, etanol y biodiésel crece cada año”. En realidad, el sector del biodiésel no ha crecido. Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), la producción en 2022 fue un 7,6% inferior a la de 2021. En total, se produjeron 6,27 millones de m³. En 2021, la cifra fue de 6,27 millones de m³.

Sin embargo, para Roberto Kishinami, del Instituto para el Clima y la Sociedad (ICS), “lo único que estamos haciendo es reforzar algo viejo, que tendrá que desaparecer. El biodiésel, por ejemplo, ya no sirve porque es degradable y debería ser sustituido por procesos de electrificación, como los de los coches puramente eléctricos”. Otras críticas proceden de sectores industriales que claman por un plan de subvenciones para que las palabras se conviertan en hechos. Mientras países como Estados Unidos ya invierten 369.000 millones de dólares en proyectos de energías limpias, en Brasil no existe actualmente ningún incentivo para estimular un sector que aún no se ha desarrollado a gran escala.

Para Felipe Gonçalves, de la Fundación Getulio Vargas para la Energía, “hay que trabajar con objetivos bien definidos. En cuanto se alcanzan los objetivos, se reducen o eliminan las subvenciones”. El problema es que en Brasil los incentivos se convierten a menudo en subvenciones, por lo que el sector no aumenta su productividad, como bien demuestra el caso de la industria automovilística. “Por eso será importante medir los resultados de estas políticas para ver si el sector se ha vuelto realmente más competitivo”, explica Gonçalves, “son incentivos para que el sector sea sostenible a gran escala”.

Aprovechando el discurso de Lula en la ONU, el ministro de Economía, Fernando Haddad, lanzó los “green bonds” o “bonos verdes” de la Bolsa brasileña, que entrarán en el mercado en los próximos meses. La idea es atraer a nuevos inversores extranjeros para proyectos sostenibles. La expectativa es que la operación comience con un valor de al menos 2.000 millones de dólares. “Brasil puede captar muchos fondos en el exterior porque tiene la mejor matriz energética del mundo, una de las más ricas del planeta y, lo más importante, puede duplicar su producción de energía limpia en menos de 10 años”, aseguró Haddad a un grupo de potenciales inversores en Nueva York.

A su lado, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, afirmó que al menos 10.000 millones de reales, unos 2.000 millones de dólares, de la primera emisión de “bonos verdes” de Brasil deberían destinarse al Fondo del Clima, que hasta ahora ronda es de cerca 400 millones de reales, unos 80 millones de dólares. El Fondo del Clima es una iniciativa para financiar proyectos, estudios y empresas destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los impactos negativos del cambio climático. El fondo proporciona recursos de dos formas. Una reembolsable y administrada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la otra no reembolsable, gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente.

Sin embargo, muchos ecologistas de Brasil han criticado que mientras el gobierno de Lula lanza un programa tras otro en nombre de la sostenibilidad el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, ha pedido en los últimos días al Ibama “celeridad” para revisar su decisión de vetar los estudios sobre la viabilidad de la exploración petrolífera en la margen ecuatorial, frente a la costa amazónica, a instancias de la petrolera nacional Petrobras. “Queremos lograr la transición energética, pero el pueblo brasileño no puede pagar esta cuenta. Desgraciadamente, el mundo sigue dependiendo del petróleo y del gas, y la margen ecuatorial podría ser la última frontera de exploración para Brasil”, afirmó Silveira.

La explotación petrolífera en la desembocadura del Amazonas se está convirtiendo en la prueba de fuego de las intenciones del gobierno de Lula. Mientras en la ONU se presentó una imagen “ecológicamente correcta” de Brasil, en casa afloran todas las contradicciones de la realpolitik. De hecho, Silveira también anunció un comité de conciliación, del que Marina Silva dijo no tener conocimiento, dirigido por la Abogacía General de la Unión. El objetivo sería llegar a un acuerdo en un plazo de 60 días. Marina Silva ya había declarado en agosto que “no puede haber acuerdo sobre dictámenes técnicos”. Tras el no técnico del IBAMA en mayo pasado, la petrolera nacional no se ha dado por vencida. Y espera convencer al principal órgano de control ambiental del país, que en su dictamen técnico había destacado “inconsistencias preocupantes de alta vulnerabilidad socioambiental para una operación segura en esa nueva frontera exploratoria.

También existe el riesgo de que China intervenga en el proyecto. Petrobras firmó recientemente acuerdos con los dos principales bancos chinos, el China Development Bank y Bank of China, para inversiones en proyectos de bajas emisiones de carbono y financiación verde. De hecho, el gobierno chino ya es socio de Petrobras en el llamado presal brasileño, es decir las reservas nacionales entre los estados de Santa Catarina y Espírito Santo. La estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) tiene una participación del 7,34% en Búzios, mientras que China National Oil and Gas Exploration and Development Company (CNODC), otra estatal de Pekín, posee el 3,67%. CNOOC también tiene una participación del 10% en el consorcio del área de Libra, donde se encuentra el yacimiento de Mero, en la cuenca de Santos, al igual que la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC). Otra empresa china con producción en Brasil es la estatal Sinochem, con una participación del 40% en el yacimiento de Peregrino, en la cuenca de Campos, operado por Equinor, una estatal noruega. En julio, Sinochem produjo 38,7 mil barriles/día de petróleo y 98,5 mil m³/día de gas natural en Brasil.

Precisamente la explotación del presal estuvo en el centro de las investigaciones por corrupción de Petrobras en la operación Lava Jato. Los testimonios de los investigados en la operación de 2015, recogidos tanto por la Policía Federal como por el Congreso, revelaron que la empresa estatal Sete Brasil, creada para la exploración del presal, estaba en el epicentro del pago de sobornos a cambio de contratos para construir 28 perforadoras para Petrobras. Según el ex director de servicios de Petrobras, Renato Duque, los contratos reportaron al Partido de los Trabajadores, el PT de Lula unos 133 millones de dólares en sobornos. El escándalo implicó al presidente y a hombres fuertes de sus anteriores gobiernos, como el ex ministro de Economía Antonio Palocci.

En un acuerdo con el entonces juez Sergio Moro, Palocci declaró que el PT alentó la trama de sobornos tras descubrirse el presal. El temor, según la prensa brasileña, es que la exploración petrolífera en aguas amazónicas desencadene nuevos casos de corrupción política. Según estimaciones del Ministerio de Minas y Energía, la exploración podría producir 10.000 millones de barriles y el gigantesco valor de 200.000 millones de dólares en ingresos.