(Desde Santiago, Chile) Casi 20 años después de iniciado el proceso judicial, se liquidaron tres depósitos a plazo que se encontraban en una institución bancaria y 3.3 millones de dólares que habían sido incautados al dictador Augusto Pinochet fueron transferidos a la cuenta de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Todo esto en el marco del caso Riggs.

El año 2004 la Corte Suprema dispuso que la familia Pinochet debía traspasar al fisco un monto 1,6 millones de dólares a modo de indemnización al Estado. Pero según consigna el diario El Mercurio, ninguno de los herederos de Pinochet reclamó los fondos que no eran parte del comiso en el plazo de seis meses que establece la ley.

Por cierto, la Corte Suprema había concluido que el dictador había incurrido en “conductas que importaron sustracción de caudales públicos” y que sus herederos eran “terceros responsables”.

De todas formas, la defensa de Lucía Hiriart, la viuda del dictador, trató de recuperar los dineros al interponer un recurso para que les fueron devueltos. El problema es que ya era tarde. El recurso fue rechazado por el magistrado De la Barra porque Hiriart “dejó de ser dueña de los bienes en comiso”, como explicó el juez en diciembre de 2021.

El caso Riggs data de 2004 y se origina en una profunda investigación hecha tanto en Chile como en Estados Unidos al patrimonio de Augusto Pinochet Ugarte.

Dicha investigación reveló la existencia de cuentas secretas en el banco Riggs a nombre del dictador chileno. Una subcomisión del Senado de EE.UU. concluyó que la entidad bancaria había violado las leyes estadounidenses al no informar de las cuentas secretas del ex comandante en jefe del Ejército chileno, y en la que se encontraron poco más de 21 millones de dólares.

Estas cuentas estaban registradas bajo identidades falsas. La chapa más conocida de Pinochet en el banco era la de Daniel López.

El primer giro hecho por el tal López a Lucía Hiriart fue de 410 mil dólares en 1990, cuando el dictador había dejado la presidencia de Chile.

El Consejo de Defensa del Estado acusó a Pinochet de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero ni siquiera alcanzó a sentarse en el banquillo de los acusados, pues falleció en 2006.

De todas formas, en 2018 la Corte Suprema ordenó incautar esos 1.6 millones de dólares como indemnización por los delitos cometidos por el dictador. Eso sí, la diferencia en montos se debe a que originalmente la justicia había ordenado el comiso de cerca de 5 millones de dólares.