El líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho está atravesando horas difíciles en la prisión en la que se encuentra detenido desde diciembre pasado por el caso “Golpe de Estado I”, que investiga los hechos suscitados en la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, acusado de fraude electoral.
El estado de salud del gobernador de Santa Cruz se está deteriorando, a sus abogados no les entregan los informes médicos y uno de los profesionales que lo atendió indicó que “están matándolo lentamente”.
El pasado 16 de agosto, se le realizó la evaluación médica física en el Centro Penitenciario de Chonchocorro. Ese día, 26 médicos fueron a examinarlo, 20 de ellos elegidos por el propio régimen penitenciario, recordó en diálogo con Infobae el abogado del político, Martín Camacho. Detalló que los profesionales presentaron el informe con las conclusiones de esa evaluación ante el juez, quien a su vez ordenó que se realice una junta médica.
“Este informe se presentó el 31 de agosto. Sin embargo, para presentarlo, los 26 médicos el mismo 16 de agosto le ordenaron al régimen penitenciario que se realicen unos exámenes complementarios en un plazo no mayor a 10 días para que ellos pudieran tener a ciencia cierta y, con exámenes importantes como una ecografía abdominal, una angiotomografía, una tomografía de senos nasales y otros; que no se pueden hacer en el centro penitenciario. Dejaron la orden al director general del régimen penitenciario para que él lo traslade a un hospital de tercer nivel y puedan realizarse estos exámenes”, narró el letrado a este medio.
Y siguió: “La importancia de estos exámenes era que se realicen en ese período de 10 días para que vayan incluidos en las conclusiones de los médicos. Sin embargo, pese a tener la orden, recién el 6 de septiembre, 20 días después de la evaluación médica y cuando ya el informe de los médicos sin estos exámenes necesarios estaba presentado, el director del régimen penitenciario, el señor (Juan Carlos) Limpias, ordenó el traslado del gobernador a un hospital de tercer nivel para la realización de estos exámenes, incumpliendo el pedido de la junta médica que además había sido ordenado por el juez”.
El abogado de Camacho indicó que recién el pasado lunes, 12 días después de la realización de los estudios, Limpias dio a conocer que él tenía los resultados y que los que quisieran acceder a los mismos debían solicitárselos directamente.
“Aquí es donde ocurre justamente un incumplimiento a una orden judicial que en nuestra legislación es considerado un delito, toda vez que fue el juez primero de instrucción y anticorrupción de la ciudad de Santa Cruz el que ordenó la junta médica y, en consecuencia lógica, los exámenes complementarios. A él debían haberse remitido esos resultados”, señaló Martín Camacho.
“Sin embargo, en total hermetismo, el señor Limpias esconde los resultados y quiere que el juez se los pida a él, pasando además sobre una orden de una autoridad. El señor Juan Carlos Limpias, igual que cualquier ciudadano, y además en su calidad de funcionario público, está obligado a cumplir con las órdenes que emanen de una autoridad competente. En este sentido, al no haber cumplido con el requerimiento del juez, él estaría incurriendo en un incumplimiento de deberes pero además en una desobediencia al llamado de la autoridad o a resoluciones emanadas por la autoridad jurisdiccional”, estimó el letrado.
Luego agregó que los exámenes aún “permanecen herméticos” y que, como defensa, va a esperar el conducto regular, que es a través de la orden del juez, para tener conocimiento de los mismos. “El juez primero anticorrupción de la ciudad de Santa Cruz ya el día lunes lo notificó. No para pedirle que por favor le mande los resultados, si no para darle la orden de que de manera inmediata se remitan los resultados de los exámenes médicos en original a ese despacho judicial”, informó.
Respecto a las cirugías a las que debe someterse el gobernador, Martín Camacho manifestó que el mismo 16 de agosto, uno de los médicos, un cirujano coloproctólogo que fue designado por el mismo régimen penitenciario, en su informe conclusivo indicó la necesidad de “una cirugía urgente para el gobernador”.
“En ese sentido, la cirugía no se puede realizar en el centro penitenciario y, por lo tanto, debería ser trasladado a un hospital en donde se puedan cumplir con los requerimientos para realizar este tipo de intervenciones médicas”, acotó el letrado.
Además, recordó que otra de las recomendaciones de los mismos médicos del régimen penitenciario es que ”el gobernador no permanezca en un lugar que se encuentre a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto en razón justamente a la hipertensión y que, en realidad, es uno de los factores más preocupantes de su salud”, detalló.
Y completó: “Como tercer punto, respecto a las enfermedades de base que tiene Luis Fernando Camacho, debe recibir el tratamiento para el síndrome Churg-Strauss que se le suministra en un plazo de 15 a 20 días. Debe realizarse en un ambiente salubre e higienizado y, además, bajo control médico permanente, que evidentemente no reúne ningún centro penitenciario”.
“Bajo estos tres argumentos ya se estuviese poniendo en riesgo la salud y la vida del gobernador sin necesidad incluso de verificar los resultados del exámen médico complementario del pasado 6 de septiembre. Ya el 31 de agosto se sabían estas conclusiones”, remarcó el abogado a Infobae.
Por último, manifestó: “He conversado con uno de los médicos que lo revisó, que lo examinó el día 16 de agosto, y textualmente me dijo que están matándolo lentamente”.