A Nayib Bukele no le cierran las cuentas: postergó pagos y asoman nuevos escenarios de un posible default

Cuando a principios de este año el gobierno de Nayib Bukele pagó el vencimiento de deuda por USD 800 millones, el presidente salvadoreño se puso festivo. En la red social Twitter, hoy X, el mandatario y su ministro de haciendo celebraron y la emprendieron contra los analistas que habían adelantado un escenario de impago para El Salvador. Las dudas sobre la salud financiera del país, sin embargo, persisten, sobre todo tras una reforma en el sistema de pensiones que permitirá al gobierno no pagar intereses ni capital de la deuda previsional hasta 2027, año en que el país deberá saldar otro vencimiento de la deuda total del país, esta vez por cerca de USD 2,035 millones.

Bukele logró, con la reforma al sistema de pensiones, evitar algunos pagos inmediatos, pero a costa de seguir acumulando deuda y de un impago técnico a algunos de los cotizantes, según analistas consultados por Infobae en San Salvador y Estados Unidos.

Hay, de hecho, una situación de impago en 2023, considera el economista salvadoreño Rafael Lemus. El gobierno de El Salvador tiene tres grandes acreedores, la banca internacional, la banca local y los cotizantes en el sistema de pensiones. A los dos primeros, dice Lemus, Bukele les ha cumplido por ahora, pero a una parte del tercer grupo ha dejado de pagarles capitales e intereses con la reforma de pensiones de diciembre pasado.

Desde que asumió en 2019, Bukele ha echado mano de fondos públicos y deuda para adelantar algunos programas que abonaron a su saludable popularidad desde el principio del mandato. Uno de esos proyectos emblemáticos fue la entrega de USD 300 a sectores empobrecidos cuando iniciaban los cierres económicos por la pandemia de Covid-19.

La reforma a las pensiones, que estipula el no pago de capitales e intereses a los trabajadores en los próximos cuatro años, permitirán un ahorro de unos USD 500 millones al año de 2023 a 2026. Sin embargo, a partir de ese último año, tal como la ley está por ahora, el gobierno deberá a empezar a asumir obligaciones de nuevo por unos USD600 millones anuales.

A eso, en 2027, el gobierno deberá de sumar pagos inmediatos de USD 800 millones a acreedores internacionales, USD 500 millones de amortización a multilaterales y otros USD 175 millones de deuda interna. Esto es, más de 2,000 millones en un solo año. A partir del 27, los requerimientos de nueva deuda rondarán los USD3,000 al año.

A pesar de que el gobierno de Bukele ha aumentado la recaudación tributaria, economistas como Lemus y analistas de riesgo en Wall Street creen que El Salvador no será capaz de pagar sus obligaciones en los próximos años, y que el riesgo de impago en el mediano y largo plazo sigue existiendo. Además, el precio real de los bonos salvadoreños con vencimiento de deuda a partir de 2027 estarán incluso por debajo de los USD 81, lo cual denota riesgo de impago según un análisis de Bloomberg,

Otro de los mecanismos que Bukele ha encontrado para financiarse en el corto plazo es la reestructuración de la deuda con la banca local. A principios de septiembre, el ministerio de hacienda informó que había alcanzado un acuerdo con la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) para convertir la deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo. Eso, de acuerdo con la casa de análisis Moody’s, implica un riesgo importante para la banca y no garantiza, en el largo plazo, la sostenibilidad de la deuda.

“La alta concentración de la deuda pública y su refinanciamiento hacia más largo plazo afectaría negativamente la flexibilidad financiera de los bancos”, advierte Moody’s en un comunicado que publicó el 9 de septiembre. La casa analista añade que la banca local ya ha asumido un riesgo importante al concentrar su patrimonio en títulos estatales, que en 2019 sumaban alrededor de USD 900 millones y este año suman unos USD 2,700 millones.

El problema, advierte Moody’s, es que la calificación crediticia de El Salvador es Caa3, lo que en corto significa que prestarle al país centroamericano implica un riesgo muy alto. Eso, dice el economista Lemus, hace pensar que la banca local no afronta un escenario favorable tras el acuerdo de reestructuración alcanzado con el gobierno.

Hay, además, algunas señales de que el gobierno Bukele empieza a tener problemas de caja chica y gasto corriente, lo que puede haberlo llevado a dejar de cumplir algunas obligaciones internas. Hace unos días, por ejemplo, desde la Universidad de El Salvador, la única estatal, se anunció que hacienda no ha transferido USD 40 millones de dólares correspondientes a los presupuestos de 2022 y 2023.

A finales de agosto, el Ejecutivo presentó un decreto para disolver dos instituciones estatales que gestionan fondos públicos para becar a estudiantes de educación superior. El gobierno ha dicho que creará una nueva entidad para el manejo de esos fondos, pero las autoridades actuales de esos organismos ya han expresado preocupación de que se incumplan los pagos a estudiantes que ya están becados, incluso fuera de El Salvador.

Cuando entre finales de 2022 y principios de este año Bukele tomó algunas medidas para obtener flujos de efectivo, como recomprar la deuda, y así evitar el impago por el vencimiento de USD 800 millones en febrero de 2023, desde Wall Street hubo quienes entendieron el asunto como un parche más.

“Las grandes preocupaciones por el país seguían ahí, por la deuda, por el nivel de gasto, el bajo crecimiento. El Salvador requiere de una operación de corazón abierto, no una cirugía menos. Al final todo esto termina entendiéndose como otro tema de publicidad para hacer ruido”, dijo a Infobae un analista que sigue a El Salvador desde una casa de análisis de riesgo en Nueva York y quien habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacer de otra forma.

La preocupación por la deuda salvadoreña y el manejo que de ella ha hecho el gobierno de Nayib Bukele iniciaron con su mandato, a mediados de 2019. A la deuda previsional que el país ya acarreaba se unió el gasto no fiscalizado durante la pandemia de Covid-19 y un contexto internacional en que las multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, cayeron casi de inmediato en una relación de desconfianza con el nuevo gobierno de El Salvador.

El gabinete económico de Bukele, encabezado hasta ahora por Ibrajim Bukele, hermano del presidente y quien a pesar de no tener un puesto público ha sido jefe de delegación en al menos tres rondas de negociaciones con las multilaterales en Washington, tuvo desencuentros con el FMI casi desde el principio. En el centro de esos desacuerdos hubo, en 2021 y 2022, motivos políticos y técnicos, según funcionarios estadounidenses y salvadoreños implicados en las negociaciones han comentado a Infobae en los últimos meses.

El FMI y el Banco Mundial cuestionaron, en público y en privado, la adopción de la Ley Bitcoin, que el congreso bukelista aprobó en junio de 2021 y el Ejecutivo echó a andar en septiembre de ese año sin transparentar el origen y montos reales de la inversión para hacerlo, la cual incluyó compra de criptomoneda, subvención de USD 30 a nuevos usuarios del sistema y creación de un software para el uso de Bitcoin e instalación de una red de cajeros automáticos. A dos años de aquello, según cálculos de algunos analistas, El Salvador ha perdido entre USD 100 y USD 200 millones.

Toda la aventura Bitcoin empantanó la negociación del FMI con El Salvador por un crédito de USD 1.4 mil millones. Tanto que en la previa de las reuniones de primavera de este año, Ibrajim Bukele y la delegación salvadoreña escucharon de las multilaterales que la derogación de la ley era una condición indispensable para sacar las pláticas del estancamiento.

Antes, cuando el gobierno de Joe Biden en Washington sancionó a funcionarios de Bukele por actos de corrupción y negociaciones con las pandillas MS13 y Barrio 18, hasta las multilaterales llegaron también preocupaciones por las tendencias autoritarias del presidente salvadoreño y los señalamientos por prácticas antidemocráticas e irrespetos a los derechos humanos de su gobierno. Aunque, según dijeron a Infobae en su momento dos funcionarios de multilaterales, las consideraciones políticas nunca fueron parte esencial de las negociaciones, las reticencias estadounidenses de aliviar a Bukele eran una realidad, y eso sí influía en el ánimo del diálogo. Eso ha cambiado.

En meses recientes, tras la llegada de un nuevo embajador de Biden a San Salvador, la relación entre Washington y Bukele se ha distendido y, según han confirmado en Washington dos asistentes legislativos al tanto de la relación bilateral, un reinicio de pláticas con el FMI es hoy más probable.

A finales de 2021, tras la aprobación de la Ley Bitcoin y el estancamiento de las pláticas con el Fondo, dos analistas de casas de riesgo en Wall Street con los que Infobae charló advirtieron que uno de los escenarios más probables entonces era que Bukele optara por echar mano de todos los ajustes y líneas crediticias posibles para atender las obligaciones inmediatas hasta 2023 sin reactivar en serio la negociación con el FMI. Eso fue lo que ocurrió.

Los analistas advirtieron, entonces, que El Salvador corría el riesgo de, agotadas las alternativas que no pasaran por las multilaterales, afrontar condiciones de ajustes estructurales más drásticos en un eventual regreso a las negociaciones con el Fondo. El economista Rafael Lemus cree que, cerrados otros escenarios y con la deuda en crecimiento, el retorno a las pláticas con el FMI se ha convertido en la única opción posible.

Por ahora, gracias a la reforma al sistema de pensiones y al impago de intereses y créditos de los trabajadores entre 2023 y 2027, el gobierno Bukele ha logrado navegar las tormentas de la deuda pública. El Bitcoin, a dos años de su lanzamiento, parece un proyecto moribundo. Y las negociaciones con el Fondo Monetario si pintan, hoy, más posibles que antes.

Bukele, en todo caso, se encamina a reelegirse en la presidencial del próximo año luego de que la Corte Suprema de Justicia, que él controla, hiciera una interpretación que le permitió evadir prohibiciones explícitas establecidas en la Constitución del país. Con una oposición raquítica en frente, lo más probable es que se reelija por márgenes amplios, que afiance su control político y que afronte los retos financieros inminentes y los escenarios de impago que agobian a El Salvador desde un pedestal de poder absoluto del Estado.

Frente a él, desde 2027, requerimientos de nueva deuda que no bajarán de los USD 2,700 millones por año de acuerdo con cifras oficiales.