Cómo la fiscalía de Guatemala utiliza trolls en las redes sociales para amedrentar al presidente electo Bernardo Arévalo

Bernardo Arévalo, el presidente electo de Guatemala, tenía planificado un viaje a Washington, DC a finales de julio pasado tras haberse colado, de forma sorpresiva, en el balotaje programado para el 20 de agosto. La visita a la capital estadounidenses sería, en el papel, su primer acercamiento con posibles apoyos políticos internacionales ante quienes en su país se enfrascaban en intentos por desconocer su triunfo en la primera vuelta de la presidencial. El viaje se frustró: en Ciudad de Guatemala el Ministerio Público, uno de los principales detractores de Arévalo, había emprendido una persecución criminal y amenazaba, a través de cuentas apócrifas en redes sociales y voceros no oficiales, con emitir órdenes de captura a miembros del Movimiento Semilla, el partido que había sorprendido al país en la primera ronda electoral.

Arévalo decidió quedarse en Guatemala ante la amenaza de cualquier jugarreta legal que amenazara su paso al balotaje y su eventual victoria en segunda vuelta, según confirmó a Infobae en Washington un asesor legislativo al tanto de la agenda frustrada del político guatemalteco en la capital de Estados Unidos y luego el mismo Arévalo confirmó.

En medio de las amenazas y del complot contra Arévalo y Semilla, que terminó ganando la elección en la segunda vuelta, hay un movimiento de piratas informáticos que, según funcionarios consultados en Guatemala y Estados Unidos e investigaciones en poder del Departamento de Estado, ha cumplido la doble función de amedrentar a los ganadores de las elecciones y acompañar la persecución penal emprendida por el Ministerio Público (MP) a Semilla.

En los últimos días, agentes del MP allanaron el Tribunal Supremo Electoral (TSE), abrieron urnas y orillaron a Arévalo a suspender el proceso de transición presidencial hasta que renuncie Consuelo Porras, la fiscal general. Las cuentas de los piratas informáticos han acompañado, con campañas de descrédito y amedrentamiento la embestida legal de los fiscales.

Ligados a esa red informática hay altos mandos del MP, como el secretario general Ángel Pineda, a quien el Departamento de Estado (DOS) calificó como funcionario antidemocrático y corrupto e incluyó en una lista negra en septiembre de 2021. Pineda fue señalado, ese mismo año, de filtrar información privilegiada a una red de corrupción bancaria.

De Pineda dijo el DOS que “obstruyó investigaciones de actos de corrupción al interferir con ellas. El mismo MP abrió una investigación por sospechas de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción y… (el señalamiento de) que ha informado a sospechosos de corrupción de que la fiscalía los investigaba”.

En parte de esas investigaciones al secretario general de la fiscalía que dirige Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público a quien Estados Unidos también ha calificado como funcionaria antidemocrática y corrupta, consta que Pineda también es sospechoso de haber utilizado la misma red de piratas informáticos que hoy atacan y acosan a Bernardo Arévalo, el presidente electo.

Arévalo, un sociólogo y profesor universitario de centro izquierda, fue el gran ganador de la primera jornada de la presidencial guatemalteca, celebrada el 25 de junio. Contra todo pronóstico y luego de una campaña convulsa en la que su partido, el Movimiento Semilla, ni siquiera aparecía en las encuestas, obtuvo el segundo lugar, solo por detrás de Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido más grande del país.

El triunfo de Arévalo no sentó bien en la alianza política que gobierna Guatemala, que incluye al presidente Alejandro Giammattei y a su operador político más cercano, Miguel Martínez; a Consuelo Porras, la fiscal general; a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización civil ligada a militares acusados de crímenes de lesa humanidad; y a los empresarios conservadores que los han financiado a todos ellos.

Tan mal cayó el gane de Arévalo que esa alianza empezó, casi de inmediato, una ofensiva mediática y legal a través del Ministerio Público para entorpecer la llegada del Movimiento Semilla a la segunda vuelta y, de ser necesario, su ascenso a la presidencia del país. En medio de esa ofensiva, el viaje a Washington en julio pasado parecía clave.

Una de las reuniones programadas para la visita de Arévalo sería en el edificio Rayburn del Congreso federal en la céntrica avenida Independence de la capital estadounidense. Ahí, la congresista demócrata Norma Torres, representante de California de origen guatemalteco, recibiría al presidenciable. El encuentro se había pactado para el martes 25 de julio. A última hora del domingo 22 de julio, uno de los organizadores del encuentro informó que este se había suspendido.

Luego, desde Guatemala, alguien cercano al entorno de Arévalo confirmó que el candidato había desistido de abandonar su país ante la amenaza de que el MP emitiera órdenes de captura en su contra o de otros miembros del Movimiento Semilla.

La historia de esas amenazas y de cómo llegaron hasta Arévalo y su entorno desvelan cómo actúa la red de piratas informáticos que, alimentada por información privilegiada que le filtra el Ministerio Público guatemalteco, ha abanderado campañas de amenazas, acoso judicial y físico a quienes consideran enemigos políticos. En la lista de víctimas, algunas reconocidas como tales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, están, además de Arévalo, ex investigadores anticorrupción, ex fiscales, juezas y periodistas.

Tras suspender su viaje a Washington, Bernardo Arévalo informó a la CIDH que su vida estaba en peligro y que desde el mismo Ministerio Público le habían informado de que habían detectado un plan para atentar contra él. El entonces candidato, además, denunció “vigilancia, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte, las que habrían incrementado tras la primera vuelta electoral del 25 de junio de 2023″. Arévalo, además, dijo que “las intervenciones digitales constituyen actos de amenazas, seguimientos e incitación a la violencia”, e identificó a algunas cuentas anónimas como parte de la red, entre ellas al usuario ¡Yes, Master! (@__VaderGT).

El 26 de julio de 2023, @__VaderGT adelantó, en la red social X, que el MP libraría cuatro órdenes de captura, “(por lo que) el propuesto beneficiario -Arévalo- informó que no pudo salir del país ante el temor de que en las próximas horas se libraran nuevas órdenes. La cuenta de ¡Yes, Master! señaló que estas órdenes de captura se realizarían por un caso que se encuentra bajo reserva”.

La cuenta anónima, además, publicó esta frase: “El Kraken en misión y búsqueda de destrucción”, la cual la red informática ligada al MP guatemalteco suele utilizar para anticipar “órdenes de captura o resoluciones del Organismo Judicial, antes de que estas sean de conocimiento público”.

Las órdenes no se hicieron efectivas, pero el acoso cibernético continúo.

Pocos días más tarde, el 5 de agosto de 2023, la cuenta ¡Yes, Master! publicó una fotografía de Arévalo junto a la congresista Torres y, con ella, un texto que decía: “Pronto tendría que autoexiliarse en Estados Unidos”, en referencia al presidenciable de Semilla. En su denuncia ante la CIDH, Arévalo dijo que consideraba esa publicación una amenaza y una advertencia de que, de ganar en el balotaje del 20 de agosto, las fuerzas políticas asociadas a la red de piratas informáticos, al MP y la Fundación contra el Terrorismo no le permitirían “asumir como presidente del país”.

El tiempo dio la razón a Arévalo, que en el balotaje se impuso con cerca del 60% de la votación y poco después fue certificado como presidente electo por el TSE. Desde entonces, los mismos actores -piratas, fiscales, sicarios legales- han hecho de todo para entorpecer la transición de mando, que en Guatemala dura hasta enero del año siguiente, en este caso del 2024, cuando el nuevo mandatario debe jurar en el cargo.

Cuentas como ¡Yes, Máster! y @Eriol_Gt, o las del abogado Raúl Falla Ovalle y el empresario Ricardo Méndez Ruiz, ambos de la Fundación contra el Terrorismo, se siguen turnando en el acoso cibernético o en la filtración de procesos legales contra el entorno de los ganadores de la presidencial.

Mientras, el MP construye al menos dos casos judiciales contra Arévalo y Semilla, uno basado en una supuesta falsificación de firmas durante el proceso de autorización del partido político, antes de las elecciones, y otro en el que, por una “denuncia ciudadana”, investiga si hubo fraude en la primera vuelta electoral.

Por el primer caso un juez al que Arévalo ha asociado con la red que lo hostiga pidió la suspensión de Semilla, pero la decisión fue revocada por un tribunal superior. Por el segundo caso, el MP allanó instalaciones temporales del tribunal electoral y abrió urnas de votación, algo sin precedentes en la historia reciente de Guatemala y que ha sido por analistas políticos como Manfredo Marroquín, de la no gubernamental Acción Ciudadana, como golpe de Estado técnico.

Tampoco le falta contexto a Arévalo cuando señala a la red informática asociada al MP como parte del grupo político que quiere evitar la transición de poder en Guatemala. Esa red ha estado activa en buena parte de los casos contra ex fiscales, exjueces, abogados y periodistas que le han plantado cara a la alianza gobernante y ha sido parte del acoso cibernético y judicial que ha llevado a 42 operadores de justicia y a 22 periodistas al exilio y ha encarcelado a otros tantos.

Al frente de todo, como rostro visible, está Rafael Curruchiche, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP (FECI) y uno de los principales peones de la fiscal general Consuelo Porras.

A Rafael Curruchiche, el jefe de la FECI, le preguntaron en una entrevista televisiva el 13 de septiembre pasado por qué los netcenters, como se conoce en Guatemala a las redes de piratas informáticos, tenían información privilegiada de acciones del Ministerio Público y por qué, incluso, las cuentas apócrifas publicaban información sobre operativos antes de que ocurrieran, como había pasado un día antes de la entrevista, cuando agentes fiscales allanaron, horas después del anuncio apócrifo en redes sociales, las instalaciones del TSE y abrieron urnas a pesar de que eso no estaba aprobado explícitamente en la orden de búsqueda.

Curruchiche se puso nervioso. Contestó, entre tartamudeos, que él no veía redes sociales, que no estaba pendiente de ellas y que no podría decir algo al respecto. El jefe de la FECI mentía: en el Ministerio Público constan denuncias que implican a altos funcionarios de la fiscalía con filtraciones a los netcenters.

Además de las sospechas que recaen sobre Ángel Pineda, el secretario general del MP, Curruchiche sabe, al menos, sobre otro caso, uno que vincula a sus fiscales en la filtración de información privilegiada sobre la investigación a Leily Santizo, una abogada que trabajó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que funcionó como fiscalía adjunta al MP con apoyo de Naciones Unidas entre 2008 y 2019 , cuando sus miembros fueron expulsados del país por el expresidente Jimmy Morales, él mismo investigado por actos de corrupción.

A Santizo el MP de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche la metió presa en febrero de 2022. La acusaban de colusión en un caso que luego organismos de derechos humanos en Guatemala y el extranjero calificaron de litigio espurio. La enviaron a Mariscal Zavala, la cárcel de máxima seguridad, y tras varios meses la dejaron libre porque un tribunal no encontró mérito en la acusación. Pero, mientras estuvo presa, Santizo documentó cómo funciona la red de piratas informáticos asociadas al MP y la Fundación contra el Terrorismo, la misma que hoy actúa contra Bernardo Arévalo, el presidente electo.

En julio de ese año, la defensa de Santizo interpuso una denuncia penal contra las fiscales Nora Liceth López Zamora y Vilma Pérez Pineda, y contra Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle, de la Fundación contra el Terrorismo, a quienes acusó de revelación de información confidencial o reservada y de obstrucción de justicia. El fondo de la denuncia es que fiscales y querellantes se confabularon para armar más acusaciones a Santizo mientras le negaban a ella su derecho de defensa. En una entrevista con la Agencia Ocote de Guatemala, Méndez dijo que no había una relación orgánica entre su organización y las cuentas apócrifas.

La exmandataria incluyó en su denuncia a los administradores de las cuentas de Twitter @_VaderGT y @Eriol_GT, cuyos IP e identidades Santizo pidió al MP ubicar. En 2018, antes de ser cancelada por el expresidente Jimmy Morales, la CICIG presentó un informe sobre cuentas de redes sociales utilizadas para amedrentar a investigadores de la comisión, periodistas y operadores de justicia; en ese reporte aparecen los dos usuarios denunciados por la abogada Santizo, que son los mismos que acosan al presidente electo Arévalo.

Santizo denuncia el caso específico de la información extraída de un teléfono celular que ella entregó al Ministerio Público, de forma voluntaria, el día que la arrestaron en febrero del 2022. Durante cuatro meses, la exmandataria pidió a las fiscales López Zamora y Pérez Pineda que le entregaran copia del informe INFOR 22-364 INACIF 22-22174, elaborado tras el vaciado del celular. Y durante cuatro meses las agentes de la fiscal general Porras negaron a Santizo la información con varias excusas mientras la entregaban bajo la mesa a la FCT.

La fiscal Pérez Pineda indicó a Santizo que solo tendría acceso a información de forma física en la fiscalía y que no se le entregaría copia digital “para evitar que las comunicaciones o el contenido de estas fuera filtrado a redes sociales o medios de comunicación”. Sin embargo, alega Santizo en su denuncia, “de manera reiterada y sistemática se ha revelado información reservada o confidencial a los querellantes adhesivos… quienes constantemente realizan publicaciones sobre la información del proceso, que se encuentra bajo reserva”.

Mientras Santizo y su defensa debían de luchar contracorriente en las cortes guatemaltecas para garantizar su derecho a defensa, los piratas informáticos tenían acceso a la información de su caso en tiempo real.

Las filtraciones a FCT empezaron el día del arresto del Santizo. Aquel 10 de febrero, la Agencia 5 de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, ordenó hacer efectiva la orden de arresto anexa al expediente MP001-2022-4389, el cual fue abierto por denuncia que interpuso la fundación de Méndez Ruiz. Antes de que esa orden de arresto fuese ejecutada, cerca del mediodía, ya el director de FCT, el abogado Falla y otras cuentas apócrifas tuiteaban sobre la inminente captura de Leily Santizo.

En su denuncia por revelación de información reservada Santizo enumera seis ocasiones en que Falla, Méndez Ruiz y las cuentas afines tuitearon información del caso, a pesar de la reserva en que este se encuentra. La ley guatemalteca, cuando un caso tiene reserva, restringe el acceso al mismo a las partes procesales y prohíbe, bajo pena de proceso penal, la publicidad de cualquier tipo, que es precisamente lo que la FCT hizo. Más aún: la única forma de que los querellantes tuviesen acceso a la información es a través de las fiscales asignadas al caso, por eso Santizo las incluyó en su denuncia.

El MP y la FCT intentaron, en octubre del 2022, volver a meter presa a Santizo, esta vez por “obstaculización de la acción penal”, en otro caso que fue declarado en reserva judicial y que fue calificado como espurio por varias instituciones, desde Human Rights Watch hasta voceros del Departamento de Estado en Washington. La investigadora tuvo que salir del país y vive desde entonces en el exilio. Desde donde está sigue la política de su país.

Santizo no duda que detrás el acoso a Bernardo Arévalo, el presidente electo, está la misma gente que la ha perseguido a ella. Los abogados coludidos con la red de acosadores informáticos, dice, “hacen el trabajo sucio que ellos -los funcionarios- jamás harían de frente, porque eso destruiría por completo una deteriorada imagen y reputación a nivel nacional e internacional. Sabemos perfectamente quienes están atrás de estas personas, que al parecer son quienes dirigen el Ministerio Público”.