Un juez anticorrupción de Guatemala renunció a su cargo tras denunciar una persecución en su contra

El juez penal guatemalteco Carlos Ruano, premiado por el Gobierno de Estados Unidos por su lucha contra la corrupción, renunció este jueves a su cargo, tras denunciar una persecución política en su contra.

Ruano, quien era titular del Tribunal Noveno de Sentencia del Organismo Judicial, argumentó que su salida obedece a un proceso penal en su contra por el supuesto delito de abuso de autoridad.

El juez expuso ante periodistas temer por su integridad debido a constantes hechos de acoso y hostigamiento en su contra.

La persecución penal contra el juez, protagonizada por la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo, inició porque en 2017 Ruano denunció a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling de interceder para retirar cargos de corrupción contra su hijo.

Derivado de la denuncia de Ruano, Stalling fue procesada. Sin embargo, el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada.

En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”.

Este jueves, Ruano aseguró que la Corte Suprema de Justicia aún no ha aceptado su renuncia al cargo.

El juez se une a la lista de al menos 50 operadores de justicia, periodistas, abogados y activistas que han denunciado persecución política de su país, y la mayoría de ellos se exilió en Estados Unidos.

El gobierno de Joe Biden acusó esta semana a la Fiscalía de Guatemala de estar “debilitando” la democracia en el país, luego de que decidiera allanar una de las sedes del Tribunal Electoral para acceder a 160 cajas con votos de la primera vuelta electoral.

“Esta acción sin precedentes socava la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco”, señaló el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, en su cuenta de la plataforma X, antes conocida como Twitter.

El allanamiento de la Fiscalía fue amparado por una orden emitida por el juez penal Fredy Orellana y fue calificada por la presidenta del Supremo Electoral como una medida “sin precedentes”.

La diligencia surgió de la denuncia de “un ciudadano que argumentó ilegalidades”, según explicó el fiscal Rafael Curruchiche, quien se encuentra a cargo de la apertura de las cajas electorales.

La Organización de Estados Americanos (OEA), que ha enviado una misión de observación electoral a Guatemala para supervisar las elecciones y el proceso de transición, también expresó su “preocupación” por las acciones de la Fiscalía.

“El Ministerio Público (Fiscalía), lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales”, dijo el organismo en un comunicado.

El ganador de las elecciones, que tuvieron una segunda vuelta el pasado 20 de agosto, el ahora presidente electo, Bernardo Arévalo de León denunció el pasado viernes que existe en marcha “un golpe de Estado” orquestado por la fiscal general Consuelo Porras para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.

La polémica intervención de la Fiscalía sucedió un día después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, participara en la segunda reunión de proceso de transición de mando en el Palacio Nacional de Cultura de la capital guatemalteca entre el actual presidente, Alejandro Giammattei, y su sucesor, Arévalo de León.

Almagro resaltó que “es importante que este proceso de transición entre el señor Giammattei y el señor Arévalo no sea empañado por nadie”.

El próximo 14 de enero, Arévalo de León, de 64 años, debe tomar posesión como presidente para el periodo 2024-2028 y se convertirá en el primer presidente socialdemócrata de la historia del país centroamericano, en más de 70 años.

(Con información de EFE)