(Desde Santiago, Chile) Fue un golpe al Tren de Aragua. La Policía de Investigaciones de Arica, por mandato de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, logró intervenir y desactivar al temido clan de Los Gallegos, violento brazo operativo de la organización criminal de origen venezolano.
En varios operativos, que incluyeron la presencia de agentes infiltrados, fueron detenidos 44 integrantes de Los Gallegos, los que estaban siendo procesados por delitos que van desde la extorsión y trata de personas, hasta el homicidio. Para 11 de ellos, el ministerio público solicitó penas de presidio perpetuo.
El problema es que el juez Héctor Barraza, del tribunal de Garantía de Arica, ordenó entregar a la defensa de los imputados la lista con las identidades de los 56 testigos que, hasta ese momento, tenían la calidad de protegidos.
Según Radio Biobío, la audiencia donde el juez Barraza ordenó entregar los nombres de los testigos fue de lo más accidentada, y partió con la molestia del magistrado porque el fiscal que debía alegar la causa no estaba presente en la audiencia, sino que estaba conectado vía telemática.
El fiscal en cuestión no había asistido al tribunal justificadamente y autorizado por el Comité de Jueces, justamente, porque sobre él también pesaba una amenaza.
La fiscalía presentó un recurso de protección para evitar que se entregaran antecedentes de los testigos, pero ya era demasiado tarde. Dos defensores habían alcanzado a retirar los sobres que contenían el listado.
“Resulta importante aclarar que la información ha sido entregada a defensores penales públicos, quienes ejercen una función pública y para su utilización en el marco del derecho a defensa que tiene todo ciudadano, y la misma está manejada de manera seria y responsable, resguardando en todo momento su confidencialidad, como la obligación ética y legal que todo interviniente tiene en el proceso penal”, aclaró el defensor regional de Arica y Parinacota Sergio Zenteno.
De todas formas, Mario Carrera, el fiscal regional de Arica y Parinacota, había dispuesto la reubicación de todos los testigos. “La preocupación del ministerio público está en las víctimas, en los testigos, y eventualmente en los funcionarios judiciales y de la Policía de Investigaciones”, dijo.
La Corte de Apelaciones de Arica, en fallo unánime, le dio la razón a la fiscalía y admitió el recurso de protección y solicitó un informe al juez Barraza con todos los antecedentes que tengan que ver con la discutida decisión.
“Extremadamente grave”
De todas formas, la fiscalía ya anunció que abrió una investigación de oficio por la entrega de las identidades. Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, admitió que el gobierno estudia presentar un requerimiento ante la Corte Suprema contra el juez.
“Nos parece que es una decisión grave porque primero no permitió escuchar a partes intervinientes, como el propio fiscal a cargo, el que tenía que declarar vía telemática justamente porque estaba con medidas de protección, y tampoco se les permitió participar a los abogados del Ministerio del Interior”, alegó Monsalve, quien agregó que " estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República, particularmente en el artículo 32 de la Constitución y en el numeral 13 de ese artículo, que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial”.
Luis Cordero, ministro de Justicia, calificó como “extremadamente grave” la entrega de las identidades de los testigos protegidos.
“Esta no es una investigación cualquiera, esta es una investigación de crimen organizado que es extremadamente compleja, donde es muy relevante los testimonios y la intervención de la policía en su interior. Y lo que sucedió ayer es lo suficientemente grave, no solo para que el Ministerio del Interior, sino que también el Ministerio Público ha interpuesto queja y recurso de protección”, indicó Cordero.
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