Militares chilenos presos por crímenes en la dictadura pidieron que se libere a los soldados y suboficiales de rangos menores condenados

27 ex uniformados enviaron una carta en la que reconocieron violaciones a los derechos humanos pero pidieron “conmiseración” con quienes cumplieron órdenes de rangos superiores

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En el penal de Punta Peuco hay 134 internos condenados por crímenes de la última dictadura
En el penal de Punta Peuco hay 134 internos condenados por crímenes de la última dictadura

(Desde Santiago, Chile) 50 años y un día después del Golpe de Estado, un grupo de 27 internos del penal Punta Peuco, todos condenados por diversos crímenes en dictadura, firmaron una carta que leyó el diputado Gonzalo de la Carrera en el Congreso y en la que reconocen haber cometido violaciones a los derechos humanos. Siempre, eso sí, cumpliendo órdenes superiores.

“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”, dice la carta.

Los firmantes agregaron que, asumida dicha realidad, “expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando -nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles- hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente”.

En el texto, los soldados presos en Punta Peuco, afirman que “hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. A partir de ello, venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos como consecuencia del pávido silencio de aquellos que investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”.

En el párrafo siguiente develan razón de la misiva: “En este acto solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos. A la sociedad civil le pedimos el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia “justa” para nuestros subalternos”.

La carta está firmada por 27 de los 134 reos que se encuentran en el penal. Del total, 76 eran oficiales y 58 suboficiales, soldados, conscriptos y otros civiles.

Entre los nombres de quienes firman la misiva aparecen Arturo Silva, condenado por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez; José Zara, uno de los responsables del asesinato de Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército y ministro del Interior del gobierno de Salvador Allende. Y también Carlos Herrera Jiménez, otro de los responsables del asesinato de Tucapel Jiménez, aunque él ya ha pedido perdón en varias ocasiones.

Qué dice el gobierno

Luis Cordero, ministro de Justicia, reaccionó ante la publicación de la carta, de la que destacó que reconocieran violaciones los derechos humanos algunos que antes las habían negado. “Me parece relevante de esa carta que deja en evidencia que hay personas que disponen de la información y yo creo que con la misma iniciativa sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están”, agregó el ministro, en referencia al paradero de los más de mil detenidos que permanecen en calidad de desaparecidos.

Eso sí, Cordero descartó que el gobierno esté evaluando conceder beneficios a los presos de Punta Peuco.

Luis Cordero, ministro de Justicia, descartó que el gobierno chileno esté evaluando algún tipo de beneficio para los presos por violaciones a los DD.HH.
Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Luis Cordero, ministro de Justicia, descartó que el gobierno chileno esté evaluando algún tipo de beneficio para los presos por violaciones a los DD.HH. Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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