El Congreso de El Salvador, controlado por Nayib Bukele, extendió este martes por 30 días más el régimen de excepción que restringe los derechos constitucionales para combatir a las pandillas, una medida que se aplica desde hace más de un año y medio y que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó la solicitud al Parlamento argumentando que aún existe la amenaza de una posible reagrupación de los grupos criminales, que según el Gobierno son responsables de la mayoría de los homicidios y extorsiones en el país centroamericano.
La iniciativa fue aprobada con 67 votos a favor de los 84 diputados, sin debate previo ni análisis de los resultados obtenidos con la medida, que ha permitido al Gobierno de Bukele realizar miles de detenciones y allanamientos sin orden judicial.
“Si bien se está ganando, decididamente, la guerra contra las pandillas, existen miembros que aún no han sido capturados y persisten en el actuar delictivo mediante la reiteración de ataques graves contra la vida de la población y de miembros de la corporación policial con evidencia de intención de agruparse”, se indica en el documento aprobado por el congreso salvadoreño.
Además, se señala que “la prórroga es necesaria porque se continúa con la intervención de territorios, a través de los cercos de seguridad como un mecanismo efectivo para contrarrestar la movilidad de los miembros de grupos terroristas hacia zonas rurales del país, lo que permite seguir con la localización y captura de sus lideres fundadores”.
“Dichas capturas reflejan la persistente amenaza de una posible reagrupación de estas estructuras criminales”, agrega.
La nueva extensión del régimen de excepción entrará en vigencia este miércoles y se prolongará hasta el 13 de octubre.
Según cifras oficiales, desde marzo de 2022 se han detenido a más de 72.600 personas bajo esta medida, que también suspende el derecho a la defensa administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Sin embargo, organizaciones humanitarias han denunciado que muchas de esas detenciones son arbitrarias y violan los derechos humanos de los capturados, que en su mayoría son jóvenes pobres que viven en zonas marginales.
La organización Tutela Legal ‘María Julia Hernández’ afirmó este martes que “más de 20.000 inocentes detenidos ya cuentan con su carta de liberación, pero siguen sin ser liberados y entregados a sus familias”.
El Gobierno ha defendido el régimen de excepción como una herramienta eficaz para reducir los índices de violencia en El Salvador, que en agosto registró una tasa de 3,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja desde el fin de la guerra civil en 1992.
El decreto justifica la prórroga en virtud de “ataques armados” que el pasado 30 de julio dejaron dos policías heridos, lo cual motivó a Bukele a ordenar un cerco con 8.000 militares y policías en todo el departamento de Cabañas desde el 1 de agosto.
La diputada del partido opositor Vamos, Claudia Ortiz, lamentó que “los inocentes detenidos no tienen derecho a la defensa porque es una de las garantías suspendidas”.
“Todos sabemos que cualquier persona inocente que no tiene vínculos con estructuras de crimen organizado puede caer en el mal llamado margen de error”, que se produce en las detenciones, destacó Ortiz.
(Con información de EFE y AFP)
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