El Interamerican Institute for Democracy organizó el foro “Trata de personas por la dictadura de Cuba. Esclavismo en el siglo XXI”

El Interamerican Institute for Democracy (IID) organizó, este miércoles, el foro “Trata de personas por la dictadura de Cuba. Esclavismo en el siglo XXI”. El evento inició a las 18:00 horas de Miami (22:00 GMT) en la sede del IID, ubicada en 2100 Coral Way. Ste:500. 33145. Miami, Florida.

La ONG Prisoners Defenders y Diario Las Américas, junto al mencionado Interamerican Institute for Democracy, invitaron a participar del foro, por el canal de YouTube del IDD.

La bienvenida estuvo a cargo de Tomás Regalado y el keynote speaker -desde España- fue Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Moderó Francisco Endara.

Regalado comenzó señalando que aunque “Fidel Castro no creó el trabajo esclavo” sí encabezó una fuerte persecución contra los presos políticos y las minorías, que ya data de aquella época.

Larrondo tomó la palabra a continuación y alertó, en ese sentido, que “la esclavitud es un crimen de lesa humanidad” que se produce a “escala masiva”. En Cuba, por ejemplo, estas maniobras representan el 50% de la balanza económica del país.

El Presidente de Prisioners Defenders señaló que, en el caso de Cuba, la esclavitud suele traducirse en las misiones al exterior, donde se toma el ius utendi -atributo de propiedad- y se dan graves violaciones de derechos humanos con amenazas hacia los sometidos que advirtieron que, por ejemplo, si se negaban a los trabajos que se les ordenaba, tendrían graves consecuencias que incluyen hasta la prisión.

“50.000 o 100.000 personas enviadas al extranjero, sin derechos, como animales, separados de su familia y castigados terriblemente, sin ninguna remuneración decente ni nada por el estilo, y bajo gran maltrato: violaciones, malos tratos, amenazas. Y todo ese dinero para este estado esclavista que dice que es socialista pero ejerce el capitalismo”, concluyó el experto y remarcó que el régimen de Miguel Díaz-Canel dista completamente de la defensa de los derechos laborales.

Tomó la palabra a continuación el doctor en historia y relaciones internacionales, Juan Antonio Blanco Gil, quien dijo que “este es un momento muy crítico” en el que “todas las organizaciones del exilio, de distinta naturaleza, deberíamos unirnos y concentrar nuestra acción hasta el inicio del G77, presidido por Díaz-Canel”.

“Cuba es una isla esclava”, agregó sobre la estructura y organización del país controlada por la oligarquía, cuyos negocios buscan “monetizar el envío de personas” al exterior, por ejemplo, a Ucrania, donde ya se han detectado cubanos.

“Sabemos que hay acuerdos militares con Rusia y Bielorrusia. Sabemos que hay fuerzas militares cubanas en Bielorrusia desde hace meses. Han aparecido cubanos que dicen haber sido reclutados para ir a Ucrania de forma ‘voluntaria’ con una serie de pagos”, enfatizó el analista. “Esta es una historia que merece seguimiento (...) y tenemos poco tiempo antes de la denuncia que se puede presentar en el G77″, insistió.

Eva Sara Landau, presidente de la ONG Global Human Rights League, expuso a su término y habló de los médicos disidentes cubanos en Bolivia, donde son forzados a trabajar por un salario ridículo y del cual el régimen se queda con el 80 por ciento. “Es una violación horrible a los derechos fundamentales”, sentenció.

Reconoció, sin embargo, que muchas veces esta es la única alternativa de muchos que viven inmersos en las agudas crisis que llevan años sin resolverse. “Más del 80% de los que llegan a las brigadas médicas cubanas no son médicos profesionales”, puntualizó.

Gracias a su trabajo en la organización, Landau pudo hablar con muchos de estos cubanos que lograron escapar de las misiones en Bolivia y conoció que, años atrás, existía una clínica que funcionaba como centro de detención para los forzados a trabajar, donde “no se les permitía salir sin custodia y bajo los planes programados del régimen y prácticamente estaban encarcelados”.

Ricardo Israel, director del Interamerican Institute for Democracy, le siguió y enfatizó que “desde el punto de vista de los derechos humanos, el tema de los médicos cubanos es tan grave como puede ser el de los niños ucranianos trasladados a Rusia y por lo que se ha dictado una orden de detención para el presidente Vladimir Putin”. Sin embargo, resaltó el silencio de la comunidad internacional y su complicidad que llevan a que no se hable en la misma medida de estas violaciones.

“Cuba goza hoy día de una muy injusta impunidad”, lamentó sobre los abusos del régimen sobre sus ciudadanos que violan todas las normas que rigen el trabajo. Agregó que la ONG Human Rights Watch contabilizó que ya son 400.000 los enviados a 164 países desde la primera misión sanitaria, en las que ya se daban estas prácticas ilegales.

El Foro siguió con las palabras del licenciado Fabián Calle. En su caso, puntualizó entre los aliados del régimen a Brasil, a quien llamó “un gran cómplice del paraguas político-diplomático en Cuba” durante varios años -principalmente en los períodos del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder- y a donde llegaron más de 8.000 médicos cubanos en el primer tramo del siglo XXI , lo que constituyó “la principal fuente de ingresos” para el régimen en esta materia.

Así, Brasil representó durante años el 7% del PIB de Cuba, con envíos anuales de USD 5.000 millones.

Con estos antecedentes y sumada la vuelta de Lula da Silva al país, el experto advirtió de una reactivación de estos mecanismos que, a su vez, “esconde un aparato de inteligencia formidable”.

Esta última idea fue retomada por Iliana Lavastida, directora del diario Las Américas, quien sostuvo que, en el caso de Cuba, la trata de personas “es utilizada para diseminar por el mundo agentes de inteligencia o influencia”.

En estas misiones internacionales, dijo, se han enviado profesionales de todo tipo “para obtener dividendos (...) y diseminar agentes de inteligencia e influencia ideológica que, para los propósitos de un régimen totalitario, constituye un recurso necesario y valioso”. En ese sentido, Cuba, por ejemplo, juega un rol clave en el aparato de la desinformación en cuestiones como la guerra en Ucrania lanzada por su aliada Rusia.

Carlos Sánchez Berzaín encabezó las conclusiones y enfatizó sobre “la gravedad” de los hechos expuestos, con una dictadura “que es dueña de (la) vida (de estos cubanos), de su futuro, familia, y que los administra como esclavos”. Esto, configura una serie de delitos que se basan en mecanismos “criminales” con los que “se somete y se mantiene en la condición de siervos a los cubanos” y que no dan lugar “a que la víctima se defienda”. “Un estado completo de indefensión que consolida este proceso de esclavitud en el siglo XXI”, agregó.

Señaló, además, que esto se está expandiendo cada vez más, llegando a países como Argentina, México y Venezuela, y abarcando nuevas áreas como militar, artístico y de seguridad, entre otras, gracias al apoyo de Gobiernos y líderes democráticos de todo el mundo que encubren y son cómplices -mediante su participación o, incluso, con silencio-.

¿Por qué el mundo está tolerando que las democracias, sin que sus países lo sepan, paguen por delinquir y le den dinero a la dictadura más antigua de las Américas para sostener su sistema de crimen organizado transnacional?, reflexionó antes de concluir.

Prisoners Defenders denunció la trata de personas en Cuba en varios de sus informes, donde también enfatizó en la crítica situación que atraviesan los presos políticos y sus familiares en la isla. Por ejemplo, a fines del año pasado la organización señaló a Italia, Qatar y México como coautores de la trata de personas y la esclavitud de los médicos cubanos.

Indicó que “la posición activa de los gobiernos de la Región de Calabria (Italia), Qatar y México en la contratación al gobierno de Cuba de contingentes profesionales de salud en condiciones de esclavitud avala la acusación formal a estos gobiernos en Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional por trata de personas, esclavitud, persecución y otros actos inhumanos, crímenes de lesa humanidad tipificados por el Estatuto de Roma en su artículo 7″.

La ONG manifestó que remitió a Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional una ampliación de la denuncia, ya admitida a estudio en la Corte Penal Internacional, desarrollando “la participación de estos tres países en el esquema de esclavitud que ya ha sido denunciado extensamente por Prisoners Defenders ante estos y otros organismos, muchos de los cuales han adoptado esta denuncia y condenado los hechos”.

Y siguió: “Las condiciones legales y contractuales que viven los profesionales de la salud cubanos en el extranjero violan todas las normas internacionales del trabajo y someten a los profesionales a leyes que explícitamente ultrajan la condición humana hasta los límites medievales en cuanto a servidumbre y trata de seres humanos”.

“Los contratos de Cuba con estos médicos sostienen, además, el sometimiento de los trabajadores a la Ley de Cuba en territorio de estos tres países, lo que dinamita toda la legislación internacional y la de estos tres estados”, subrayó Prisoners Defenders.

El informe mencionó que, entre las leyes de Cuba que regulan estos contingentes médicos, destacan el Código Penal de Cuba, la Ley Resolución 368 de 2020 del MINCEX y la Ley 1312 de Migración.

El Código Penal de Cuba indica, en su artículo 176: “1. El (…) empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero que la abandone, o, cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente, a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años. 2. En igual sanción incurre el (…) empleado que, en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contra la orden expresa del Gobierno, se traslade a otro país”.

En tanto, la Ley Resolución 368 de 2020 del MINCEX, señala como “deberes”: “Regresar a Cuba al concluir sus servicios en el exterior; e informar al jefe inmediato superior de sus relaciones sentimentales con nacionales o extranjeros, residentes o no en el país donde presta cooperación y, en su caso, su intención de contraer matrimonio en el país donde presta servicios”.

Respecto a las “Infracciones gravemente sancionadas”, esta ley enumera: “Participar en actos públicos de carácter social sin la debida autorización; emitir criterios o valoraciones en redes sociales (…) sin que haya recibido instrucciones y autorizaciones previas al respecto; sostener relaciones de amistad o vínculos de otro tipo con personas que asuman posiciones hostiles o contrarias a los principios y valores de la sociedad y la revolución cubana, sean nacionales, extranjeros o cubanos residentes o no en el país donde presta el servicio; y conducir medios de transporte sin estar autorizados para ello (por Cuba); tengan o no carnet de conducir compatible en el país de destino”.