Quién es Blanca Stalling, la jueza de Guatemala que estuvo arrestada por corrupción y ahora lidera su venganza desde la Corte Suprema

Guatemala sigue sin encontrar la tranquilidad tras el triunfo del progresista Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales. A los nuevos intentos de proscribir al Movimiento Semilla, partido del presidente electo, se sumaron en los últimos días la suspensión del partido en el Congreso y la persecución política a una abogada que litigó contra los mismos funcionarios que hoy se atrincheran para dificultar la transición política en el país centroamericano.

Al centro de todo vuelve a estar el Ministerio Público (MP) que dirige la fiscal general Consuelo Porras, a quien el Departamento de Estado en Washington ha calificado como funcionaria corrupta y antidemocrática. Porras y su operador más leal, el fiscal Rafael Curruchiche, también señalado por la administración Biden en Estados Unidos, están a la cabeza de los intentos por criminalizar a Semilla y, esta vez, a la abogada Claudia González, quien desde principios de la década pasada investigó casos de alto impacto contra narcotraficantes y políticos corruptos y desde 2021 defiende en los tribunales a exjueces y exfiscales perseguidos y exiliados por Porras y el actual presidente, Alejandro Giammattei.

Y en el centro del caso contra la abogada González está Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, cuya historia es un reflejo fiel de los vaivenes de la justicia de Guatemala en los últimos años, marcada desde 2007 por la llegada de una comisión internacional contra la impunidad, conocida como CICIG, la cual ayudó al Ministerio Público de entonces a llevar adelante casos inéditos en casos de cuello blanco, de justicia transicional y contra complejas estructuras de corrupción política.

A Blanca Stalling la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI), la investigó en 2017 por intentar utilizar su cargo para influir en un proceso judicial por corrupción en el que estaba implicado su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, acusado de recibir comisiones ilegales en un esquema de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Stalling fue arrestada el 8 de febrero de 2017 y enviada a prisión preventiva un día después. La mujer salió libre en agosto de 2018 luego de negociar a puerta cerrada con una jueza suplente. Finalmente, en 2022, un juez que había sido investigado por prevaricato cerró el caso.

A la CICIG la expulsó de país el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) luego de que la comisión y la FECI lo investigaron también a él por financiamiento electoral ilícito y por negligencia en el caso de 42 niñas que murieron calcinadas en un hogar público de acogida. Giammattei, sucesor de Morales en la presidencia, se alió con Consuelo Porras, la fiscal general, para enterrar investigaciones por sobornos y corrupción que lo implicaban y recrudeció la persecución política contra investigadores y fiscales. Otro de los casos revertidos tras la salida de CICIG fue el de la magistrada Stalling.

En el caso inicial contra Stalling había sido fundamental el trabajo de Claudia González, quien era investigadora de CICIG cuando la jueza fue arrestada, en 2017. En 2022, cuando el precario saneamiento del judicial se había revertido en parte por la persecución del MP y en parte por las acciones del presidente Giammattei, la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución de la magistrada Stalling.

El Supremo guatemalteco no dudó en reivindicar a Stalling a pesar de que un año antes el Departamento de Estado en Washington la había incluido en la llamada Lista Engel, un mecanismo anticorrupción que obliga a la diplomacia estadounidense a informar al Congreso federal sobre funcionarios que hayan cometido actos de corrupción o de alguna manera hayan socavado las instituciones democráticas en Centroamérica. De Stalling el Departamento de Estado dijo que “se involucró en actos significativos de corrupción al participar en esquemas de sobornos e influir de forma inapropiada en el órgano judicial”.

El pasado 28 de agosto, el MP de Porras, tomando como base una denuncia de Stalling contra Claudia González, arrestó a la abogada y la acusó de haber cometido abuso de autoridad cuando investigó a la magistrada. Cuando era trasladada a los tribunales en Ciudad de Guatemala, González habló de lo absurdo de la acusación; el abuso de autoridad, dijo, es aplicable a quienes son o han sido funcionarios públicos y ella, como investigadora de la CICIG, nunca lo fue.

La razón del arresto de González puede encontrarse en otro lado y estar relacionado con la venganza del pacto político que gobierna Guatemala, en el que participan funcionarias como la fiscal Porras y la magistrada Stalling, y con los intentos de ese pacto, a través de la fiscalía, de dificultar la transición política en Guatemala.

De lo primero, la venganza, está seguro Juan Francisco Sandoval, el exjefe de FECI que, junto a González, investigó y litigó casos como el de la magistrada Stalling. “La detención de Claudia González efectivamente constituye la continuidad y la alzada de la persecución en nuestra contra, la continuación de la venganza contra quienes desnudamos la gran corrupción”, dijo Sandoval a Infobae. El exfiscal, exiliado en Washington, DC, sabe de lo que habla: los agentes del MP de Porras y de la policía guatemalteca allanaron la casa de sus padres el mismo día que arrestaron a González, quien también es su abogada.

Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, se unió a las voces de condena por el arresto de González, al igual que Luis Almagro, secretario general de la OEA. “Acciones como esta hacen perder credibilidad en la justicia y en su funcionamiento”, dijo Almagro en un comunicado.

De lo segundo, el arresto de la abogada en el marco de la rocosa transición política que ha iniciado a trompicones tras el triunfo del progresista Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla en las urnas, también habla el exfiscal Sandoval.

La fiscal Porras, dice Sandoval, está cada vez más sola desde el triunfo de la oposición en las urnas. A la fiscal la han empezado a abandonar incluso quienes otrora la apoyaban de forma incondicional, como la corte de constitucionalidad, que recién le denegó un amparo contra periodistas a los que la fiscal general acusó de acosarla en redes sociales; o incluso algunos representantes moderados del sector privado que han pedido su renuncia. El arresto de Claudia González, cree el exjefe de FECI, fue una forma en que el MP de Porras intentó “mostrar músculo” en medio de su creciente soledad.

La madrugada del 26 de junio pasado, cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta electoral celebrada la jornada anterior en Guatemala, la sorpresa era mayúscula. Bernardo Arévalo y Semilla, que no aparecían en encuesta alguna, se habían colado en segunda vuelta. Muy pronto los sondeos empezaron a anticipar que la victoria de la oposición en el balotaje programado para el 20 de agosto era inminente. Y muy pronto, también, el MP de Porras y sus aliados emprendieron acciones para entorpecer la elección, primero la segunda vuelta y luego la libertad de algunos miembros del partido ganador.

De la mano del fiscal Rafael Curruchiche, el MP abrió una investigación penal a Semilla y varios de sus miembros por un supuesto caso de falsificación de firmas en las actas de conformación del partido. También envió Curruchiche a Cinthia Monterroso, una de sus fiscales, allanar las instalaciones de Semilla en la capital guatemalteca. Y también ha criminalizado la fiscalía de Porras a digitadores contratados por el tribunal electoral a los que acusa de cometer fraude.

La embestida siguió después de la segunda vuelta y a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral ya dio por ganadores definitivos a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, la vicepresidenta electa. Las nuevas acciones han incluido un intento de criminalizar al diputado Samuel Pérez, uno de los más visibles de Semilla, a quien la Fundación contra el Terrorismo (FCT) ha pedido retirar el fuero. La FCT, dirigida por un operador político de ultraderecha a quien la CICIG investigó por supuesto tráfico de metanfetaminas, ha sido instrumental en la persecución a Semilla y a exinvestigadores como Juan Francisco Sandoval y la abogada Claudia González.

Ya son muy pocos los que dudan que todas estas persecuciones son intentos por socavar la democracia guatemalteca. El pasado 31 de agosto, la representación del gobierno del chileno Gabriel Boric en la OEA, en nombre de otro puñado de naciones, incluido Estados Unidos, pidió al secretario general de la organización que recuerde a Porras y al MP qué significa la separación de poderes en una democracia.

La representación chilena basa su solicitud en la preocupación por “persistentes informes sobre actos de intimidación contra miembros del Movimiento Semilla y sus familiares, que derivaron en la emisión de medidas cautelares de la CIDH el 24 de agosto de 2023, así como órdenes de aprehensión contra los exfiscales Juan Francisco Sandoval y Siomara Sosa, y la detención de Claudia González, defensora de derechos humanos, exrepresentante legal de la CICIG y procuradora de justicia criminalizados por trabajar contra la impunidad y la corrupción”.

También fue tajante Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de la administración Biden. Entre las fuerzas que en Guatemala se niegan a aceptar los resultados electorales y se empeñan por trabar la transición democrática están el Ministerio Público, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, dijo, con nombres y apellidos, en una entrevista televisiva el 31 de agosto.

No parece, por ahora, que la embestida de los fiscales guatemaltecos vaya a parar. A pesar de las condenas internacionales y de manifestaciones callejeras frente a sedes del MP en las principales ciudades del país son cada vez más estridentes, Consuelo Porras no parece resignada a renunciar.

Ya el presidente electo pidió a la fiscal general que renuncie, pero eso no depende de él. Consuelo Porras termina su mandato en 2026, cuando Arévalo vaya por la mitad de su mandato. Y, por lo visto en los últimos meses y en las últimas horas, la capacidad de la fiscalía guatemalteca para perseguir a quienes alguna vez investigaron a los aliados políticos o quienes han abogado por la salida del pacto gobernante está intacta. El caso de la abogada Claudia González y su acusadora particular, la magistrada Blanca Stalling, son la prueba más reciente de ello.

La detención de la abogada González fue ordenada, a petición del MP de Porras basada en la denuncia de la magistrada Stalling, por el juez Jimmi Bremer, también señalado por su complicidad con el pacto gobernante en Guatemala. En el contexto electoral, Bremer abrió un expediente judicial a un candidato de centro derecha que no comulgaba con Giammattei y sus aliados y ordenó investigar a nueve periodistas. Antes, el juez había favorecido con cartas de libertad a Mynor Moto, un colega acusado de participar un esquema para influir de forma ilegal en la elección de las altas cortes del país.

A poco de la captura, Bremer envió a Claudia González a Mariscal Zavala, la cárcel de máxima seguridad en la Ciudad de Guatemala. La mañana del 31 de agosto, en prisión, la abogada se enteró de que, ese día, su madre había muerto. En un inusual despliegue de compasión, la justicia guatemalteca concedió a González un permiso temporal para asistir al funeral. Después de unas horas, González volvió a Mariscal Zavala a esperar que su caso avance en tribunales. Mientras, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Blanca Stalling, a pesar de las protestas, siguen en el puesto, sin dar tregua.