La Fiscalía de Ecuador imputó cargos por el delito de terrorismo contra los sospechosos de haber instalado al menos cinco carros bomba y otros artefactos explosivos en varios lugares del país.
Los diez detenidos, entre ellos un colombiano, ingresaron en prisión provisional por orden judicial, según informó este viernes la Fiscalía en un comunicado, donde recordó que el código penal ecuatoriano contempla una pena de entre diez y trece años por terrorismo.
Por su presunta relación con el primer vehículo fueron arrestados cinco ecuatorianos y un colombiano, mientras que otras cuatro personas quedaron detenidas por su presunta relación con el segundo automóvil, entre ellas dos hombres y dos mujeres.
Entre los seis primeros hay tres que registran antecedentes y que fueron detenidos hace dos meses y luego nuevamente hace dos semanas, lo que ha levantado las quejas del Gobierno hacia los jueces por dejarlos dos veces en libertad.
Como indicios presentados por la Fiscalía contra los seis detenidos por el primer carro bomba figuran varios documentos como la secuencia de imágenes en los que aparecerían los procesados ejecutando actividades relacionadas a la explosión.
Para los procesados por el segundo carro bomba, también fueron presentadas por la Fiscalía una secuencia de imágenes tomadas de una cámara de seguridad del edificio donde se perpetró el atentado.
En el video quedaron captadas las imágenes de dos de los hoy procesados, quienes presuntamente dejaron la camioneta con explosivos, la misma que había sido reportada como robada el 25 de agosto.
Las detenciones de estas cuatro personas se realizaron en dos inmuebles del sur de Quito, donde un día antes del atentado el vehículo había permanecido estacionado en las afueras de uno de los domicilios intervenidos, según el informe del Ministerio Público.
El mismo informe señala que “ahí también estuvo parqueado un vehículo con características similares” a las del primer carro bomba.
Ambos vehículos contenían en su interior dos bombonas de gas, mecha lenta y aparentemente también tacos de dinamita, según lo reportado por la Policía.
En los dos casos fueron incendiados para hacer estallar los elementos explosivos de su interior frente a edificios vinculados con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el departamento estatal encargado del control y administración de las 35 prisiones de Ecuador.
Casi de manera simultánea hubo otros carros bomba en Machala y Pasaje, dos ciudades de El Oro, provincia de la costa sur de Ecuador fronteriza con Perú, mientras que uno más se registró en la noche del jueves en Cuenca.
Asimismo, en la misma noche del jueves fueron detenidos tres hombres por presuntamente detonar artefactos explosivos debajo de un puente de Archidona, ciudad de la amazónica provincia de Napo.
De acuerdo al reporte de la Policía, a estos tres hombres se les encontró en su poder 37 tacos de dinamita.
La intervención
El Gobierno atribuyó esta serie de carros bomba y explosiones a una respuesta a la intervención realizada el miércoles en la prisión de Latacunga para requisar armas y a una serie de traslados de presos que fueron cambiados de prisión.
La cárcel de Latacunga, en la andina provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de Quito, está presuntamente controlada por la banda criminal Los Lobos, cuyo cabecilla Luis Alfredo Arboleda alias “Gordo Luis”, capturado hace poco en Colombia, fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, según indicó una fuente oficiosa a la agencia de noticias EFE.
De acuerdo con las autoridades esta acción pudo haber desatado la serie de coches bomba y una sucesión de motines en otras cárceles presuntamente controladas también por Los Lobos donde retuvieron como rehenes a 50 guardias y 7 policías, que ya fueron todos liberados.
El operativo en Latacunga, que se saldó con 49 armas blancas y dos chalecos antibalas incautados, es parte de una serie de intervenciones que las fuerzas estatales están realizando en las prisiones de Ecuador para desarmar a las bandas criminales que tienen el control interno de las cárceles y detener la serie de masacres por enfrentamientos entre ellas, donde han sido asesinados más de 400 presos desde 2020.
(Con información de EFE)
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