La agenda ambiental de Lula está en crisis: el gobierno brasileño se juega su credibilidad verde ante el mundo

La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre el “Marco Temporal”, una ley que modifica el sistema de demarcación de las tierras indígenas del país promovida por el sector agroindustrial, se ha convertido en una historia interminable y, tras el voto favorable de ayer del juez André Mendonça, el debate se ha trasladado a hoy.

Empezando por un caso que afectaba a la tierra indígena Xokleng Ibirama Laklaño y al Estado de Santa Catarina la decisión del STF servirá de directriz para todos los procesos de demarcación de tierras indígenas en el país, decidiendo si la nueva ley del “Marco Temporal” votada por la Cámara de Diputados es o no inconstitucional. Si fuera aprobada también por el Senado, los pueblos indígenas que no puedan demostrar que vivían físicamente en sus tierras el 5 de octubre de 1988, día en que se promulgó la Constitución brasileña, dejarán de tener derechos sobre ellas. Con dos jueces a favor y dos en contra, el día de hoy podría ser decisivo, pero también podría acabar en un nuevo aplazamiento.

Considerada una decisión terrible para las comunidades indígenas y la protección de la tierra, el Marco Temporal no es la única prueba que desafía la identidad ecologista del gobierno de Lula. La siguiente es la exploración de la petrolera nacional Petrobras en el llamado Margen Ecuatorial, a 175 km de la desembocadura del río Amazonas, en plena Amazonia. Es un asunto que ha inflamado el debate medioambiental en Brasil durante meses con, por un lado, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, defendiendo ferozmente el veto del Ibama, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables y, por otro, Lula, que ha declarado repetidamente de forma ambigua que se necesita toda la delicadeza del caso pero que Petrobras no debe abandonar su sueño.

Y, efectivamente, la semana pasada la Abogacía General de la Unión (AGU) emitió un dictamen técnico que podría dar luz verde a la extracción de petróleo en la Amazonia. Según la AGU, la Evaluación Ambiental de Áreas Sedimentarias solicitada por el Ibama en mayo pasado no es indispensable y, por lo tanto, no puede ser utilizada para el proceso de veto. De hecho, el dictamen de la AGU representa ahora un golpe de teatro a favor de la autorización para Petrobras, incluso en contra de la opinión del Ibama. La AGU emitió su dictamen a petición del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, firme defensor del proyecto. Marina Silva, junto con el presidente del Ibama, Rodrigo Agostinho, comentaron duramente la noticia, diciendo que “no es posible una conciliación sobre una cuestión técnica, un acuerdo sobre una autorización medioambiental”.

Ayer mismo, la Comisión de Minas y Energía de la Cámara de Diputados debatió públicamente el asunto con Marina Silva. “La decisión de la explotación de petróleo no depende del Ministerio de Medio Ambiente, ni del Ibama, es una decisión del gobierno. Es una decisión que no está sólo en la cabeza del presidente Lula, por eso existe el Consejo Nacional de Política Energética”, dijo Marina Silva. “Es el sentido común que debe guiar el debate, no se puede tener una actitud negacionista. La ciencia lo está diciendo”, añadió la ministra, citando una serie de tragedias ambientales, como las inundaciones costeras en el estado de San Pablo en febrero pasado, causadas por la mala gestión política a pesar de las advertencias de la ciencia. El escritor y activista indígena Ailton Krenak afirmó en una entrevista al portal UOL que Marina Silva podría dimitir si no se resuelve el impasse.

El Margen Ecuatorial es una región marítima que se extiende desde Guyana hasta el estado de Río Grande del Norte, en Brasil. Sólo la Guayana Francesa no ha explorado aún petróleo en esta zona. En Guyana, la empresa estadounidense ExxonMobil ya ha descubierto 11.000 millones de barriles en ocho años, lo que representa el 75% de las reservas totales de petróleo de Brasil, que ascienden a 14.800 millones de barriles. En Surinam, el primer descubrimiento se produjo en 2020. En 3 años se demostró un potencial de extracción de 4.000 millones de barriles, cerca del 27% de las reservas de Brasil. El Ibama, sin embargo, advirtió de los posibles riesgos medioambientales y denegó la licencia por el posible impacto en las comunidades indígenas debido a los aviones que sobrevolarían la plataforma petrolífera y por el tiempo de respuesta y asistencia a la fauna afectada por el petróleo en caso de vertido. Pero sobre todo por la falta de estudios técnicos que la reciente decisión de la AGU dejó fuera de juego. Para Petrobras se trata de una exploración estratégica, ya que no existen otras reservas significativas en el país aparte del llamado presal, la franja que se extiende 800 kilómetros en el fondo marino entre los estados de Espírito Santo, Santa Catarina y Santos.

Precisamente el tema de las prospecciones petrolíferas había sido fuente de tensiones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Lula durante la cumbre de países amazónicos celebrada a principios de agosto. Lula no aceptó la propuesta de Petro de vetar las prospecciones petrolíferas en la Amazonia, mientras continúa el tira y afloja con Europa, que ha exigido a Brasil un mayor compromiso medioambiental como condición para firmar el acuerdo con el Mercosur. Sin embargo, las recientes acusaciones de “neocolonialismo verde” de Lula durante la reunión de los BRICS en Sudáfrica no le impidieron meter también a los chinos en Petrobras, complicando ahora aún más el escenario.

El lunes, el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, declaró que la China de Xi Jinping “será un socio decisivo para el regreso de la petrolera al escenario mundial”. Petrobras había sido la caja de pandora de la corrupción destapada por el pool de magistrados de la operación Lava Jato. Con Bolsonaro había recuperado beneficios y credibilidad mediante un programa de privatizaciones al que luego se opuso el actual gobierno. La Petrobras de Lula 3.0, en plena crisis económica china, acaba de firmar dos memorandos de entendimiento con los dos principales bancos estatales chinos, el China Development Bank (CDB) y el Bank of China. Según el comunicado oficial de Petrobras, el acuerdo de memorando de entendimiento tiene “como objetivo evaluar las oportunidades de inversión y cooperación en iniciativas de bajas emisiones de carbono y finanzas verdes, contribuir a la financiación de la cadena de suministro nacional de Petrobras y aumentar los intercambios comerciales y financieros entre Petrobras y las empresas chinas”.

En el comunicado no queda claro si la colaboración se llevará a cabo mediante préstamos que Petrobras recibirá de bancos chinos. Conviene recordar que, en caso de impago, la reestructuración de la deuda con el sistema financiero chino, totalmente regulado por el Estado, es muy difícil, como demuestra el estrangulamiento económico de países como Sri Lanka y Pakistán, por no hablar de muchos países africanos como Zambia. Además de la reticencia de Pekín a perdonar deudas y su extremo secretismo sobre cuánto dinero se presta y en qué condiciones, lo que a menudo ha impedido que otros grandes prestamistas intervengan para ayudar, se suma el reciente descubrimiento de que Pekín exige a los prestatarios que depositen dinero en cuentas de garantía bloqueadas ocultas que colocan a China a la cabeza de los acreedores a los que hay que pagar. Por lo tanto, Pekín tiene todo el interés en presionar sobre la explotación petrolífera de la Amazonia y obligará a la habitual ambigüedad estratégica de Lula a tener que elegir qué camino tomar. Si el camino del beneficio económico, con el riesgo de entregar la petrolera estatal a los chinos si las cosas van mal financieramente, o el camino de la protección del medio ambiente.

Otras señales indican que el ecologismo brasileño sigue siendo muy frágil en muchos aspectos. Más allá de los eslóganes políticos y las promesas grandilocuentes de alcanzar la deforestación cero, las reglas del juego siguen siendo las mismas. Por ejemplo, el gobierno brasileño aún no ha reglamentado partes esenciales del Código Forestal, una ley de 11 años de antigüedad que sigue presentando deficiencias en el control de la deforestación. La decisión de trasladar el Registro Medioambiental Rural del Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos para los ecologistas fue el golpe final. “Fue una absoluta irresponsabilidad. El Ministerio de Gestión no tiene capacidad administrativa para tratar este asunto, no tiene capacidad técnica, no tiene las condiciones mínimas para asumir esta responsabilidad”, afirmó Beto Mesquita, de la Coalición Clima, Bosques y Agricultura de Brasil.

Haber centrado toda la atención mediática sólo en la Amazonia ha tenido también un impacto devastador en otras joyas del medio ambiente brasileño, como el Pantanal, el mayor humedal del mundo, una inmensa llanura aluvial que Brasil comparte en la región de Mato Grosso también con sus vecinos Bolivia y Paraguay. El ayuntamiento de Cáceres, 100mil habitantes en el estado de Mato Grosso, que había incluido “la defensa de los derechos de la naturaleza” en la principal ley municipal, una decisión considerada histórica, hace unos diez días cambió de opinión bajo la presión del sector agroindustrial. Así, la posibilidad de que la ley protegiera las partes del territorio cuyo bioma se consideraba en peligro ha desaparecido. En 2020, según un estudio publicado ayer y realizado por el INPE, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, incendios devastadores quemaron más del 30% del Pantanal, unos 45.000 kilómetros cuadrados. Además, se ha dado la paradoja de que carreteras anunciadas en el Gobierno de Jair Bolsonaro como “obras para sacar al Pantanal del aislamiento” se han convertido en nuevas rutas del narcotráfico. El pasado mes de junio, la Operación Ardea de la Policía Federal brasileña destapó una red de narcotraficantes que incluso utilizaba aviones para transportar droga al Pantanal desde Bolivia.

Con la tierra más barata de Brasil y sin una legislación específica que frene la destrucción, el Pantanal está atrayendo a un nuevo tipo de inversores que están desplazando a los habitantes originales de la región acelerando la deforestación. Los nuevos “propietarios”, por lo general nuevos ricos, están comprando las fincas históricas que mantuvieron intacto el bioma para priorizar ahora el beneficio sin control. En cuanto al Cerrado, la sabana brasileña y el segundo bioma más grande de América Latina, con una superficie de dos millones de kilómetros cuadrados, equivalente al territorio de México, lleva dos años registrando cifras récord de deforestación. De agosto de 2022 a julio de 2023 se destruyeron 6.300 kilómetros cuadrados, según datos del INPE, y el 75% de la deforestación se registró en los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. “El acuerdo Mercosur-UE hace hincapié en la sostenibilidad de la cadena de producción agrícola, pero sigue descuidando el Cerrado. Es necesario y beneficioso priorizarlo en las discusiones diplomáticas”, afirma el investigador del Inpe Michel Eustáquio Dantas Chaves, uno de los firmantes de una carta abierta publicada el 17 de julio en la revista científica Nature Sustainability que alerta de la emergencia ambiental que vive hoy Brasil en muchas de sus regiones.

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