La OEA criticó con dureza la suspensión del partido de Bernardo Arévalo tras su triunfo en el balotaje en Guatemala

(Washington, Estados Unidos) En Guatemala la ciudadanía se expresó de manera contundente cuando el 60,9% de los votantes apoyó la candidatura presidencial de Bernardo Arévalo. Sin embargo, el asedio judicial a su partido político persiste. Pese a que los resultados del balotaje fueron validados este lunes por el tribunal electoral, el Movimiento Semilla fue suspendido de manera temporal inmediatamente después de proclamada la victoria de Arévalo.

Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se trata de una violación de la ley, los principicios constitucionales y va en contra de lo que la ciudadanía votó.

Según se expresó a través de un comunicado, la decisión de suspender al Movimiento Semilla se toma “sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado”. Almagro aseguró que se trata de “una interpretación abusiva de la ley, en violación de los más elementales principios constitucionales que garantizan los derechos de los electores, pretende suspender de sus derechos luego de celebrada la elección en que contó con amplio apoyo popular al partido político del presidente electo”.

En el comunicado, la secretaría general de la OEA sostiene que la decisión “viola no sólo toda garantía de debido proceso, sino que vulnera también las normas internacionales que en materia de respeto a los derechos humanos garantizan la protección de elegidos y electores”.

El asedio al Movimiento Semilla comenzó luego de la primera vuelta, en la que Arévalo sorprendió quedando en el segundo lugar y logrando un lugar en el balotaje. En la previa a esa elección de junio al menos tres binomios presidenciales que, al igual que Arévalo, tenían un discurso anticorrupción y no eran vistos con buenos ojos habían sido inhabilitados.

Pero a Arévalo ninguna encuesta lo ubicaba con chances de ingresar al balotaje y por tanto el sistema no lo vetó. La noche de la primera vuelta todos los partidos aceptaron el resultado y prácticamente no hicieron observaciones a través de sus fiscales en las mesas de votación. Pero una semana después, nueve partidos que perdieron y no entraron en el balotaje hicieron denuncias de supuestos fraudes.

Fueron a la Justicia, que ordenó frenar la proclamación de los resultados y realizar revisión de los escrutinios. Una semana después, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que, tal como decían los observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea, no hubo fraude y se validaron los resultados.

En ese momento empezó el segundo asedio a Semilla. A través del Ministerio Público se inició una causa de supuesto fraude al inscribir al partido en el año 2016. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, está acusada de corrupción por Estados Unidos y tiene vedado el ingreso al país por obstruir investigaciones. Para el Departamento de Estado, la fiscal quiere “socavar” a la institución.

A través de uno de sus subalternos, el fiscal Rafael Curruchiche, llevó adelante un pedido para que se inhabilitara al Movimiento Semilla durante la campaña hacia el balotaje, cuando la ley electoral establece explícitamente que no se pueden dar de baja ni movimientos políticos ni candidatos durante un proceso electoral. Pero el juez Fredy Orellana dio luz verde a ese pedido y le solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendiera a Semilla. Tanto Curruchiche como Orellana también son considerados por Estados Unidos como funcionarios corruptos.

Sin embargo, el director de la oficina de Registro de Ciudadanos del TSE se negó a cumplir con esa orden de la Justicia porque la ley lo inhabilitaba a suspender a un partido durante el período electoral. Luego de esa decisión, la Fiscalía también empezó a indagar al director de esa oficina, por otro caso no relacionado con Semilla.

Sin embargo este lunes, luego de concluído el período electoral y el mismo día que el TSE proclamó a Arévalo, la oficina de Registro de Ciudadanos cumplió con la orden de suspender a Semilla.

El partido está en condiciones de apelar el fallo, que deberá ser resuelto por los magistrados del TSE.

La decisión de la suspensión no impide que Arévalo asuma el cargo en enero, pero es una nueva señal del asedio del sistema al candidato electo por el 60% de los votantes del pasado 20 de agosto.

Las próximas horas en Guatemala seguirán siendo intensas, dado que la Fiscalía de Porras avanzará en su asedio. Por un lado tiene 13 causas abiertas contra el TSE, por lo que el objetivo parece ser tratar de invalidar penalmente todo el proceso electoral.

Al mismo tiempo, UNE, el partido de Sandra Torres, que perdió en el balotaje con Arévalo, sigue sin reconocer los resultados. Este lunes, luego de la proclamación de los resultados, emitió un comunicado en el que señaló que “existe una lluvia de anomalías” en el proceso electoral, “tanto del orden constitucional como penal, que hacen ilegal e ilegítimo cualquier intento del TSE de dar a conocer resultados electorales en las actuales condiciones”.

Según algunos analistas políticos guatemaltecos, es posible ver en los próximos días que se siga poniendo sombra sobre el proceso electoral, que todos los observadores independientes nacionales e internacionales validaron.

“Lamentablemente, nos esperan semanas en las cuales el sistema que opera contra el proceso electoral buscará la manera de desaprobar y demostrar que el TSE no ha hecho un buen trabajo, y que el proceso electoral estuvo sujeto a manipulación y fraude, de ahí la importancia del trabajo del TSE de desmentir y confirmar sus resultados”, dijo Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos al medio local Prensa Libre.

El Movimiento Semilla no es el único que está bajo los ataques de la Fiscalía de Porras. En las últimas horas también fue detenida la abogada Claudia González, defensora del ex fiscal anticorrupción de Guatemala Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos.

A González se la acusa del delito de “abuso de autoridad” por acciones que implementó cuando trabajaba en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala para buscar la persecución penal de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Estados Unidos condenó esta detención. “Es inaceptable el ataque del Ministerio Público contra los defensores de la justicia”, escribió el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, en su cuenta de la plataforma X.

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