El debate sobre la despenalización de drogas se reaviva en Brasil antes de una esperada decisión del Tribunal Supremo

El debate sobre la despenalización del consumo personal de drogas blandas se ha avivado en Brasil en los últimos días después de que cinco jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) votaran a favor. Se trata de Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes y Rosa Weber. En cambio, el ex abogado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, votó en contra, suscitando la reacción del Partido de los Trabajadores (PT), que lo acusó de adoptar una posición conservadora. La petición de más tiempo para analizar el caso hecha por uno de los jueces, André Mendonça, suspendió por 90 días el juicio, pero no el debate en la sociedad.

El caso individual que el STF está discutiendo puede cambiar las reglas del juego del consumo de drogas blandas en Brasil. En concreto, el tribunal está estudiando un recurso presentado por la defensa del mecánico Francisco Benedito de Souza. El hombre cumplía condena por porte de arma en el Centro de Detención Provisional de Diadema, en San Pablo, pero fue condenado de nuevo tras encontrarse 3 gramos de marihuana en su celda. El caso pretende declarar inconstitucional el artículo 28 de la Ley 11.343/2006, la Ley de Drogas que criminaliza la compra, almacenamiento y transporte de drogas para consumo personal y prevé penas como el trabajo comunitario. El problema de esta ley es su ambigüedad, pues no define qué cantidad de droga caracteriza el consumo individual, dejando un vacío legislativo y el debate en curso en el STF gira en torno a cuáles criterios objetivos pueden utilizarse para distinguir a los consumidores de los traficantes de drogas.

Sin embargo, tras la discusión del STF, llaman la atención las propuestas de los jueces que serían cantidades para uso personal, que van de 25 a 60 gramos. Basta decir que en Europa algunos países, como Italia, permiten el consumo para uso personal de hasta 5 gramos de marihuana. Uno de los jueces que votó a favor de la despenalización, el decano del STF Gilmar Mendes, ha cambiado de opinión desde 2015, cuando comenzó a argumentar el caso. En aquella ocasión, Mendes había votado a favor de la despenalización para uso personal de cualquier tipo de droga. “Es bien sabido que las drogas causan daños físicos y sociales a quienes las consumen. Sin embargo, atribuir un tratamiento penal al consumo de drogas es una medida que parece ofender de forma desproporcionada el derecho a la intimidad y a la autodeterminación’', dijo entonces.

Este mes el New York Times denunció el fracaso de las políticas de despenalización de las drogas en el estado de Oregon, implementadas por la Medida 110 o Ley de Tratamiento y Recuperación de las Drogas, aprobada en 2020. La ley, única en Estados Unidos, eliminó las sanciones penales por posesión de pequeñas cantidades de cualquier droga, incluidas la cocaína, la heroína y la metanfetamina. Oregon fue también uno de los primeros estados de EEUU en liberalizar la marihuana, un debate que más tarde abrió la puerta a la despenalización de todas las drogas para uso personal. Sin embargo, el balance es trágico. En los tres años transcurridos desde la entrada en vigor de la ley, el número de sobredosis anuales en el estado norteamericano aumentó un 61%, frente a un incremento del 13% a escala nacional, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El mes pasado, en un periodo de dos semanas, tres niños menores de cuatro años sufrieron una sobredosis en Portland tras ingerir fentanilo, el opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, que en 2022 fue responsable de dos tercios de las 107.000 muertes causadas por drogas sintéticas en Estados Unidos.

En una encuesta estatal no partidista realizada a principios de 2023, más del 60% de los encuestados culpó a la Medida 110 de aumentar la drogadicción, el número de personas que viven en la calle y la delincuencia. Una mayoría, incluida una mayoría de demócratas, se declaró a favor de restablecer las sanciones penales por posesión de drogas.

Oregon se inspiró en el modelo de la ciudad portuguesa de Oporto, pero sin evaluar las diferencias sustanciales de ambos sistemas. En Portugal, los consumidores sorprendidos en posesión de drogas son remitidos a una comisión civil que evalúa su consumo y recomienda tratamiento si es necesario, con sanciones civiles en caso de incumplimiento. El sistema sanitario estatal portugués también financia una red nacional de servicios de tratamiento. Por el contrario, los redactores de la Medida 110 han evitado cualquier tipo de coacción para someterse a tratamiento, convirtiendo el estado en un destino para drogadictos de todo Estados Unidos por la facilidad para conseguir drogas - los narcotraficantes aprovechan la despenalización para vender sin ser molestados - y la libertad para consumirlas sin tener ninguna obligación de tratamiento.

En este momento de fuerte debate público sobre la despenalización de las drogas, Brasil debería tener bien presente la lección de Oregon y aprender de los errores estadounidenses. De hecho, en el país latinoamericano no existe la hospitalización obligatoria de los drogadictos, aunque, como en el caso de los adictos al crack, los problemas psiquiátricos son a menudo un efecto secundario del consumo de drogas. Además, como reconocen muchos psiquiatras que trabajan en la sanidad pública brasileña, el Estado sigue siendo incapaz de abordar el problema de forma continuada; no hay camas para todos los pacientes que quieren desintoxicarse y sólo los ricos pueden permitirse las clínicas privadas.

Entre las razones del fracaso del proyecto de despenalización de las drogas en Oregon se encuentra la elevada difusión del fentanilo, a menudo mezclado con cocaína o marihuana. Ese opioide sintético también ultimamente está penetrando en Brasil, pero faltan herramientas y conocimientos para reconocerlo a gran escala. Las incautaciones han revelado que se mixtura con marihuana en mezclas denominadas genéricamente K9 o “drogas zombis” y en cuyo interior también se ha encontrado ketamina, un potente anestésico utilizado por los veterinarios para sedar a los caballos. La policía elevó la alerta recientemente al advertir de que las incautaciones se decuplicaron desde 2022. En el primer semestre de 2023 se incautaron 57 kg de K9, frente a los 11 kg de todo el año pasado.

Si se despenalizan las drogas blandas, los expertos se preguntan si Brasil será capaz de gestionar los riesgos que pueden derivarse y si no se arriesgará a un impulso aún mayor a la venta de drogas duras disfrazadas de marihuana. Entre los puntos clave del debate sobre los riesgos de la despenalización de las drogas está la dificultad que están encontrando las autoridades brasileñas para identificar las sustancias sintéticas, a menudo vinculadas a la marihuana. No reconocibles al ojo humano, requieren pruebas de laboratorio. Las llamadas “tiras reactivas de fentanilo”, pequeñas tiras de papel capaces de detectar la presencia de fentanilo en todo tipo de drogas, aún no han llegado a Brasil. La despenalización hasta 60 gramos limitará enormemente el trabajo puntual de la policía en la calle, que no podrá, por cada persona que dice consumir marihuana para uso personal, comprobar si en realidad se trata de un traficante que vende K9 o marihuana mezclada con fentanilo.

No es casualidad que, al decir no a la despenalización, el juez Cristiano Zanin explicara su voto al STF diciendo que “la simple despenalización de la posesión de drogas para el consumo, en mi opinión, presenta problemas legales y podría incluso empeorar la situación a la que nos enfrentamos en este problema de las drogas. La despenalización, incluso parcial, podría contribuir aún más al agravamiento de este problema sanitario”.

Pero, sobre todo, lo que complica la posible despenalización de las drogas es el papel cada vez más poderoso del principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), que hace tiempo está infiltrado incluso en las instituciones y que, sin duda, se aprovechará, como ya ha hecho con el aceite de cannabis autorizado en Brasil con fines medicinales. La semana pasada, la policía brasileña detuvo a dos criminales que utilizaban una ONG, la Asociación de Cannabis Medicinal de Brasil (Chemps), que vendía oficialmente aceite de cannabidiol para uso medicinal como tapadera para vender marihuana sin ningún tipo de control ni supervisión médica, a un alto precio en las redes sociales y a través de WhatsApp. La policía también encontró una plantación y un laboratorio de cannabis en el domicilio de uno de los detenidos.

Según un reciente estudio de la Universidad de Chicago, dirigido por Andrés Uribe y Benjamin Lessing, 79 millones de personas de 18 países latinoamericanos viven bajo el dominio de la delincuencia. En Brasil son 48 millones. Un ejército capaz de gestionar los flujos de la drogadicción, como es evidente en el centro de San Pablo, donde ninguna política pública desde hace meses es capaz de gestionar la emergencia de consumidores de crack trasladados por el crimen organizado de un lado a otro para favorecer una especulación inmobiliaria funcional al PCC y sus cómplices políticos.

Liberalizar la marihuana en semejante escenario corre el riesgo, según muchos expertos, no sólo de no resolver el problema de la droga sino de hacerlo estallar. Además, en los últimos meses, mientras se debate la despenalización de las drogas blandas, el Ministerio de Salud no ha realizado ninguna campaña de información pública sobre los riesgos de las drogas sintéticas, a menudo vinculadas a la marihuana, y la palabra fentanilo sigue siendo desconocida en Brasil, a pesar de que la sustancia está cada vez más extendida.

Es importante recordar que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con más de tres millones de adictos Brasil es el segundo mayor consumidor al mundo de cocaína e incluso de su subproducto, el crack, y representa cerca de una quinta parte de la demanda mundial, sólo superado por Estados Unidos.

Y que la situación sea muy grave lo demuestra también el reciente intento de la Universidad Federal de Minas Gerais de crear una vacuna contra el crack, Calixcoca, capaz de hacer que las personas no sientan los efectos de la cocaína. Calixcoca aún no se ha probado en humanos, pero miles de personas están en lista de espera para participar en el ensayo. Nadie ha desarrollado nunca una vacuna comercialmente viable para tratar la drogadicción. En Estados Unidos, esfuerzos similares han fracasado y la propia Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ha declarado que la aprobación de la vacuna dependerá de un “análisis de riesgos y beneficios”. La crítica más extendida entre los responsables de las políticas de drogas al proyecto Calixcoca es el posible cambio en el consumo de drogas: los drogadictos podrían simplemente pasar a utilizar otros estimulantes distintos de la cocaína, como el fentanilo, la metanfetamina o el MDMA, para simular los mismos efectos psicoactivos.

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